RB Capital Companhia de Securitização S.A., que provee soluciones para empresas en el mercado de capitales en Brasil y subsidiaria de RB Capital Securitizadora S.A., emitió Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), en una operación que se estructuró con los créditos originados por Raízen Energia S.A. por la emisión de Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F), y cuyo monto ascendió a BRL 969.691.000 (aprox. USD 304 millones al 10/5/2017).

La transacción se estructuró en dos partes, la correspondiente a la sexta serie de la primera emisión, constituida por 738.814 de CRI a BRL 1.000 cada uno (USD 313,9), para un total de BRL 738.814.000 (USD 231,9 millones), con una remuneración semestral de 96.000 % CDI y vencimiento en 2023. La segunda, correspondiente a la séptima serie de la primera emisión de 230.877 CRI  a BRL 1.000 cada uno para un total de BRL 230.877.000  (USD 72,5 millones), con una remuneración anual de 4,7258 % anual y vencimiento en 2024, de acuerdo con información publicada por la emisora.

En la operación, que se realizó el pasado 5 de mayo, Raízen Energia fue asistida por Stocche Forbes Advogados, mientras que BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J. Safra S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., que actuaron como suscriptores, estuvieron representados por TozziniFreire Advogados.

Fundada en 1998 y con sede en São Paulo, RB Capital Companhia de Securitização S.A. asesora en la adquisición de crédito inmobiliario, emisión de CRA, valores, gestión y administración de carteras de crédito y titulación, entre otras actividades relacionadas con el mercado de capitales.

Raízen, resultado de la fusión de líneas de negocios de Shell y Cosan, es una de las tres mayores distribuidoras de combustible en Brasil, principal fabricante de etanol de caña de azúcar  y el mayor exportador de caña de azúcar de ese país.

Asesores de Raízen Energia S.A.:

Stocche Forbes Advogados: Socio Marcos Ribeiro. Asociados Frederico Stacchini, Victor Manso, Otávio Cruz y Thais Bonassa.

Asesores de BB Banco de Investimento S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco J. Safra S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

TozziniFreire Advogados: Socios Alexei Bonamin y Kenneth Ferreira. Asociados Ana Claudia Pires, Lais Claudio y Lucas Fantin.

El grupo GMC llegó a un acuerdo con el Banco Financiero para reestructurar la deuda directa de sus promotoras GMC San Juan S.A.C., y GMC Loira S.A.C., generada a partir del desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda en la ciudad de Lima. El monto involucrado sumó PEN 12.5 millones (aprox. USD 4 millones al 10/5/2017), y la negociación fue sellada el 3 de mayo pasado.

Lazo, De Romaña & CMB Abogados, asesoró a Banco Financiero en la operación que consistió en la constitución de un fideicomiso para desarrollo inmobiliario y el otorgamiento de una línea de crédito para que las promotoras puedan culminar las obras de construcción de dos proyectos de vivienda. La firma que fungió de administradora del fideicomiso fue ACRES Sociedad Titulizadora.

Otro de los objetivos de la reestructuración de la línea de crédito es garantizar el repago de la deuda otorgada por el Banco Financiero y un grupo de bonistas privados que apalancaron la etapa inicial del plan de construcción, y que fueron asistidos financieramente por ADCAP Securities Sociedad Agente de Bolsa S.A.C. 

Lazo, De Romaña comentó a LexLatin que el objetivo de la operación es asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras, la entrega oportuna de las unidades inmobiliarias previamente vendidas y las que deban realizarse, producto de las nuevas ventas que se generen, así como trasladar el riesgo de crédito al proyecto en si y no a los desarrolladores o constructores.

GMC es un holding peruano dedicado al desarrollo de proyectos inmobiliarios, tanto residenciales como empresariales, cuya propiedad pertenece a inversionistas con experiencia en el sector residencial y retail.

Atiende proyectos desarrollados en Perú, y otros países de America Latina, Europa e India. El grupo constructor está conformado por las companías promotoras: GMC San Antonio, GMC Ricardo Palma, GMC Loira y GMC San Juan Ocean GMC, brazos ejecutores de las obras en proyecto, reseña la compañía en su página corporativa.

Asesores del Banco Financiero:

Abogados in-house: Hernan Huerta y Adriana Nuñez.

Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socio Bruno Gonzales. Asociada sénior Yesica Del Carpio.

Asesores de ACRES Sociedad Titulizadora:

Abogado in-house: Mariano Camere.

El pasado 25 de abril, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia del 11° Juzgado Civil que rechazó la demanda presentada por Productos Alimenticios Donuts Limitada, propietaria de la marca chilena Dominó Fuente de Soda, contra Domino’s IP Holder, LLC, dueña de la marca Domino’s Pizza y su franquiciada en Chile, Comercializadora Better Food Limitada.

En este caso, Productos Alimenticios Donuts Limitada estuvo representada por Cariola, Díez, Pérez-Cotapos y su afiliada Sargent & Krahn; y Domino’s IP Holder, LLC y Comercializadora Better Food Limitada fueron asistidos por Alessandri y Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados, respectivamente.

Alessandri explicó que la demanda por infracción de marcas se fundamentó en la Ley de Propiedad Industrial del año 1991, que amplió la protección territorial existente de marcas provinciales a una protección de marca nacional.

Dominó, una empresa familiar chilena fundada en 1952, alegaba que Domino’s Pizza solo autorizaba a Comercializadora Better Food Limitada a explotar la marca en las provincias de Antofagasta y Concepción, lo cual la limitaba para usar la marca a escala nacional dada la similitud con la marca en el área de restaurantes, a pesar de que habían convivido en el mercado durante 25 años. La estadounidense Domino’s Pizza, fundada en 1960, se estableció en Chile en 1991.

El caso se remonta a 2012, cuando -de acuerdo con Bofill Mir- Dominó interpuso una demanda de observancia de derecho de Propiedad Industrial, alegando que Domino’s Pizza y Better Food infringían los derechos de uso exclusivo y excluyente de la marca Dominó para distinguir restaurantes y fuentes de soda en todo el territorio nacional, a través del uso de la marca Domino’s Pizza.

Bofill Mir agregó que, en abril de 2016, el 11° Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda de la marca de fuentes de soda local al señalar que cada una de las marcas tenía características particulares, “no solo fonética y gráficamente, sino y en que lo que resulta trascendental, importantes referencias a entidades absolutamente distintas” y dejó la posibilidad de uso de la marca Domino’s Pizza en todo Chile. Dominó respondió recurriendo casación y apelando el fallo, acciones que fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones de Santiago.

“…la Corte de Apelaciones de Santiago certificó que contra la sentencia de segunda instancia de 6 de marzo de 2017 no se han interpuesto recursos, habiendo vencido el plazo para hacerlo, por lo que el juicio se halla concluido por sentencia firme y ejecutoriada”, explicó la firma.

 “Este caso marca un importante precedente para la interpretación de la extensión territorial de la protección marcaria, particularmente referida a la extensión de ésta, de una protección provincial a una que tiene aplicación en todo Chile desde la entrada en vigencia de ley 18.591, del año 1987, y replicada en la actual Ley de Propiedad Industrial 19.039 del año 1991, y cómo su única excepción relativa a los registros que sean idénticos o semejantes a otros registrados anteriormente en otras provincias, no podían extender su protección en infracción a dichas marcas, debe ser declarada judicialmente para que ese derecho resulte aplicable”, agregó Alessandri.

Asesores de Productos Alimenticios Donuts Limitada:

Sargent & Krahn: Socio Rodrigo Lavados.

Cariola, Diez, Perez-Cotapos: Socio Fernando Urrutia Bascuñán. Asociado Jorge Boldt Silva. 

Asesores de Domino’s IP Holder, LLC:

Abogado in-house: David Kurns.

Alessandri: Socios Rodrigo Velasco Alessandri y Raúl Montero López. Asociado Diego Morandé Montt.

Asesores de Comercializadora Better Food Limitada:

Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados: Socio Rodrigo Gil. Asociada sénior Carla Dittus. Asociada junior Manuela Cross.

Lex Mundi, asociación mundial de firmas de abogados independientes, eligió a Sebastián Iribarne, socio de Marval, O’Farrell & Mairal, como presidente de su Directorio, durante la Reunión Anual de la asociación celebrada en Praga el pasado abril.

La asociación está conformada por 21 mil abogados de más de 160 estudios basados en una centena de países de América Latina y el Caribe, América del Norte, Europa, Medio Oriente, África, Asia y el Pacífico.

Mediante un comunicado, la firma explicó que “los miembros de Lex Mundi son seleccionados sobre la base de su liderazgo en su jurisdicción, ya que solo puede haber un estudio por país y uno por estado en Estados Unidos, y, para mantener su membresía en la asociación, los estudios deben mantener su nivel de excelencia. Marval es miembro fundador de Lex Mundi y el estudio miembro representante de la Argentina”.

Esta es la segunda ocasión en la que un miembro de la firma argentina ocupa el cargo, y es la primera que un bufete no norteamericano repite en la presidencia de la asociación.

"Me honra haber sido elegido presidente de Lex Mundi. Espero aumentar la visibilidad de la asociación y las firmas que la integran, y demostrar su fuerza como una red sin precedentes de estudios de primera línea en todo el mundo, para manejar complejas transacciones internacionales y disputas de clientes multinacionales”, declaró Iribarne a raíz de su nombramiento.

Sebastián Iribarne pertenece al Directorio de Lex Mundi desde el año 2013. Es especialista en derecho bancario, financiero y societario, y asesora en asuntos relacionados con el financiamiento de bancos, fusiones y adquisiciones. Ha participado en varios procesos de privatización.

Posee vasta experiencia en el sector eléctrico y ha participado en algunas de las principales privatizaciones en los últimos años.

Ha participado en diversos seminarios sobre el marco legal del sector eléctrico, así como sobre fusiones y adquisiciones.

Se unió a Marval, O’Farrell en 1991, firma de la que es socio desde 1997. Previamente participó como miembro del “Programa Internacional de Abogados”, en Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP en Nueva York, durante los años 1995 y 1996.

Egresó como abogado de la Universidad Católica Argentina y cursó un LL.M. en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

La firma brasileña Lobo de Rizzo Advogados celebró su primera década renovando imagen y anunciando el nombramiento de un nuevo socio director, así como la promoción de tres nuevos socios.

Ana Paula Miguel y Rodrigo Roso pertenecen a las áreas corporativa y de fusiones y adquisiciones, mientras que María Carolina Bachur integra el equipo de la práctica tributaria.

La firma, que nació en 2007 liderada por nueve socios, 34 abogados, 15 alumni y 20 profesionales del área administrativa –ahora institucional-, con estos nombramientos elevó a 21 el número de socios. Actualmente cuenta con 80 abogados, 32 pasantes y 64 miembros del área institucional.

En un comunicado, Lobo de Rizzo explicó que “la oficina también ha duplicado su número de áreas de especialización. De las seis originales ahora tiene 12 áreas: ambiental, compliance, competencia y regulatoria, litigios, arbitrajes y solución de conflictos, energía, petróleo y gas, infraestructura y proyectos, financiera y bursátil, inmobiliaria, propiedad intelectual y derecho digital, corporativo, fusiones y adquisiciones, laboral e impuestos”.

Asimismo, en esta primera década “muchos clientes fueron añadidos, decenas de transacciones se han realizado y hemos formado gran cantidad de asociaciones”.

Para renovar su identidad Lobo & de Rizzo pasa a ser Lobo de Rizzo Advogados y estrena nuevo logo. El cambio fue de forma y de fondo, porque también estrena managing partner.

Nuevo socio director

Rodrigo Delboni Teixeira recibe el testigo de manos de Rodrigo Guerra, primer socio director de la firma, quien a su vez lo tomó de los fundadores José Orlando Lobo y Valdo de Rizzo, en 2014.

Posee sólida experiencia en las áreas corporativa, de mercado de capitales e inmobiliaria. Ha asesorado a clientes brasileños y multinacionales en fusiones y adquisiciones, joint ventures y reestructuraciones corporativas en los sectores educativo, agroindustrial, de logística, alimentación, agua, pulpa y papel, así como en las industrias de la auditoría y consultoría, automotriz y farmacéutica.

Teixeira ingresó a Lobo de Rizzo en 2007 como socio. Previamente fue asociado sénior en Linklaters LLP desde 2004, y asociado en Pinheiro Neto Advogados y en KPMG Brazil.

Egresó como abogado de la Universidade de São Paulo. Tiene un postgrado en Derecho Civil por la University of Rome Tor Vergata, y una especialización en Derecho Contractual, por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Tres promociones

Rodrigo Roso se especializa en derecho societario y tiene amplia experiencia en operaciones locales y transfronterizas, en estructuración de joint ventures, negociación de contratos comerciales y disputas corporativas. Ha representado a empresas brasileñas e internacionales de diversos sectores, así como a inversores extranjeros y fondos de inversión en fusiones y adquisiciones.

Ha participado en el sector energético, manejando la estructuración e implementación de algunos de los proyectos más importantes en nuevas instalaciones e infraestructura en Brasil. 

Roso fue el primer asociado de la firma en 2007, y anteriormente se desempeñó como abogado asociado en Villemor Amaral Advogados, desde 2003. Se graduó de la Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Ana Paula Miguel se ha especializado en las áreas societaria, de fusiones y adquisiciones, infraestructura y proyectos.

Egresada de la Universidade Presbiteriana Mackenzie, cursó un Postgrado en Derecho Empresarial por la Fundação Getúlio Vargas.

María Carolina Bachur ha enfocado su expertise en el área tributaria. Posee experiencia en litigios fiscales, judiciales y administrativos. En litigios fiscales ha representado a clientes en interdictos, acciones declarativas, recursos de anulación y ejecuciones fiscales.

Antes de unirse a Lobo de Rizzo en 2011 perteneció a Levy & Salomão Advogados desde 2008, y fue abogada de BMA - Barbosa Müssnich Aragão.

Se graduó de la Universidade de São Paulo, y cursó una Especialización en Derecho Tributario Internacional, en el Instituto Brasileiro de Direito Tributário.