A través de las urnas, además de elegir a Claudia Sheinbaum como la primera presidenta en la historia del país, México votó por la conformación de una Cámara de Diputados y Senadores de mayoría oficialista: Morena, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador —a reserva del cómputo de los escaños plurinominales, prevista en agosto, y la resolución de impugnaciones— ha alcanzado 248 curules en la Cámara Baja (más de la mitad de los disponibles en elección popular), y en la Cámara Alta 82, según datos dados a conocer la semana pasada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El panorama impulsa la especulación de la inversión y la volatilidad, pues las prioridades legislativas se concentran en una serie de reformas, incluso constitucionales, planteadas desde el llamado 'Plan C' del todavía presidente de México y que chocaron contra una fuerza opositora conformada en el Congreso. Entre ellas la reforma al Poder Judicial y a organismos autónomos, como el Instituto de Acceso a la Información Pública y el INE.
"Morena pueda enmendar la constitución por sí sola, esto puede resultar en menos controles y equilibrios. Pueden lograrlo tomando el control de la Corte Suprema (dos magistrados terminarán sus mandatos en los próximos meses) y eliminando o reduciendo sustancialmente la autonomía de organismos y reguladores independientes como el INE, el INAI y la comisión antimonopolio [la Comisión Federal de Competencia Económica, Cofece], por mencionar algunos. Por lo tanto, uno de los mayores riesgos es una mayor erosión de las instituciones democráticas y del Estado de derecho, junto con el poder abrumador del partido político en el poder", apunta Pablo Jiménez, socio de Von Wobeser, en comentario.
No dejes de leer: Agenda legislativa 2024: Las normas por aprobarse en México, Chile, Brasil, Argentina y Venezuela
Para Eduardo Pizarro Suárez, socio del despacho de abogados mexicano SMPS Legal, la preocupación por el resultado electoral viene dada por el fortalecimiento del presidencialismo, la incertidumbre sobre las nuevas reglas del juego y la eliminación de controles institucionales que pueden resultar en la aprobación de reformas constitucionales al Poder Judicial y en la desaparición de órganos autónomos. Advierte que esto podría comprometer dos elementos fundamentales para la inversión y el desarrollo de los negocios: el Estado de derecho y la certeza jurídica.
La reforma al Poder Judicial sería la primera en ser considerada, pues —de acuerdo con Sheinbaum— no solo fue parte de su programa de Gobierno sino también un mandato popular. Aunque el plan de la presidenta electa fue someter la iniciativa a consulta popular y abrir foros de discusión, el miércoles se espera una votación preliminar en la Cámara de Diputados para que Morena lleve a cabo una 'encuesta ciudadana', de tal manera que es probable que incluso se concrete antes de la asunción de Sheinbaum.
Esta reforma consiste en cambiar a jueces, magistrados y ministros para hacerlos elegibles mediante voto popular, además de eliminar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
Puede interesarte: La importancia de la Cofece ante los ataques del Gobierno
Competencia económica
Otro de los aspectos que genera inquietud en la iniciativa privada, como señala Iván Pérez Correa, socio de la práctica bancaria y financiera de SMPS, es el potencial debilitamiento no solo del Poder Judicial, sino también de ciertos organismos autónomos, en los que se inserta la Cofece.
Para Fernanda Garza, socia del mismo bufete, experta en el área de competencia económica, en cambio, aun cuando la posición de la nueva administración fuera idéntica y, asumiendo que se integrará el voto de la mayoría calificada del Congreso, necesario para realizar una reforma constitucional en materia de competencia económica, continuará habiendo un régimen de competencia sólido, operativo, técnico y profesional como el que se ha desarrollado en las últimas tres décadas.
“Esto implica que no solo los mecanismos para combatir las prácticas monopólicas continuarían siendo ejes rectores del sistema de competencia, sino también el régimen de control de concentraciones que aplica en el caso de fusiones y adquisiciones que requieran ser notificadas a la autoridad de competencia”, agrega.
Partiendo de esa premisa, resalta que una modificación a la estructura orgánica no debería afectar las operaciones de fusiones y adquisiciones que se sigan llevando a cabo, ni la manera de escrutinarlas desde la perspectiva de competencia económica.
Garza advierte que compromisos internacionales asumidos por México, como el T-MEC, exigen contar con un sistema de competencia económica sólido y que brinde certeza jurídica y, al igual que la cooperación internacional entre agencias de competencia, deben ser considerados por la nueva administración.
También puedes leer: Laboral, fiscal y litigios: Los cambios regulatorios que generan oportunidades para los negocios en México
Nearshoring, servicios y seguridad
En los últimos años, el nearshoring y la integración de México a las cadenas de suministro mundiales se ha convertido en una oportunidad de negocios para el país, pero invertir en esta tendencia exige sortear una serie de desafíos en materia de infraestructura, electricidad, gas y agua, de acuerdo con María Teresa Paillés, también socia de la firma, quien advierte que, de continuar el modelo de la actual administración, será más complejo y costoso para los inversionistas establecer operaciones en el país.
“En la medida en que el nuevo gobierno permita la construcción de infraestructura, así como la generación de electricidad (y esta sea sostenible), así como se enfoque en resolver el problema del agua y gas, ya sea directamente o través de proyectos de participación pública-privada, los inversionistas seguirán llegando por las oportunidades que el TMEC presenta para México y para dichas empresas”, comenta, al sumar el costo que tiene el problema de inseguridad que se vive en muchos lugares y que podría desincentivar esas inversiones.
Reforma laboral
Algunos de los puntos de la reforma laboral planteada por el gobierno de López Obrador quedaron pendientes en el Congreso. Abogados de esta práctica ven muy probable que en el próximo periodo ordinario se aprueben algunas propuestas, sobre todo aquellas que lograron avanzar y que fueron discutidas en una de las dos cámaras, como la conocida como Ley Silla, Violencia y Acoso en el Trabajo e Igualdad Salarial.
Leslie Palma, socia de la práctica laboral de Greenberg Traurig, no duda que todas las reformas sean necesarias, tomando en cuenta que son parte de una evolución en materia laboral, de una preocupación por la salud del ser humano y de una oportunidad de mejorar sustancialmente la calidad de vida, lo que implica mejorar e incrementar las condiciones laborales.
Sin embargo, señala que la preocupación de las empresas se centra en las reformas que tienen un impacto económico, en primer lugar, la reducción de la jornada, que implica reestructuras en la gestión y administración de empleados; el aumento en la prestación de aguinaldo y los cambios en el sistema de pensiones que, como se ha planteado hasta ahora, implican únicamente un aumento en la contribución del sector empresarial.
Mira también: Incentivos jurídicos y tributarios: La competencia por la inversión extranjera en México, Chile y Perú
Luis Fernando Serrallonga, socio de Chávez Vargas Minutti, comenta que si bien quedó pendiente una reforma mayor al sistema de pensiones, durante el sexenio se dieron modificaciones que resultan en beneficio de los trabajadores mexicanos, como la reducción a semanas cotizadas, opciones de elegir entre rentas vitalicias o retiros programados y, principalmente, el aumento de las aportaciones patronales y la modificación al monto de pensión garantizada, que se aumentó a 8.241 pesos en 2021.
El abogado no visualiza, al menos en el futuro inmediato, una reforma integral al sistema de pensiones, toda vez que la actual administración así como la presidenta electa están dando prioridad a otras reformas, como la del Instituto Nacional Electoral (INE) y la del Poder Judicial, esta última pudiendo ser relevante para la propuesta que más adelante se pretenda llevar a cabo al sistema de pensiones.
Más sobre el tema: La transición energética en México se estanca mientras avanza la reforma constitucional
Infraestructura y energía
Para Juan José López de Silanes, socio del área corporativa y de M&A de Basham, Ringe y Correa, no hay duda de que Sheinbaum dará continuidad a muchos proyectos de infraestructura y directrices que se plantearon en la administración saliente.
Destaca la continuación y conclusión de proyectos insignia como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas (Veracruz) y el Tren Interoceánico, así como impulsar el desarrollo de parques industriales y zonas económicas alrededor del Aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Interoceánico, la infraestructura del puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos y de infraestructura carretera.
Además, se propone la modernización de las seis refinerías con las que cuenta México, así como de las plantas hidroeléctricas y generar una transición para lograr la autosuficiencia eléctrica sustentable (fotovoltaica, eólica, microhidráulica, geotérmica, entre otras), a través de la construcción de nuevas plantas generadoras.
En materia de movilidad, se pretende impulsar a las principales ciudades de México con dotación de redes de transporte público más robustas, a través de transportes eléctricos como trolebús, metrobús y cablebús.
El mayor reto que observa Diego Ramiro, asociado del despacho en materia corporativa, es la determinación de los medios de selección de prestadores de servicios para la construcción de obra pública, toda vez que la actual administración ha delegado dicha tarea a la Secretaría de la Defensa Nacional, que principalmente ha asignado obras y contratos a través de adjudicación directa y por invitación a cuando menos tres personas.
"Lo anterior ha generado que las empresas que no han sido invitadas o no han obtenido la asignación de obra pública por adjudicación directa solo puedan participar a través de la realización de ciertas obras especializadas a dichas empresas que sí obtuvieron la asignación de dicha obra pública”, añade López de Silanes.
Te sugerimos leer: Una lectura del arbitraje latino e internacional a través de Claus von Wobeser
Litigios y arbitrajes
Pablo Enrique Reyes Reyes, socio de Ibarra, Del Paso y Gallego, señala que en cuanto al arbitraje comercial internacional, la administración de Sheinbaum deberá ser respetuosa del marco jurídico que regula la inversión extranjera para evitar incurrir en violaciones a tratados internacionales en la materia, como sucedió a lo largo del sexenio que termina.
Una muestra son las 18 controversias sometidas a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por empresas del sector energético, en algunas de ellas se demanda al Estado mexicano por actos realizados por el gobierno de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México (Espiritu Santo Holdings y L1bre Holding v México - ICSID Case No. ARB/20/13) por cancelación de concesión de movilidad del sector de autotransporte (taxímetros) y la aplicación móvil en Ciudad de México, y Doups Holdings LLC v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/22/24) por la cancelación de dos concesiones para colocar parquímetros en vía pública otorgadas en 2018 a Soluciones Pagomet.
“Así que no es una buena carta de presentación de la próxima presidenta ante la comunidad internacional de negocios que quiere invertir en México”, destaca.
En cuanto al arbitraje comercial local, señala que es previsible que se considere una alternativa más viable ante la incertidumbre que genera la reforma al Poder Judicial que proponen López Obrador y Sheinbaum.
En su opinión, algunos de los problemas que plantea esta iniciativa de reforma constitucional son, por un lado, la sumisión del poder judicial federal al poder político, así como la falta de certidumbre sobre el perfil de las personas que resulten electas para ocupar un cargo en la judicatura.
“El voto popular no provee aptitud profesional a las personas candidatas. De ahí que las empresas podrían recurrir de forma más frecuente al arbitraje comercial doméstico para resolver sus disputas”, comenta.
De los sectores en los que habrá mayor presión de litigios/arbitrajes, Reyes Reyes menciona energía (petróleo, renovables, minas y electricidad, esta última por el rol protagónico que se pretende dar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)), telecomunicaciones (por el temor a que se convierta al Instituto Federal de Telecomunicaciones en una agencia de gobierno, que se guíe por criterios políticos o de oportunidad y no por razones técnicas) y aquellos en donde se ha dado participación al Ejército para intervenir como administrador (puertos, obras de infraestructura, la construcción y operación de ferrocarriles y aeropuertos y la aviación, que —asegura— podrán representar afectaciones a la libre competencia y, por tanto, a los tratados de inversión.
Lee también: Los nuevos métodos de recaudación: ¿Qué temas impulsan las autoridades fiscales de Brasil, Chile y México?
Reformas en el área fiscal
Aunque la presidenta electa descarta una reforma en lo tributario en los primeros años de gobierno, hay algunos factores como el déficit fiscal que siguen preocupando a los inversionistas. La agenda, por ahora, se centrará en la tecnificación de las aduanas para minimizar la evasión fiscal, según ha adelantado Sheinbaum.
Alejandro Torres, socio y líder del área tributaria de Von Wobeser y Sierra, considera necesaria la supervisión por parte de las autoridades para evitar la entrada ilegal de mercancías y de productos subvaluados, pues se afecta a la industria nacional.
Otro punto que menciona son las demoras de hasta un año en la acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los regímenes preferenciales, por lo que recomienda hacer más eficiente el proceso -con sistemas de control tecnológico- y a las empresas les sugiere poner más atención al cumplimiento de los requisitos para conservar sus beneficios.
Advierte que habrá una fiscalización importante, ante lo que piensa que se presenta un área de oportunidad en torno al nearshoring, en el que los incentivos fiscales servirán como una captación importante de inversión. Pero, al igual que la socia de SMPS, refiere la duda que existe de si se tiene la infraestructura necesaria, tanto en electricidad como en agua, para favorecer esas inversiones y fortalecer la balanza comercial para aminorar el déficit fiscal.
}
Add new comment