Latinoamérica se mantiene en un constante desafío para cumplir el Acuerdo de París, el tratado internacional para neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero para mediados del siglo. Para esto, la región destina —desde 2023 y hasta 2030, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— hasta 2,8 billones de dólares, equivalentes al 4,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) anual, un monto muy por encima del 0,5 % registrado en 2020.

A partir de este 2024 el gran reto es que los países deberán informar, de manera transparente, las medidas que han adoptado y sus progresos para la mitigación del cambio climático.

¿Cuáles son los desafíos de Chile, Argentina y Colombia en materia de finanzas sostenibles? Los tres países destacan entre los que tienen mayores oportunidades para recibir fondeo para la transición energética, de acuerdo con la consultora McKinsey.

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Ejecutar el presupuesto: la tarea de Chile

Desde 2019, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda trabaja con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la generación de “información clara y certera” sobre el gasto público climático.

Según el PNUD, en 2021 el gasto público de Chile en programas vinculados al cambio climático no superó el 2 % del gasto total previsto en el presupuesto, mientras que las iniciativas de inversión del sector público alcanzaron el 14,3 % del gasto ejecutado. 

Para Manuel José Barros, socio de Carey y colíder del grupo de medio ambiente, mejorar esos indicadores pasa por incentivar el desarrollo de proyectos que permitan aumentar la resiliencia a los efectos climáticos con infraestructura hídrica y eléctrica, así como el desarrollo de tecnologías vinculadas. También menciona que se debe fomentar la inversión privada en proyectos sostenibles, mediante incentivos tributarios y otras políticas favorables.

Otras medidas recomendadas:

1. Establecimiento de procedimientos de autorización ambiental y sectorial, simplificados para proyectos críticos, como desalación de agua de mar, de generación y transmisión de energías renovables no convencionales o proyectos de embalse y almacenamiento de agua.
2. Fomento e incentivos tributarios a la inversión.
3. Inversión en materia de prevención y combate de incendios forestales. 

Julio Recordón, también socio de Carey y especialista en derecho ambiental, menciona la importancia del impulso de instrumentos financieros como los bonos soberanos verdes y los vinculados a la sostenibilidad, como un mecanismo para financiar la inversión privada sostenible en materia energética.

A estos suma mecanismos adicionales de compensación de emisiones del tipo "cap and trade”, con potencial de crear mercados de carbono, y el desarrollo de parques tecnológicos y clusters de innovación centrados en la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas para atraer inversiones y fomentar la colaboración entre empresas, universidades y el sector público, así como las taxonomías, que pueden resultar un elemento relevante para facilitar y agilizar el sistema de financiamiento verde en el país.

Precisamente, en agosto de 2023, el Ministerio de Hacienda lanzó el documento “Estructura de la Taxonomía de Actividades Económicas Medioambientalmente Sostenibles para Chile”, para identificar las actividades medioambientalmente sostenibles y fomentar la inversión en ellas.

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Tendencias 

Partiendo de la idea de que el sector privado es y ha sido clave para desarrollar nuevas tecnologías que aportan en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, Barros cita algunas tendencias positivas vistas en Chile:

• Inversión en energía renovable, así como en sistemas de almacenamiento asociados.
• Inversión e innovación en materia de hidrógeno verde.
• Uso de agua de mar en la industria minera.
• Entrada en vigor de las obligaciones de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, que conlleva gestionar o financiar sistemas de reciclaje y valorización de dicho tipo de residuos.

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Argentina y los mercados de carbono

Argentina tiene una normativa robusta vinculada con el cambio climático que, incluso, ha trascendido en diferentes administraciones, menciona Gabriel Alejandro Fortuna, asociado sénior del grupo de derecho ambiental de Marval O’Farrell Mairal.

El país ha ratificado todas las convenciones o tratados internacionales que tienen que ver con la lucha contra el cambio climático y durante la administración de Alberto Fernández aprobó una ley de presupuestos mínimos de lucha y adaptación contra el cambio climático. Esta norma otorga a las provincias un rol fundamental al regular la manera en que protegen sus recursos naturales y cómo utilizan sus fondos. 

De acuerdo con Fortuna, aún hace falta la implementación de objetivos puntuales y uno de ellos tiene que ver con la regulación del mercado de carbono, previsto en el Acuerdo de París, también de los mercados de carbono voluntarios, para que los proyectos en desarrollo puedan financiarse al convertir emisiones de GEI en títulos que puedan ser adquiridos por inversionistas, al tiempo que sean certificados por entidades independientes.

"Los esquemas asociativos -en los que un inversionista que inyecta capital a un proyecto verde se convierte en accionista- pueden ser funcionales para este tipo de proyectos", menciona.  

El país, además, puede obtener fondeo a través de la emisión de títulos de deuda estatales para financiar obras de infraestructura y obras vinculadas con cuestiones ambientales, aunque hay dificultades macroeconómicas, alta inflación y un tipo de cambio que no es propicio, que hace difícil en el corto plazo pensar en este tipo de medidas. 

Argentina cuenta con una normativa para la emisión de bonos verdes, que dictó la Comisión Nacional de Valores en 2018, para que el público en general pueda invertir en proyectos que sean sustentables, lo que incluye componentes sociales.

Se espera que el país adopte una norma similar a la europea, que establece cupos de emisiones de GEI y emisiones gaseosas en general y, en caso de ser excedidos, aplicaría una sanción.

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¿Cómo ayuda en ese camino la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles? 

En 2023, el Ejecutivo publicó la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles que, a decir de Fortuna, otorga herramientas para que los inversores destinen sus inversiones a proyectos considerados sustentables, como los de energías renovables, especialmente solar y eólica, y el aprovechamiento de residuos.

“La estrategia de finanzas sustentables propende a eso y esperamos que se siga desarrollando. Pero existe la necesidad de otorgar incentivos a la actividad agropecuaria y de transporte, para tratar de reducir su huella de carbono".

Precisamente, desde hace varios años se discute en el Congreso argentino un proyecto de ley de movilidad sustentable para promover el desarrollo de vehículos eléctricos, pero aún no termina de ser aprobado.

La taxonomía verde de Colombia

Colombia es otra de las naciones de América Latina cuyo presupuesto está por debajo de lo esperado en esta materia.

En 2023, el Departamento Nacional de Planeación acusó un déficit de financiamiento para cumplir la agenda sostenible y reveló que el 51 % del financiamiento climático estaba destinado especialmente a mitigación y provenía de fondos públicos. En promedio, el país ha invertido 2,7 billones por año en la última década, equivalente a 697,5 millones de dólares. 

Sin embargo, hay acciones que se vienen ejecutando para mejorar los indicadores. Una de ellas, la taxonomía verde, dada a conocer por la Superintendencia Financiera en 2021, tiene por objetivo orientar al sector financiero hacia inversiones sostenibles con foco en infraestructura, uso de la tierra, gestión de residuos y aguas, buscando una orientación en torno al cambio climático y articulando las inversiones con la política pública.

De acuerdo con Luis Fernando Macías, socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia, el país cuenta con las herramientas relacionadas con la taxonomía verde, la dificultad está en su implementación y en orientarla a un mayor número de sectores, además de exigir siempre un mayor cumplimiento de políticas ambientales a los proyectos que financien.

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Colombia cuenta con una política de cambio climático que se ha venido desarrollando en coordinación con el sector privado, que también busca reducir su huella de carbono, mediante diversas acciones que ha adoptado en los últimos años, comenta el abogado de PPU. 

“Ha promovido el desarrollo de los negocios verdes, pero tal vez se debe poner atención a la deforestación, mostrando al país los efectos causados por actividades ilícitas. También ha contribuido con procesos de reforestación a lo largo del país, pues señala los proyectos que deben cumplir con la compensación por pérdida de biodiversidad, casos de licencias ambientales y permisos de aprovechamiento forestal”, detalla.

En este contexto, los sectores que se han considerado prioritarios son las actividades extractivas, sobre todo en el momento actual, en el que existe un gran debate sobre su papel en el desarrollo del país.

Macías considera que se han descuidado sectores menos visibles y no menos importantes, como las actividades industriales que generan emisiones atmosféricas que impactan el cambio climático.

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“Uno de los mayores retos del país es controlar aquellas actividades ilegales que generan bien sea deforestación o emisiones atmosféricas sin mayor control por parte de las autoridades ambientales, así como vertimientos de ciertas actividades industriales a las que las autoridades no les realizan un seguimiento más estricto”, detalla el abogado.

Camila Jiménez, asociada sénior de EMI (energía, minería e infraestructura) y líder del grupo ambiental de Baker McKenzie, comenta que contar con un sistema de clasificación de actividades económicas y activos que aportan de manera positiva al cumplimiento de los compromisos ambientales del país, como es la taxonomía verde, muestra el grado de avance del país en esta materia.    
Destaca como ventajas de esta herramienta la posibilidad de identificar proyectos con objetivos ambientales, desarrollar los mercados de capitales verdes, además de promover la movilización de recursos hacia inversiones que permitan cumplir con los compromisos del país priorizados en el Acuerdo de París, el Convenio Marco de Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.
Sin embargo, hay aspectos que revisar, como señala Macías. Andrés Ramón Rodríguez, asociado sénior de EMI de Baker McKenzie, observa que, si bien la empresa privada juega un papel crucial en la lucha contra el cambio climático, pues normalmente acoge los cambios y tecnologías más innovadoras de manera más rápida y oportuna que el propio Estado, sus iniciativas se han enfocado en energía, transporte y agricultura, esta última en menor medida, por lo que es de la opinión de que hay que dar mayor impulso.