¿Imaginas una empresa o startup enfocada en la crisis climática, en evitar las emisiones de carbono? ¿O una que analice los riesgos en materia ambiental, social y de gobierno de cada proveedor? ¿Alguna vez pensaste en una startup que ayude a reforestar biomasas degradadas como la selva atlántica y la Amazonía brasileña? Estos son algunos ejemplos de empresas que trabajan con negocios verdes en Brasil, un mercado que crece en ese país y el resto del mundo.
Según el Climate Tech Report, desde 2010 el número de empresas tecnológicas que se enfrentan a la crisis climática se ha cuadriplicado. 44.595 fueron identificadas en todo el mundo el año pasado. A escala global hay 160 unicornios de tecnología climática, empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. En 2021, las compañías del sector recaudaron casi 110.511,7 millones de dólares (531.700 millones de reales al 14 de julio) en inversiones.
Un estudio de la consultora PwC señala que el marcado enfoque en las iniciativas ESG en los mercados privados junto con las regulaciones emergentes, como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, están impulsando el crecimiento y empujando a muchas empresas e inversores a cambiar sus estrategias. Miles se han comprometido públicamente con las emisiones netas cero y han establecido objetivos basados en la ciencia o han buscado demostrar compromisos más amplios con la sociedad a través de la certificación como empresas centradas en la sostenibilidad. Además, los megafondos de miles de millones de dólares se están dirigiendo cada vez más hacia la tecnología climática.
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El Ministerio de Economía de Brasil estimó que el país podría generar más de USD 100.000 millones (479.000 millones de reales) con el mercado de carbono. El país tiene un enorme potencial porque alberga la mayor biodiversidad del planeta: tiene el bosque más importante del mundo, innumerables tipos de biomas y una gran abundancia de agua. Al mismo tiempo, la agroindustria, que en el pasado era un riesgo para el medio ambiente, busca cada vez más adoptar prácticas menos nocivas y en armonía con la preservación del medio ambiente.
Se trata de un movimiento que alienta a las micro y pequeñas empresas brasileñas a buscar cada vez más valorizar los productos naturales y la necesidad de desarrollar una estructura de logística inversa. Por ejemplo, cada vez más recolectores, chatarreros e industrias de reciclaje se están incorporando a esta cadena. Y también empieza a proliferar la necesidad de una mayor reutilización de residuos industriales y materiales alternativos, la revalorización de materiales naturales para la edificación, reduciendo el consumo energético a largo plazo del recinto.
Como resultado, el cuidado del medio ambiente deja de ser una costosa fuente de gasto y se convierte en una importante fuente de ganancias, lo que abre espacio para ideas disruptivas y personas y emprendedores comprometidos con el desarrollo de soluciones para superar los problemas ambientales.
“La emergencia climática ha forzado una carrera por soluciones efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aprovechando la fortaleza de los negocios verdes y el mercado de carbono en su conjunto. A diferencia del resto del planeta, en Brasil la principal fuente antropogénica de CO2 no es el consumo de energía, sino las actividades relacionadas con el uso del suelo, en particular la quema de árboles”, dice Patricia Iglecias, socia de Wald, Antunes, Vita y Blattner Advogados.
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En ese escenario, lo que es un problema ha sido visto por muchos como una oportunidad y por eso empresas y organizaciones no gubernamentales han explorado el potencial económico de proteger la biodiversidad brasileña, a través de soluciones naturales para el secuestro y almacenamiento de carbono.
El aporte del derecho
El mercado legal conoce la importancia de este tema y se viene preparando desde hace tiempo para estas soluciones y cambios que se implementarán en los próximos años. Un mercado que crece rodeado de exigencias legales, en el que el derecho puede y debe apoyar el desarrollo de negocios verdes.
“Las principales demandas giran en torno a temas relacionados con la propiedad de la tierra y la validez y corrección de los títulos, obstáculos que detienen muchos proyectos desde el principio. La inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras por parte de extranjeros, que permanece sin definir por el Supremo Tribunal Federal (STF), y la baja regularización con el Registro Ambiental Rural, la CAR, también son puntos constantes de preocupación”, analiza Rogelio Gaspari Coelho, socio del área fiscal de Lino Dias Coelho Advogados.
Para el abogado, la naturaleza jurídica y la tributación de los créditos de carbono también plantean varias interrogantes, porque aún no han sido tratados de manera uniforme por la legislación. También hay discusión sobre la emisión de bonos de carbono en tierras indígenas y dudas sobre la incidencia del Impuesto a la Propiedad Territorial Rural (ITR) en áreas en regeneración y manejo forestal.
“Nuestro papel es asegurar que la creación del activo ambiental cumpla con los estándares nacionales e internacionales que rigen la reducción de emisiones de carbono, además de los aspectos de cumplimiento, brindando así la seguridad que el mercado espera”, evalúa Patrícia Iglecias.
Anelise Ambiel Dagostin, abogada de Medina Guimarães Advogados y especialista en Derecho Ambiental y Agronegocios de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Paraná, explica que en las últimas décadas mucho se ha hablado sobre la necesidad de observar prácticas alineadas y comprometidas con los temas ambientales, prácticas que han dejado de ser secundarias y han tomado un papel destacado en el mundo moderno, especialmente en el ámbito empresarial.
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De acuerdo con la especialista, todos los sujetos involucrados en los más variados tipos de negocios deben observar obligatoriamente su responsabilidad en la cadena ambiental sostenible, con miras a la preservación del medio ambiente, que es el foco principal de la sostenibilidad. En su valoración, existe un gran potencial para obtener ventajas, como potenciar la marca o el servicio prestado, obtener incentivos económicos y/o fiscales y reducir o exonerar costos generales.
La falta de legislación para el sector
La expectativa es que el mercado de créditos de carbono sea reglamentado en 2023 por el Congreso Nacional. Como resultado, la tendencia es que los negocios ambientales sean cada vez más explorados y que el mercado sustentable tome aún más fuerza, tornándose definitivamente relevante e interesante para las inversiones del sector público y privado.
En el Parlamento está en trámite el Proyecto de ley 528/21, que establece el Mercado Brasileño de Reducción de Emisiones (MBRE). La intención es regular la compra y venta de bonos de carbono en el país. Esta normalización será cuantificada en toneladas de gases y convertida en valores, según las reglas previstas en la propuesta. Los bonos generados serán negociados con gobiernos, empresas o personas que tengan metas obligatorias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, definidas por acuerdos internacionales.
Esta regulación está prevista en la ley que instituyó la Política Nacional de Cambio Climático (Ley 12.187/09) y es una recomendación del Protocolo de Kioto, tratado internacional ratificado por Brasil que prevé la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en el planeta.
“El adecuado abordaje de las políticas climáticas es algo más que necesario para posicionar a Brasil como un país a la vanguardia del desarrollo inteligente y estratégico”, dice el autor del proyecto en análisis en el Legislativo, diputado Marcelo Ramos, quien cree que la regulación propuesta garantiza la transparencia de las negociaciones de créditos de carbono en Brasil.
La norma, de ser aprobada, define puntos como la naturaleza jurídica, registro, certificación y contabilización de los créditos de carbono. También establece un plazo de cinco años para que el gobierno regule el programa nacional obligatorio para la compensación de emisiones de GEI.
El texto prevé la creación de un mercado voluntario de bonos de carbono destinado a la negociación con empresas o gobiernos que no tengan metas obligatorias de reducción de GEI, pero que deseen compensar el impacto ambiental de sus actividades. Estas transacciones en el mercado voluntario estarán exentas de impuestos como PIS, Cofins y CSLL.
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Todos los proyectos de reducción de GEI y negociaciones de créditos de carbono serán registrados por un sistema electrónico, administrado por el Instituto Nacional de Registro de Datos Climáticos (INRDC), un organismo privado supervisado por el Ministerio de Economía.
Definir un marco normativo
La propuesta está siendo analizada por las comisiones de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Servicios y también por las comisiones de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hacienda y Tributación y Constitución y Justicia.
Al mismo tiempo, el gobierno actual creó la Secretaría para el Desarrollo de la Economía Verde, Descarbonización y Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios. La intención es implementar políticas públicas que incentiven y apoyen el desarrollo de negocios que generen impacto social y ambiental y fomenten el acceso público a capital público y privado.
La definición de un marco normativo en la materia es fundamental y urgente, según especialistas. La 19ª edición del Informe Justicia en Cifras 2022, elaborado por el Consejo Nacional de Justicia, muestra el crecimiento en el número de juicios relacionados con temas ambientales. Este tipo de demanda aumentó 10,4%, comparando 2021 con 2020.
Muchas de estas disputas cuestionan, por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de autorizaciones o licencias otorgadas por el propio Poder Público, buscando incluso definir responsables por daños materiales y morales. Para los abogados especialistas en el área, además de temas de emisiones o rendición de cuentas, habrá confrontaciones respecto de la existencia de bonos de carbono, su vigencia, la cadena y proceso de generación, su naturaleza jurídica e incluso su precio.
“Junto a la expectativa del surgimiento de nuevos negocios, nuevos mercados, la aplicación de aparatos tecnológicos e innovaciones reclaman la necesidad de un sustento político, científico y legal, lo que dará lugar a nuevas demandas judiciales, otorgándole un papel de gran importancia al Poder Judicial que, interpretando las leyes, ofrecerá mayor claridad en relación con la forma en que deben ser implementadas en la sociedad”, evalúa Thais Leonel, socia medioambiental de SFCB Advogados.
Para los entrevistados, las demandas también involucran arreglos productivos para financiar nueva infraestructura verde.
“Hacer viable una planta de hidrógeno verde, por ejemplo, presupone reunir esfuerzos, actores y recursos intensos, sofisticados e inusuales. Lo mismo ocurre con la concesión de un área para la restauración forestal o la adaptación de un proceso productivo a una economía baja en carbono. Corresponde al departamento legal garantizar la estabilidad y previsibilidad a largo plazo para que las inversiones se materialicen y para este sofisticado emprendimiento en los sectores regulatorio, económico, de construcción, industrial y operativo”, dice Tatiana Cymbalista, socia de Manesco Abogados.
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Con la multiplicación de proyectos en los próximos años será necesario entender el proceso de certificación de créditos de carbono, las metodologías, quiénes son los certificadores y cómo son los procesos de venta de estos créditos.
“Para desbloquear este potencial de negocios y garantizar la preservación ambiental subyacente, será necesario establecer un mercado de carbono regulado y regularizar la tenencia de la tierra, con digitalización e, incluso, con el uso de tecnologías como blockchain, que pueden inaugurar una nueva etapa para Brasil como líder mundial en preservación ambiental y negocios sustentables, contribuyendo mucho al crecimiento del país”, evalúa Rogério Gaspari Coelho.
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