Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Perú, México y Chile son los países más afectados por el estrés hídrico en América Latina y el Caribe. En estos países, buena parte de su población vive en zonas donde la proporción de demanda de agua, respecto al total de recursos disponibles, es superior al 80 %.
Además de contar con amplias porciones desérticas en sus territorios, Perú y México enfrentan el problema de tener una mayor densidad poblacional en zonas con menor disponibilidad de agua, lo que incrementa la desigual distribución entre sus habitantes, por lo que muchos carecen del servicio de agua corriente en sus hogares.
Y las perspectivas no lucen prometedoras. El rápido crecimiento de las ciudades, el aumento de la demanda de alimentos y, por ende, de agua de uso agrícola, la incidencia de fenómenos climáticos y un histórico mal manejo del recurso hídrico son algunos de los elementos que hacen temer a los expertos una escalada de la crisis que ya padecen millones de personas en la región.
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México: el gigante seco del norte
El segundo país más poblado y tercero en extensión territorial de América Latina enfrenta serios desafíos para satisfacer sus necesidades de agua. Reducción de las fuentes naturales, desigual distribución pluviométrica anual, contaminación, gestión inadecuada, deficiente infraestructura y hasta impasses fronterizos de difícil resolución son algunos de los obstáculos que requieren un enfoque colaborativo entre gobierno, sector privado y sociedad mexicana en general.
Esta multiplicidad de factores puede agruparse en tres grandes categorías, de acuerdo con Tamara Luengo, socia en materia de agua de la consultora legal ambiental Cavazzani.
Por un lado, la disparidad en la disponibilidad geográfica de agua: cerca de 70 % de los recursos se concentran en solo siete estados del país, donde reside menos de un tercio de la población nacional y se genera menos de una cuarta parte del PIB. Esto pone presión sobre la disponibilidad de agua en los centros de población y desarrollo económico ubicados en el centro y norte del país.
Un segundo aspecto es la inequitativa distribución del recurso, pues uno de cada diez habitantes no cuenta con servicio de agua potable y uno de cada tres carece de servicio de saneamiento.
Finalmente, el factor climático tiene una incidencia cada vez más puntual, tomando en cuenta que se depende en gran medida de las temporadas de lluvia para la reposición de agua en cuerpos naturales, lo que limita la disponibilidad sostenible para el abastecimiento continuo de poblaciones, así como para el desarrollo agrícola e industrial.
“El uso desmedido del agua ha llevado a la sobreexplotación de uno de cada seis acuíferos y ha provocado que el 45 % de los cuerpos de agua superficiales estén por debajo del 30 % de su capacidad, de los cuales 45 % están contaminados. Esto evidencia que la crisis del agua en México no es una crisis de recursos, sino de gestión”, afirma Luengo.
Y la situación tiende a agravarse a pasos agigantados. Para la primera quincena de mayo de 2024, la sequía alcanzaba 71 % del territorio nacional, lo que representa un avance de 25,53 puntos porcentuales respecto a las mediciones para el mismo período de 2023, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ello, por supuesto, eleva el grado de estrés por imposibilidad de satisfacer la demanda.
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Una ley y muchos problemas
En medio de este panorama y con un nuevo gobierno que apenas comenzará a perfilar su estrategia sectorial una vez asuma el poder, actualmente el Congreso mexicano discute una nueva Ley General de Aguas que busca subsanar las “fallas” presentes en el cuerpo normativo vigente, en especial con miras a proporcionar soluciones a largo plazo a la creciente demanda y mantener un equilibrio entre el porcentaje destinado al consumo humano y el dirigido a sostener las actividades de una economía en auge.
No obstante, la promulgación de la normativa (una deuda pendiente desde hace más de 12 años) no estará exenta de controversias. Si bien la Ley incluye una amplia regulación del derecho humano al agua (DHA) consagrado en la Constitución, sugiere derogar la Ley de Aguas Nacionales, que norma la administración del agua y sus derechos de aprovechamiento.
Ante esta disyuntiva, la especialista de Cavazzani plantea la urgente necesidad de una visión holística sustentada en cuatro aspectos fundamentales:
- Que la ley integre ambas perspectivas: el derecho humano y la administración del agua, reconociendo el DHA de forma transversal sin limitar los mecanismos de administración del agua.
- Dar prioridad a la propuesta del proyecto de privilegiar el uso doméstico del agua sobre otros usos, asegurando el DHA, incluso en escenarios de sequía extrema.
- Fomentar el uso sustentable del agua. La propuesta en el Congreso considera estrategias de reúso y captación pluvial, pero no establece mecanismos para facilitar su implementación industrial. Por ejemplo, el cobro de derechos por captación pluvial para la industria es un desincentivo a esta práctica, que reduciría la demanda de agua por tuberías.
- Replantear la integración tecnológica en el aprovechamiento del agua. El proyecto en discusión restringe el reúso de agua para uso humano por la NOM-127-SSA, a pesar de que la tecnología disponible permite alcanzar estándares potables.
“México necesita una actualización normativa que refleje el derecho humano al agua, priorice el uso doméstico, que fomente la sustentabilidad hídrica e incorpore la tecnología de vanguardia. Solo así podremos enfrentar de manera efectiva la crisis del agua y asegurar un futuro sostenible”, afirma.
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Una disputa centenaria
Desde hace casi dos siglos, el agua ha jugado un papel fundamental en la historia de México: rebasar el río Nueces, límite natural del separatista estado de Texas, fue el motivo que desencadenó la guerra entre Estados Unidos y México, que culminó en 1848 con la firma de un leonino tratado de paz que involucró ceder 57 % del territorio mexicano a su vecino del norte.
Desde entonces, los conflictos por agua han estado presentes en la indisoluble relación bilateral, lo que llevó en 1944 a la firma del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, un acuerdo de cuotas mediado por la distribución de los recursos hídricos fronterizos.
El acuerdo contempla que EE. UU. debe entregar a México más de 9.000 millones de metros cúbicos desde el río Colorado, ubicado al noroeste de la frontera, mientras que México enviará 2.160 millones de metros cúbicos del río Bravo, ubicado hacia el noreste fronterizo, en un lapso de cinco años.
Pese a que México debe aportar menos de una cuarta parte de lo que recibe, su territorio se ha visto perjudicado por una serie de factores adversos, como el continuo aumento poblacional, una precaria infraestructura, contaminación de los acuíferos y una sobreexplotación del recurso para uso industrial, lo que ha provocado que el cumplimiento de la cuota sea una tarea titánica para México, incluso al punto de poner en riesgo la integridad hídrica de sus poblaciones.
De allí que desde Cavazzani Consultoría se estime preciso actualizar el tratado con base en los siguientes aspectos:
- Incorporación de disposiciones que aborden los efectos del cambio climático y sus impactos en la disponibilidad de agua, así como de mecanismos que permitan el uso de tecnologías avanzadas para el monitoreo, conservación y distribución del agua.
- Mejorar la gestión de recursos hídricos, lo que incluye promover una gestión integrada y sostenible de las cuencas hidrográficas compartidas. Esto precisa el establecimiento de un sistema de monitoreo de datos en tiempo real sobre la calidad y cantidad del agua.
- Concretar una gobernanza del agua, con el fortalecimiento de los mecanismos para la resolución de disputas, reforzar los comités binacionales encargados de la supervisión y el cumplimiento del tratado, aumentar la transparencia en la gestión del tratado y rendición de cuentas y la revisión periódica del tratado para adaptarlo a las nuevas realidades.
- Implementar programas conjuntos de conservación y protección de ecosistemas, además de fomentar el uso eficiente del agua en sectores agrícolas, industriales y urbanos.
- Desarrollar y mantener infraestructura hidráulica moderna que permita una mejor gestión y distribución del agua, al tiempo de impulsar proyectos binacionales de infraestructura.
“La colaboración continua y el diálogo son esenciales para abordar los desafíos presentes y futuros en la gestión del agua en la frontera entre ambos países”, concreta Tamara Luengo.
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Perú: aprender de la historia
De acuerdo con los expertos, El Niño, el fenómeno climático global que se origina en la costa pacífica sudamericana, fue la principal razón de la repentina desaparición de los moches, una de las culturas precolombinas más avanzadas de América, cuya población se distribuía en la franja costera de lo que hoy es el sur de Perú y el norte de Chile.
El hecho histórico demuestra que, pese ser el octavo país del mundo y el tercero en América Latina por su volumen de reservas de agua dulce (1,8 % del total global), la situación de la explotación y distribución presenta grandes retos frente al cambio climático y serios desafíos de gobernanza para alcanzar un desarrollo sostenible.
Al igual que en México y otros países, en Perú la distribución poblacional y la disponibilidad de agua no compaginan. En la zona costera, donde solo se dispone del 3 % del agua dulce del país, se concentra el 65 % de los más de 34 millones de peruanos, mientras que menos de un tercio de la población vive en la región hidrográfica amazónica, donde está disponible el grueso del recurso hídrico.
A pesar de estas divergencias, dos tercios del Producto Bruto Interno generado por actividades agrícolas -que emplea a un tercio de la población económicamente activa- se originan en las regiones costeras, es decir en la cuenca del Pacífico, lo que genera un estrés hídrico que crece conforme aumenta la población, como explica Vanessa Chávarry, socia que lidera el equipo de derecho ambiental en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
Sin embargo, y tomando en cuenta las condiciones actuales y los hechos históricos registrados, la incertidumbre climática es el mayor desafío a enfrentar.
“Los efectos del cambio climático vienen exacerbando la situación, con el derretimiento de los glaciares como resultado del aumento de las temperaturas, lo que no solo afecta la disponibilidad de agua en el país, sino también representa una amenaza para la seguridad hídrica a largo plazo”, acota.
Convencida de que el problema demanda una acción global urgente y coordinada en todos los sectores e instituciones, Chávarry estima que lo más urgente en la materia es la seguridad hídrica, es decir, garantizar la calidad y disponibilidad del agua para sostener la vida humana, hacer crecer la economía y proteger los ecosistemas.
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Entre leyes te veas
Toda normativa tiene sus defensores y detractores. A esto no escapa el entramado jurídico peruano relacionado con el agua, cuya calificación como adecuada o no va a depender de los intereses que se persigan.
Bajo esta premisa, la socia de Payet, Rey cree que la aprobación en 2009 de la Ley de Recursos Hídricos marcó un hito para la gestión del agua, hasta entonces normada por leyes desfasadas, pero aún enfrenta desafíos para su correcta implementación y autonomía.
En 2023, fue modificada la Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, normativa que busca garantizar el suministro de agua para las actividades esenciales de la sociedad a través del fortalecimiento de las juntas que administran el recurso, estableciendo sus derechos, obligaciones y límites.
Chávarry asegura que la modificación ha sido positiva para mejorar la gobernanza y fortalecer la adecuada participación de los usuarios en la gestión del agua, lo que a su entender es vital para garantizar un uso sostenible y equitativo.
Sin embargo, considera que la efectividad del tejido legal dependerá de su correcta implementación y supervisión por parte de los usuarios y autoridades, pero sobre todo de que la sociedad en general entienda que el agua es un recurso estratégico y finito que debe ser gestionado con una clara conciencia de las necesidades del entorno.
“Para ello se requiere no solo inversión en infraestructura y sistemas de distribución, sino también en generar mayor conciencia sobre la necesidad de prácticas sostenibles para garantizar un desarrollo social y económico equitativo y sustentable”.
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