En los últimos 30 años, por las cifras macroeconómicas que ha registrado, Panamá se ha ganado el título de la economía más estable, no solo de Centroamérica, sino de Latinoamérica. De hecho, este año aparece nuevamente en el ranking de los mejores destinos para invertir, siendo la única nación americana que figura en el listado, junto con Suiza, Luxemburgo, Noruega y Dinamarca.
Centro financiero por excelencia de la región, su Canal hace de este país el punto logístico más importante de esta parte del mundo, por donde necesariamente transita el 6 % del transporte de mercancía del planeta, una condición que difícilmente perderá aunque se consoliden varios de los múltiples proyectos planteados para arrebatarle una cuota del pastel.
No obstante, la aplicación de políticas poco acertadas y las crecientes denuncias de corrupción han hecho que el país pierda algo del atractivo que por tres décadas le ha favorecido. Enderezar el rumbo es la tarea que se propone el nuevo gobierno encabezado por José Raúl Mulino, mano derecha del sancionado expresidente Ricardo Martinelli, y quien asegura que devolverá la confianza a la economía panameña.
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Capital político disminuido
Mulino, cuyas principales promesas electorales giraron alrededor de hacer frente al problema migratorio y sanear la economía, tendrá no pocos retos para lograr sus objetivos, comenzando por su escaso peso político.
“Ganó con 34 % de los votos… No tiene un patrimonio político muy fuerte, así que está obligado a llevar a cabo un diálogo sincero, despojado de colores políticos para lograr reactivar la economía. En la Asamblea de Legisladores no va a tener mayoría, por lo que deberá buscar consensos para poder gobernar”, afirma Julio Quijano, socio director de la firma Quijano & Associates.
María Cristina Fábrega, socia de la sede panameña de la firma centroamericana Arias, destaca que, dentro de este diálogo profundo nacional, Mulino deberá buscar apoyos para tomar las decisiones difíciles.
“Son decisiones complejas pero necesarias para levantar al país y sanear muchos de los problemas que, por años, se han venido ignorando, que ya no resisten la falta de atención de la administración del Estado por el miedo al costo político que puede representar su solución”, comenta.
A decir de Joaquín De Obarrio, socio de Patton, Moreno & Asvat, el nuevo gobierno enfrenta importantes retos que requerirán de un equipo de trabajo preparado y comprometido, además de contar con capacidad de toma de decisión.
Con este telón político de fondo, abogados expertos en temas económicos, consultados por LexLatin para este reportaje, coinciden en afirmar que el nuevo gobierno deberá poner empeño en cuatro áreas principales a fin de restablecer el brillo económico de Panamá, especialmente en lo relacionado con su atractivo para la inversión extranjera, fuente principal de negocios en el país del istmo.
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Recuperar la inversión
Sin grandes recursos minerales (hasta ahora), tradicionalmente Panamá se ha constituido como gran hub financiero de América Latina, una condición que ha ido menguando en los últimos años y que Mulino, actor y defensor de la empresa e inversión privada, se propone enmendar.
“Presenta (Mulino) la inversión extranjera como solución para nuestro país. Para ello ha prometido hacer lo que sea necesario para que la inversión se sienta segura, como debe ser, vivir con seguridad jurídica, seguridad de su integridad personal y, lo más importante, en un país con paz política y con deseos de crecer”, acota Héctor Infante, socio fundador de IPAL.
Evidentemente, tras la abrupta caída provocada por la pandemia, la inversión extranjera directa (IED) no ha podido remontar a los niveles previos a la crisis sanitaria, en buena medida debido a una desconfianza en las capacidades del Estado para solucionar sus dificultades financieras, presiones fiscales y problemas con los dos principales motores económicos del país: la minería y el Canal. Ambos aspectos han llevado a los organismos internacionales a vaticinar que el crecimiento del país descenderá este año a 2,5 %, muy por debajo del 6,5 % logrado en 2023, según el Banco Mundial.
Al respecto, Luis Eduardo Ocando, country managing partner de EY Law - Panamá, asegura que un entorno regulatorio complejo y burocrático puede ser un obstáculo para los negocios, por lo que el gobierno debe simplificar los procesos y mejorar el clima de negocios para facilitar la inversión y la actividad empresarial.
“Panamá compite con otros países para atraer inversión extranjera directa. El gobierno necesitará asegurarse de que las políticas fiscales y los incentivos sean competitivos a nivel internacional”, agrega.
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Sanear las cuentas nacionales
En 2023, las finanzas públicas panameñas tuvieron un desempeño bastante lamentable, lo que reflejó un endeudamiento récord para el país (56 % del PIB) y un déficit fiscal cercano al 3 % (también inusual); en consecuencia, hubo un descenso en la calificación de la deuda nacional, que en octubre pasado se cotizó en su nivel más bajo en 14 años.
De allí que la socia de Arias estima que es necesario implementar un plan de austeridad estatal y búsqueda del equilibrio en las finanzas públicas, con recortes dirigidos a gastos redundantes, entre ellos “la excesiva nómina estatal”, así como “no reprimir las obras de infraestructura que generan trabajo”.
Otro tanto opina Ocando, quien cree que el gobierno entrante debe revertir los negativos mensajes por escándalos de corrupción y la percepción de falta de transparencia.
“Necesitará trabajar para mejorar la gobernanza y la transparencia en todas las operaciones estatales para construir confianza con los inversores”, dice.
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El Canal de Panamá y la búsqueda de un crecimiento económico sostenible
Los especialistas apuntan a que ese crecimiento, de seis puntos porcentuales en promedio, que ha tenido el país en las últimas décadas podría verse comprometido de no abrir fuentes alternativas para mantenerlo.
Por ejemplo, se debe atender el problema del tráfico por el Canal de Panamá, el activo más valioso del país (el año pasado aportó a las arcas nacionales USD 3.630 millones), que está generando un desempeño por debajo de las previsiones debido a una inusual situación climática que redujo el flujo de agua a la vía fluvial, lo que ha obligado a reducir en casi 40 % su tráfico durante varios meses.
Al recordar que los recortes afectaron no solamente a Panamá, sino al comercio mundial, Fábrega opina que el nuevo gobierno tendrá que tomar acciones inmediatas y con visión a largo plazo, que incluyan nuevas fuentes de agua y una reevaluación de la cuenca hidrográfica que nutre al canal, para garantizar que estos problemas no se repetirán aún en condiciones climáticas adversas.
Quijano, quien asegura que la crisis del canal pareciera ser temporal (y por ello tiende a solucionarse con el inicio de la temporada lluviosa), destaca que, ubicada como está en la latitud más húmeda del planeta, en la nación ístmica sobran las alternativas para suplir a la vía interoceánica del recurso hídrico necesario.
“Esta es la última latitud que se va a sacar. Tenemos demasiada agua para suplir al Canal, solo hay que hacer un par de embalses para alimentarlo. Reitero, la crisis del Canal de Panamá y la disminución de sus ingresos se va a solucionar pronto”, dice, afirmando que los ingresos generados por la obra comenzarán a aumentar en la segunda mitad del año.
La minería
El otro gran tema para generar fondo es el minero. La selva panameña —de la que depende el agua que necesita el Canal y la población del país y sus vecinos— esconde un gran potencial en minerales, como oro y cobre, que apenas se conoce.
No obstante, una gestión cuando menos dudosa de los permisos de explotación de estos recursos, conllevó a la anulación de las licencias y el cierre de Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, una de las mayores empresas de su tipo en el mundo.
La operación, rechazada por muchos debido al daño ambiental consecuente, aportaría al país entre 2.200 y 3.100 millones de dólares, según cifras dadas a conocer por la empresa. Esto significa que el país dejará de obtener una cantidad comparable al aporte del Canal.
“El cierre ha generado perturbaciones innegables, pero no parece desincentivar la inversión extranjera directa en Panamá, ya que se impuso la rigurosidad y el respeto a la Constitución y las leyes”, señala Fábrega.
Añade que las pérdidas de empleos, los riesgos ambientales de cerrar una mina de esa magnitud de forma súbita (no regulada ni planificada) y las posibles consecuencias económicas de las demandas de arbitraje contra Panamá serán temas que deberá afrontar Mulino.
Al precisar que el cierre de la mina fue un "daño colateral" del descrédito que envuelve al gobierno saliente, Julio Quijano cree que este será un negocio que se retomará más temprano que tarde, posiblemente con un cambio en las condiciones de operatividad y beneficios económicos para el país.
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Atender la seguridad social
Según el Banco Mundial, el crecimiento de Panamá en las últimas tres décadas redujo la pobreza de 48,2 % en 1991, a 12,9 % en 2023. Pese a ello, las desigualdades persisten, en especial en lo relativo a la seguridad social, que sigue siendo una vieja deuda no saldada por ningún gobierno.
El mayor problema: la falta de recursos para cubrir las necesidades asistenciales de la población, al punto de que el déficit del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social superó, al cierre de 2022, los 650 millones de dólares, brecha que se estima supere los USD 8.000 millones para 2030.
Desde el escritorio Arias se comenta que el diseño del subsistema, su mala administración, la elevada morosidad del sector patronal y la falta de cumplimiento puntual de obligaciones ante la CSS han llevado al programa de IVM al borde del colapso total, que se espera ocurra en los próximos meses.
“El nuevo gobierno deberá trabajar para asegurar que los beneficios del crecimiento económico se distribuyan de manera más equitativa”, dice Ocando.
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Para no perder de vista
De relieve a escala global, la sostenibilidad ambiental es otro de los temas que los analistas consultados por LexLatin señalan como prioridad para el nuevo gobierno, máxime tratándose de un aspecto que está siendo cada más vez tomado en cuenta por los grandes grupos inversores, como mecanismo para garantizar un crecimiento ambientalmente saludable a largo plazo.
De igual manera, profundizar la integración regional es clave para Panamá, por lo que el nuevo gobierno debe fortalecer las relaciones, no solo con sus vecinos sino con naciones de otras regiones. En este orden, Mulino dijo recientemente que buscará integrar Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur), así como reforzar sus relaciones con Estados Unidos, su mayor aliado comercial.
La otra gran promesa de Mulino es poner freno al problema migratorio, en particular por la utilización de Panamá de miles de migrantes -venezolanos en su gran mayoría- como ruta hacia Estados Unidos, vía que tiene en el llamado Tapón del Darién uno de sus puntos neurálgicos.
"Vamos a cerrar el Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos", dijo Mulino en su primer discurso como presidente electo, asegurando que la frontera mexicana con Estados Unidos “se corrió” al Darién, por lo que su país hace junto a Colombia un esfuerzo que no le corresponde.
Sobre ello, Julio Quijano dice que se trata de un tema de seguridad nacional que le resta recursos al país. “El gobierno de Panamá no puede darse el lujo de gastar tanto dinero asistiendo a estos inmigrantes, porque lo necesitamos para nuestra gente”, concluye.
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