Las oficinas de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, en Nueva York, y la de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC en México, D.F., asesoraron a la empresa mexicana Grupo Cementos de Chihuahua (CGC) en la obtención de un crédito sindicado por USD 194 millones.

En la operación participaron 10 bancos. BBVA Securities, Citigroup y Bank of Nova Scotia fueron los coordinadores líderes  del crédito, mientras que Comerica Bank, Sabadell Capital, Banco del Bajío, Banco Monex, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior y JP Morgan Chase actuaron como prestamistas. Las 10 entidades bancarias contrataron a Shearman & Sterling LLP en Nueva York y a Ritch Mueller Heather y Nicolau SC en México, D.F para la transacción, que se concretó el 24 de julio de 2015.

El préstamo se efectuó en dólares estadounidenses y pesos mexicanos y vence en cinco años. En 2013, Cleary Gottlieb y Mijares Angoitia asesoraron a CGC en la ejecución  de un plan de refinanciamiento, que consistió en la emisión de USD 260 millones en títulos y en la obtención de un crédito por USD 250 millones de un conjunto de 11 bancos. Shearman & Sterling LLP asistió a los prestamistas, mientras que Ritch Mueller y Allen & Overy LLP asesoraron a BBVA, Citigroup y Scotia Capital como aseguradores de la oferta.

Los asesores de CGC:

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Participaron los socios Amy Shapiro y los asociados Grace Armstrong y Julian Hill, en Nueva York.

Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC

Socios Francisco Fuentes y Edgardo Mendoza y los asociados Lorena García, Juan Rodríguez, en México, D.F.

Los asesores de los prestamistas

Shearman & Sterling LLP

Socia Jeanne Olivier y los asociados Augusto Ruiloba y Federico Piano, en Nueva York.

Ritch Mueller Heather y Nicolau, SC

Socio Jean Paul Farah y los asociados Eva Farías, Alonso Rodríguez e Isabel Ortiz-Monasterio, en México D.F.

Ferrere asesoró al desarrollador inmobiliario CasasUru en la primera emisión de acciones de un fideicomiso para construir viviendas sociales en Uruguay.

EF Asset Management Fideicomiso Financiero CasasUru, emitió USD 15 millones en acciones en la Bolsa Electrónica de Valores de Uruguay.

La transacción se realizó el 4 de agosto y contó con la asesoría del socio de Ferrere, Diego Rodríguez, y la asistencia de los asociados Federico Lemos y Belén Sosa.

EF colocó las acciones en un tipo de unidad indexada – un mecanismo que ata el precio del título al índice de precios al consumidor del país, para proteger el valor de las acciones de la inflación o la deflación.

Se emitieron dos series de títulos. El primer tramo, por 135 millones de unidades indexadas, se negoció en una oferta pública para inversores, mientras que el segundo lote, de 4,5 millones de unidades, se colocó entre los desarrolladores inmobiliarios a cambio de propiedades que ellos transferirán al fideicomiso para su desarrollo.

Desde hace años el gobierno uruguayo fomenta la construcción de viviendas sociales, pero es la primera vez que abre a compañías privadas la participación en una estructura diseñada para financiar la construcción de hogares para personas de bajos ingresos.

Diego Rodríguez, destacó que “esta primera participación del sector privado en el financiamiento de viviendas sociales es importante porque puede marcar la tendencia de emisiones futuras para el mismo propósito.”

Ferrere había asesorado a EF Asset Management en diciembre de 2014, cuando la gestora de capitales emitió USD 30 millones en bonos para financiar la construcción de infraestructura civil en la municipalidad de Canelones, en las afueras de Montevideo. La firma también asistió a EF y al fondo de inversiones chileno Independencia en el diseño del primer fondo de inversión en bienes raíces del Uruguay, que se abrió en 2012.

Prumo Logística, operadora del puerto de Açu en Río de Janeiro, estableció una nueva compañía para construir terminales de servicio a tanqueros y una estación de suministro de petróleo. En esta transacción la compañía fue asesorada por Veirano Advogados.

El 20% de las acciones de la nueva compañía, llamada Açupetrol y que operará el terminal petrolero, serán adquiridas por la empresa alemana Oiltanking, a un costo de USD 200 millones. La compañía europea es representada por Chediak Advogados.

La operación, anunciada el pasado 6 de agosto,  “ha sido  compleja”, según  el socio de Chediak Advogados José Andrés Lopes da Costa, ya que incluyó elementos de derecho ambiental, administrativo, financiero, corporativo, fiscal y contractual.

El socio de Veirano Advogados, Carlos Lobo, indicó que Prumo Logística aportará a Açupetrol una serie de activos valorados en USD 1 mil millones, incluyendo un puerto de transferencia de mineral de hierro y operaciones de infraestructura mar adentro. Prumo Logística pertenece al fondo de capital de riesgo EIG Global Energy Partners, mientras que Oiltanking es subsidiaria de Marquard & Bahls, propiedad de una familia de Hamburgo dedicada al transporte y almacenaje de petróleo.

El puerto de Açu es el tercer complejo portuario más grande del mundo y el nuevo terminal de petróleo tendrá una capacidad de transferencia de 1.2 millones de barriles de petróleo al día. Los desarrolladores estiman que la instalación estará operativa en un año.

Prumo firmó en junio un contrato con la filial brasileña de la compañía británica BG Group, en el puerto de Açu. El monto de la transacción no fue divulgado. Las partes también acordaron que BG obtendría una concesión de 20 años para transportar 200 mil barriles al día de gas natural líquido por el terminal. En esta negociación BG contó con la asesoría de Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados, mientras que L.O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira & Agel representó a Prumo.

EIG aumentó su participación en Prumo en octubre de 2014, en una operación asistida por Machado, Meyer, Sendacz e Opice, mientras que Prumo fue representada por Veirano Advogados. La firma de inversión compró a Prumo en 2013, cuando se llamaba  LLX, y era propiedad del empresario brasileño Eike Batista, quien luego se declararía en bancarrota.

El equipo asesor de Oiltanking:

Chediak Advogados

Los socios José Andrés Lopes da Costa, Patricia Sampaio, Luiz Claudio Cristofaro y Lidice Xavier, y la asociada Sabrina Machado.

El equipo asesor de Prumo Logística:

Veirano Advogados

Socios Carlos Alexandre Lobo y Daniel Correa Coelho y los asociados Guillherme Ohanian Monteiro, Roberta de Carlois Perisse Duarta, Paula Surerus y Pedro Figuereido.

Un tribunal constituido bajo las normas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) admitió parcialmente el reclamo de Ecuador en contra de Perenco Ecuador Limited.

La decisión provisional del 11 de agosto responsabiliza a Perenco Ecuador Limited por los daños ambientales producidos desde octubre de 2008 hasta julio de 2009 en los campos petroleros 7 y 21, localizados en la Amazonia ecuatoriana. A partir de esa fecha, Petroamazonas ha asumido la gestión de estos campos.

El tribunal designará un perito independiente en los próximos dos meses para calcular los costos de remediar los posibles daños ambientales. Ecuador exige una indemnización por más de USD 2.500 millones para limpiar el suelo y las aguas subterráneas y hacer estudios adicionales.

Esta decisión responde a la contrademanda presentada por Ecuador en 2011 por daños ambientales, en el marco de un proceso arbitral originado en 2008. Ese año, Perenco Ecuador Limited reclamó a Ecuador USD 400 millones por incumplimientos contractuales.

Firmas y abogados que participan en el caso: 

La parte demandante, Perenco Ecuador Limited, fue representada por Debevoise & Plimpton LLP. El equipo fue liderado por el socio Mark Friedman y los asociados Ina Popova, Floriane Lavaud, Thomas Norgaard, Terra Gearhart-Serna y Corina Gugler. También participó Tracie Renfroe, socia de King & Spalding LLP.

Dechert LLP representó a  Ecuador e intervinieron los socios Eduardo Silva Romero, Philip Dunham, José García Represa y Timothy Lindsay; of-counsels Pierre Mayer (retirado de la firma) y Álvaro Galindo; y los asociados María Claudia Procopiak, Pacôme Ziegler, Antonio Marzal, Jeremy Eichler y Gabriela González Giraldez.

La sucursal del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Dubái aprobó un financiamiento de USD 80 millones a la petrolera argentina YPF S.A.

La estatal empleará los fondos para el pre-financiamiento de exportaciones, un tipo de operación que otorga a las empresas activos excedentes para operar con normalidad en el corto plazo.

El ICBC-Dubái recibió asesoría de Linklaters LLP y Tanoira Cassagne Abogados.

El equipo de Linklaters LLP en Nueva York fue liderado por el socio Conrado Tenaglia, e integrado por los asociados Matthew Haist, Peter Qiu y Mina Whangbo.

Linklaters LLP ya había asesorado al ICBC en transacciones anteriores, incluyendo  una emisión de bonos por USD 500 millones, y en la organización de un préstamo por USD 201 millones para la construcción de un hotel en la isla artificial de Palm Jumeirah, en Dubái.

El equipo de Tanoira Cassagne Abogados, en Buenos Aires, fue conformado por la socia Alexia Rosenthal y los asociados Rocío Carrica e Ignacio Nantes.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró en 2013 a un conjunto de entidades bancarias y bursátiles que organizaron la emisión de bonos de YPF S.A., por USD 300 millones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

YPF S.A. contó con la asistencia de sus abogados internos, Fernando Gómez Zanou y Francisco Lucas Gaspari.

En julio de este año, YPF S.A se asoció con Pan American Energy, en la cual la estatal China National Offshore Oil Corporation posee 20% del capital accionario, para invertir USD 1.384 millones en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.