El gobierno de Venezuela solicitó por segunda vez al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) la revisión de su decisión de admitir la demanda de ConocoPhillips, que exige reparaciones económicas por la nacionalización de tres refinerías.

El pedido de reconsideración fue introducido por los representantes legales del Estado venezolano ante el tribunal de arbitraje, con sede en Washington, D.C., el pasado 10 de agosto.

La defensa venezolana está integrada por el Viceprocurador General de la República, Reinaldo Muñoz y los equipos de Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, en Nueva York y Ciudad de México. El grupo está liderado por los socios George Kahale III, Miriam Harwood, Mark  O’Donoghue y Bernard Preziosi (en Nueva York) y por Gabriela Álvarez Ávila (en México).

Los demandantes están representados por un equipo de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Nueva York, compuesto por los socios D. Brian King y Elliot Friedman; el asociado senior J.J. Gass y los asociados Lauren Friedman, Sam Prevatt y Lee Rovinescu.

En defensa de ConocoPhillips también actúan los socios Jan Paulsson, Gaëtan Verhoosel y Luke Sobota de Three Crowns LLP, en Londres.

La decisión cuestionada por Venezuela fue tomada por el tribunal en septiembre de 2013  y dictaminó que el país había violado el derecho internacional al no negociar de buena fe con ConocoPhillips. La petrolera demandó una indemnización de más de USD 30.000 millones, por la nacionalización de sus activos.

En 2013 Venezuela interpuso la primera solicitud de reconsideración, que fue negada por el tribunal en marzo de 2014, con el voto salvado del árbitro designado por Venezuela, el egipcio Georges Abi-Saab. Posteriormente,  Abi-Saab renunció al tribunal por motivos de salud.

El tribunal fue reconstituido con la designación del árbitro suizo Andreas Bucher, nombrado por el director del Consejo Administrativo del CIADI, Kenneth Keith.

Francisco Mendez

El despacho anunció la apertura de una oficina en el país que será dirigida por Francisco Mendez, quien dividirá su tiempo entre las sedes de Houston y México D.F. Mendez cuenta con 20 años de experiencia en el sector energético, habiendo ocupado el cargo de asesor legal de ExxonMobil para América Latina.

El equipo estará integrado por los socios Alexandre Chequer, Dallas Parker, Jose Valera y Pablo Ferrante, y el asociado Gabriel Salinas.

El movimiento se realiza ante las extraordinarias oportunidades que el sector energético del país brinda en las áreas de exploración, producción y transporte de hidrocarburos. Por otro lado, existe un severo déficit en la producción de electricidad usada para la extracción del crudo, apuntan analistas.

Olleros Abogados y McDermott Will & Emery LLP formalizaron la creación de un “Cuban Desk” para ofrecer asesoría a clientes internacionales con intereses en Cuba. El movimiento se produce luego del acercamiento entre ambos países.

Voceros de las firmas indicaron que “existe una creciente demanda de servicios legales en las áreas de comercio internacional, competencia, derecho corporativo, regulatorio y fiscal”. Dicho interés se centra, sobre todo, en los sectores hotelero y turístico, hospitalario, agrícola, de infraestructura y de producción de alimentos y bebidas.

Jaime Olleros, socio fundador del bufete español, aseguró que su firma tiene planes de abrir una oficina en La Habana, “una vez que las leyes cubanas permitan el establecimiento de despachos legales internacionales.”

Olleros Abogados cuenta desde hace varios años con un equipo de abogados especializados en Cuba, liderados por Jaime Olleros, Ignacio Aparicio y Javier Mata.

El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, declaró los activos de Argentina en los Estados Unidos como propiedad comercial, lo que facilita a los fondos de inversión solicitar su embargo para recuperar los USD 1.5 billones que les adeuda la nación sudamericana.

La demanda -que se ha extendido por varios años-, fue interpuesta por los fondos de inversiones de alto riesgo NML Capital, Aurelius Capital y Blue Angel.

NML es representada por Matthew D. McGill, socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP. El fondo también es asesorado por el socio Roger A. Cohen y el asociado Collin Hessney, de Dechert LLP.

La representación de Aurelius Capital es asumida por Edward A. Friedman, socio fundador de Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman LLP.

Argentina contrató para su defensa a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. En este caso participan los socios Carmine D. Boccuzzi  y Jonathan I. Blackman, y los asociados Jacob H. Johnston y Ezequiel Sánchez Herrera.

En la decisión del juez Griesa se excluyen los activos militares y diplomáticos de los reclamos de embargo.

El juez otorgó un plazo de 10 días a Argentina para entregar un listado de cualquier documento que haya considerado protegido por el privilegio de confidencialidad, que rige las comunicaciones entre los abogados y sus clientes.

De no cumplir con esta orden, el juez anunció que podría suspender el privilegio de reserva de la firma que representa al país. Por años los acreedores de bonos han intentado que los abogados que defienden a Argentina divulguen los activos argentinos en el exterior.

Días antes de la decisión, Argentina había obtenido un dictamen favorable sobre otro aspecto del litigio que mantiene con  los fondos de inversión. El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York dictó el 10 de agosto que el juez Griesa había considerado inapropiadamente darle el rango de demanda de acción colectiva a un grupo de tenedores de bonos que reclaman US$ 700 millones por el impago de la deuda argentina en 2001.

El juez de circuito Chester Straub afirmó que el juez Griesa debe limitar la definición de la acción colectiva sólo a aquellos que hayan sido titulares de las ocho series de bonos en litigio. Además, ordenó convocar a una audiencia para determinar la cantidad exacta de las pérdidas financieras.

Los fondos acreedores de los bonos fueron representados en esta audiencia por Jennifer Scullion, socia en el departamento de litigios de Proskauer Rose LLP.

La defensa de Argentina en este último procedimiento fue dirigida por Boccuzzi.

André Mendes

El escritorio brasileño L.O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel anunció el nombramiento de un nuevo socio en las áreas de litigio y “derecho de la moda”. Se trata de André Mendes do Espírito Santo, quien asume esta posición después de 14 años en el departamento de litigios de la firma en Sao Paulo.

Mendes coordinará el área de “derecho de la moda”, práctica que concibió hace tres años. El derecho de la moda, según el Fashion Law Institute, “analiza todos los aspectos legales que puedan surgir en el recorrido de una prenda de vestir, desde la idea original del diseñador hasta el armario del comprador”. Otras áreas de práctica involucradas son propiedad intelectual, derecho financiero, derecho administrativo, comercio internacional y derecho del consumidor.

Mendes es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Asimismo, es fundador, director y profesor invitado del Instituto Brasileiro de Negócios e Direito da Moda, y miembro de la Comisión de Derecho de la Moda, en la Union Internationale des Avocats, y de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual.

También ha sido profesor de la Escuela de Derecho de Sao Paulo; de la Fundación Getúlio Vargas y de la Escuela Superior de Abogacía de la Orden de Abogados de Brasil, capítulo Sao Paulo.