El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, declaró los activos de Argentina en los Estados Unidos como propiedad comercial, lo que facilita a los fondos de inversión solicitar su embargo para recuperar los USD 1.5 billones que les adeuda la nación sudamericana.

La demanda -que se ha extendido por varios años-, fue interpuesta por los fondos de inversiones de alto riesgo NML Capital, Aurelius Capital y Blue Angel.

NML es representada por Matthew D. McGill, socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP. El fondo también es asesorado por el socio Roger A. Cohen y el asociado Collin Hessney, de Dechert LLP.

La representación de Aurelius Capital es asumida por Edward A. Friedman, socio fundador de Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman LLP.

Argentina contrató para su defensa a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. En este caso participan los socios Carmine D. Boccuzzi  y Jonathan I. Blackman, y los asociados Jacob H. Johnston y Ezequiel Sánchez Herrera.

En la decisión del juez Griesa se excluyen los activos militares y diplomáticos de los reclamos de embargo.

El juez otorgó un plazo de 10 días a Argentina para entregar un listado de cualquier documento que haya considerado protegido por el privilegio de confidencialidad, que rige las comunicaciones entre los abogados y sus clientes.

De no cumplir con esta orden, el juez anunció que podría suspender el privilegio de reserva de la firma que representa al país. Por años los acreedores de bonos han intentado que los abogados que defienden a Argentina divulguen los activos argentinos en el exterior.

Días antes de la decisión, Argentina había obtenido un dictamen favorable sobre otro aspecto del litigio que mantiene con  los fondos de inversión. El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York dictó el 10 de agosto que el juez Griesa había considerado inapropiadamente darle el rango de demanda de acción colectiva a un grupo de tenedores de bonos que reclaman US$ 700 millones por el impago de la deuda argentina en 2001.

El juez de circuito Chester Straub afirmó que el juez Griesa debe limitar la definición de la acción colectiva sólo a aquellos que hayan sido titulares de las ocho series de bonos en litigio. Además, ordenó convocar a una audiencia para determinar la cantidad exacta de las pérdidas financieras.

Los fondos acreedores de los bonos fueron representados en esta audiencia por Jennifer Scullion, socia en el departamento de litigios de Proskauer Rose LLP.

La defensa de Argentina en este último procedimiento fue dirigida por Boccuzzi.

André Mendes

El escritorio brasileño L.O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel anunció el nombramiento de un nuevo socio en las áreas de litigio y “derecho de la moda”. Se trata de André Mendes do Espírito Santo, quien asume esta posición después de 14 años en el departamento de litigios de la firma en Sao Paulo.

Mendes coordinará el área de “derecho de la moda”, práctica que concibió hace tres años. El derecho de la moda, según el Fashion Law Institute, “analiza todos los aspectos legales que puedan surgir en el recorrido de una prenda de vestir, desde la idea original del diseñador hasta el armario del comprador”. Otras áreas de práctica involucradas son propiedad intelectual, derecho financiero, derecho administrativo, comercio internacional y derecho del consumidor.

Mendes es graduado en derecho de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Asimismo, es fundador, director y profesor invitado del Instituto Brasileiro de Negócios e Direito da Moda, y miembro de la Comisión de Derecho de la Moda, en la Union Internationale des Avocats, y de la Asociación Brasileña de Propiedad Intelectual.

También ha sido profesor de la Escuela de Derecho de Sao Paulo; de la Fundación Getúlio Vargas y de la Escuela Superior de Abogacía de la Orden de Abogados de Brasil, capítulo Sao Paulo.

Guerrero Olivos asesoró a la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes en la elaboración del contrato de arrendamiento del edificio corporativo que servirá de sede principal a la empresa. El inmueble, ubicado en Santiago, fue arrendado a la filial chilena de MetLife, en un acuerdo suscrito el pasado 31 de julio de 2015.

El grupo asegurador contó con la asesoría de Fontaine & Cía. Abogados, y el monto de la transacción fue de USD 32 millones. El equipo estuvo conformado por los asociados Javiera Serani, Sebastián Sochting y Cecilia Molina.

Por otro lado, el equipo de Guerrero Olivos estuvo conformado por el socio Martín Santa María y el asociado Tomás Rosemary. También participó el asesor legal interno de la empresa, Andrés Medina.

Los Andes es la caja de compensación de asignación familiar más grande en su segmento, con 50% de cuota de mercado.

La empresa constructora Salini Impregilo amenaza con exigir a Panamá el pago de USD 2.2 billones en un tribunal internacional en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones entre Italia y la nación del istmo.

La cifra surge de un cálculo de pérdidas financieras causadas por “acciones y omisiones” de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en el proyecto de construcción del tercer juego de esclusas, que permitirá ampliar el tránsito marítimo por el canal.

En una carta del 16 de julio, el presidente de la compañía, Pietro Salini, planteó al presidente panameño, Juan Carlos Valera, iniciar un proceso de negociación y consulta con las autoridades del país. La empresa invoca el Tratado Bilateral de Inversiones entre Italia y Panamá como marco para resolver la disputa.

Altos funcionarios de la administración panameña ya han expresado que la posición del Estado es que cualquier reclamo debe ser resuelto en las instancias fijadas en el contrato de adjudicación del proyecto.

La empresa responsabiliza al Estado panameño por haber ocultado información geotécnica sobre las condiciones del terreno en el sitio de la obra, y por no haber informado sobre la calidad del basalto extraído de un yacimiento cercano y que se utiliza para elaborar la mezcla de concreto. Señala además que la ACP no ha actuado con transparencia y celeridad para evitar incrementos en el presupuesto y pérdidas para la compañía.

Salini Impregilo forma parte del consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), junto con la constructora española Sacyr; la belga Jan De Nul, y la panameña Constructora Urbana. En 2009, estas empresas obtuvieron el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas, por USD 3.18 billones. El presupuesto total de la ampliación del Canal asciende a USD 5.2 billones.

El reclamo multimillonario de Salini es independiente de una serie de demandas del consorcio GUPC contra la ACP y que totalizan USD 2.68 billones.

Conflictos contractuales y laborales paralizaron la obra por varias semanas en febrero y abril de 2014. En agosto del año pasado, el consorcio y la administradora del canal llegaron a un acuerdo para finalizar el tercer juego de esclusas, que no contemplaba el reconocimiento de sobrecostes o reclamos.

Las partes acordaron extender la culminación de las compuertas hasta diciembre de 2015, lo que permitiría iniciar operaciones comerciales en el primer trimestre de 2016.

En enero de este año, la Junta de Resolución de Conflictos, la segunda instancia creada en el contrato para zanjar diferencias contractuales, dictaminó que la ACP debía pagar USD 233 millones al consorcio, un monto que parcialmente reconoce uno de los reclamos por sobrecostes de los contratistas. Panamá apeló esta decisión ante el tribunal de arbitraje contemplado en el contrato, que estipula que las partes deben reunirse en Miami y que el procedimiento debe regirse de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.

En abril de 2014, las partes designaron a sus árbitros en un panel de arbitraje para decidir sobre reclamos contractuales que totalizan USD 1.6 billones. GUPC contrató a Bernardo Cremades, de B Cremades y Asociados.

Cremades había representado a Salini Impregilo en una disputa por un proyecto hidroeléctrico en Pakistán. La demanda fue llevada ante un tribunal de arbitraje bajo las reglas del CIADI. El desacuerdo fue resuelto en 2005.

GUPC también cuenta con la representación de Bonelli Erede Pappalardo, en Italia. El equipo está formado por los socios Paolo Di Giovanni y Paolo Daino y el of-counsel Antonio Crivellaro. El consorcio también es representado por Carolyn Lamm, jefa del departamento de arbitraje internacional de White & Case LLP.

La ACP fue representada por Robert Gaitskell, de Keating Chambers, y por Nick Henchie, director de la constructora Vinson & Elkins, y quien a su vez trabaja con un equipo de abogados de su antigua firma, Mayer Brown LLP.

Gaitskell fue parte de un tribunal de arbitraje que rechazó un reclamo de Salini Impregilo en contra de Uganda, luego de que este país se negara a pagar desembolsos adicionales por un proyecto de construcción vial.

Estudio Garrido Abogados asesoró a Celulosa Argentina S.A. en la emisión de obligaciones negociables simples (clase 4) realizada en julio. El monto de la emisión fue de USD 280 millones.

Puente Hermanos S.A. actuó como organizador y colocador de la deuda y fue asesorado  por Bruchou, Fernández  Madero & Lombardi. El equipo estuvo conformado por  el socio Carlos Lombardi y los asociados Alejandro Perelsztein, Javier Swiszcz, Leandro Belusci y Agustín Bauer.

Por su parte, el equipo de Estudio Garrido Abogados que representó a Celulosa Argentina S.A. estuvo integrado por los socios Eugenio Bruno y el asociado Martín Tolivia. Gustavo Enrique Garrido, socio senior del despacho, forma parte de la junta directiva de Celulosa Argentina.

Celulosa Argentina gestiona recursos forestales y comercializa y distribuye productos en el mercado argentino y global. Además, posee operaciones comerciales e industriales en Uruguay.