En Carolina del Norte (Estados Unidos) un horticultor se ha dedicado por décadas a “cazar” manzanas tradicionales cuyo cultivo (dirigido o espontáneo) cesó en los Apalaches. Tom Brown es el ingeniero químico que hizo de su jubilación un momento para redescubrir variedades tradicionales de manzanas que se estandarizaron en los siglos XVIII y XIX, así como a buscar variedades de manzanas raras y “perdidas” en el estado y sus alrededores.
Gracias a su trabajo, este horticultor ha devuelto a la vida o redescubierto más de 1.200 variedades (700 de ellas consideradas “muy raras”) que no habían estado disponibles comercialmente desde el siglo XX.
Brown no es el único, como él hay diversos agricultores e iniciativas concentradas en preservar o rescatar cultivos ancestrales como el proyecto Milpa Sustentable, en la Península de Yucatán (México), que trabaja en resguardar la diversidad genética de las principales variedades de maíz nativo de la zona, mediante la conservación de semillas, entre las que hay diversas variedades en peligro de extinción.
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Iniciativas como esta y la de Brown no están pensadas únicamente para conservar semillas y conocimientos ancestrales, usualmente parte de la herencia cultural de las comunidades que asisten, sino también en desarrollar variedades resistentes a las nuevas condiciones climáticas, tarea que podría antojarse particularmente urgente tomando en cuenta que, según Bloomberg, “este año se han batido récords en todos los sentidos equivocados” respecto al clima y su ya evidente cambio global.
De acuerdo con Enriqueta Molina Macías, consultora independiente en propiedad intelectual dentro del sector agroalimentario, para tener éxito en el resguardo de semillas y especies nativas es menester involucrar a los sistemas de propiedad intelectual nacionales en la actividad agrícola y la obtención de variedades vegetales.
La vinculación entre los recursos genéticos (particularmente los recursos fitogenéticos para alimentación y la agricultura) y la propiedad intelectual es la base para la investigación y generación de nuevas variedades vegetales, es su fuente de innovación y de mejoramiento.
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No obstante lo anterior, y a pesar de que la mayoría de los países pertenecen a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), así como que han implementado leyes de protección de variedades vegetales, aún existen ciertos vacíos y dificultades en la protección de cultivos originales y su explotación comercial. Molina Macías los caracteriza como la falta de coordinación entre las autoridades, los centros de investigación, las empresas y los agricultores.
La abogada indica que una de las principales trabas en la coordinación reside en que los intereses de cada grupo son contrastantes y, desde el gobierno, suele fallarse en ver cuánto potencial tiene el estudio y conservación de los recursos genéticos.
“A veces hay un divorcio entre quienes manejan la parte ambiental y los que manejan la agricultura, por esto se falla en ver las ventajas competitivas que ofrecen las variedades vegetales. A veces también se falla en entender que concebir a los cultivos tradicionales como patrimonio cultural es fortalecer la soberanía alimentaria por encima de las leyes del mercado y la libre competencia".
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Cultivar es involucrar a las personas
Agri y horticultores enfrentan a menudo las dinámicas de transnacionales que suelen tener prácticas depredadoras sobre los cultivos y tierras ancestrales, como sucede en Guatemala, donde campesinos indígenas del país se han movilizado, junto con la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (Redsag), contra la llamada Ley Monsanto (Ley 6283 o Ley para la Protección de Obtención de Vegetales) que propone una normativa que los campesinos describen como un intento de privatizar las semillas tradicionales y disolver los conocimientos ancestrales.
A finales de septiembre, ambos grupos emitieron una declaración conjunta en la que se mostraron contrarios a la propuesta de permitir cultivos transgénicos en Guatemala sin el previo consentimiento de las comunidades locales, que consideran un atentado contra sus derechos fundamentales. Asimismo, los campesinos exigieron la entrada en vigor de la iniciativa 6086, que contiene el proyecto de Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales.
Esta polémica iniciativa le daría a Monsanto la capacidad de ejercer derechos de obtentor sobre semillas originarias, autóctonas o endémicas del patrimonio nacional, que podrán registrar, inventariar, controlar su composición genética y comercializar, por lo que los pueblos originarios deberían pagar por sus propias semillas.
Además, esta ley estipula el delito de violación al derecho de obtentor (que sería Monsanto) y establece penas de prisión y multas para aquellos que produzcan, comercialicen o transporten material de una variedad protegida.
Circunstancias como esta se repiten en varias naciones, donde las grandes empresas quieren grandes ganancias, por lo que establecen —con la anuencia de las autoridades— zonas de producción y protección que terminan desplazando a las comunidades autóctonas.
Esto genera, según Molina Macías, que no solo los campesinos endógenos eventualmente pierdan sus conocimientos y semillas ancestrales, al no poder cultivarlas, sino que la investigación (privada o pública) local se paralice, ya que la competencia contra el enorme músculo financiero y legal que termina siendo una transnacional desestimula las inversiones en investigación y desarrollo.
Esto tiene además otro componente negativo, como la falta de educación en propiedad intelectual y apoyo gubernamental, los campesinos originarios suelen dejar de lado el registro de sus propias variedades vegetales, excluyendo sus recursos genéticos del sistema de protección industrial e intelectual, explica la experta.
Aún así, dice Liliana Galindo Díaz, coordinadora de litigios de patentes de OlarteMoure, es importante señalar que los beneficios de la protección de obtenciones vegetales a través del convenio de la Upov son “significativos”, porque facilitan el acceso a nuevas y mejores variedades, fomentan el fitomejoramiento y no implican la privatización de semillas ni socavan los conocimientos ancestrales.
“Es fundamental aclarar que el tema de los cultivos transgénicos está regulado por normativas diferentes a la propiedad intelectual de las variedades vegetales, y se recomienda consultar la legislación vigente en cada país, enmarcada por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica”, precisa.
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Iximulew
En maya-quiché, Ixim Ulew significa “tierra de maíz” y es el nombre bajo el que se denominan los campesinos guatemaltecos que luchan contra la aprobación de la Ley Monsanto y el del Instituto Agroecológico Latinoamericano (IALA, dedicado a la formación agroecológica para la construcción de la soberanía alimentaria en comunidades de origen). América, especialmente Mesoamérica, tiene una amplia variedad de razas de maíz que han sido conservadas por siglos. Los americanos, dice el Popol Vuh, somos personas de maíz.
Es, como dice Molina Macías, un ejemplo de recurso genético que depende de la documentación (puesto que se siguen descubriendo especies) y que requiere hacer inventarios y estudios de caracterización, además de elaborar para este estrategias de conservación in situ, crear bancos comunitarios de semillas y germoplasma y promover su uso sustentable, para poder capitalizar su cultivo, ya vinculado con los derechos de PI.
“Es necesario saber qué pasa y qué hacer cuando se hace un mejoramiento sobre este o cualquier otro cultivo y este pasa, mediante selección de la semilla o la biotecnología, a ser algo novedoso y merecedor de una patente".
En varios países, existen leyes o propuestas destinadas a proteger obtenciones vegetales que algunas personas argumentan buscan privatizar semillas y erosionar conocimientos ancestrales, “especialmente al permitir experimentos y cultivos transgénicos sin el consentimiento de las comunidades locales”, apunta Galindo Díaz, quien considera importante señalar que los beneficios para los obtentores de la Upov radican en promover la creación de nuevas variedades vegetales para agricultores de diversos recursos, ya sean comerciales o con escasos recursos.
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Por ejemplo, en Colombia, la legislación aplicable (como la Decisión 345 de la Comunidad Andina y la Ley 243 de 1995) provee diferentes excepciones y mecanismos para equilibrar potenciales riesgos que puedan existir para agricultores con conocimientos ancestrales.
“Es así como la Decisión 345 (de la Ley 243) reconoce la costumbre campesina de seleccionar, intercambiar y vender semillas, y el derecho del obtentor no se ve afectado si se reserva y siembra para uso propio o vende el producto obtenido como materia prima o alimento”.
Para la experta colombiana, este tipo de leyes contribuye a proporcionar variedades de mayor rendimiento y calidad para el beneficio de la sociedad. Además, el sistema contempla prácticas realizadas por dichas comunidades como excepciones.
De igual forma, para proteger las variedades vegetales locales, especialmente las provenientes de cultivos ancestrales, el sistema de la Upov no establece restricciones sobre el tipo de obtentor (que puede ser una persona común, un agricultor, un investigador, una institución pública o privada), “por lo tanto, las variedades vegetales locales también pueden beneficiarse de la protección que ofrece este sistema de derechos de obtentor”.
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Esta es la razón por la que es tan importante que se promueva entre las comunidades agrícolas el conocimiento sobre los procesos que protegen sus cultivos y las excepciones que establece la ley sobre sus recursos genéticos y variedades vegetales, para que se fomente la innovación, pero que también se preserven los derechos de propiedad intelectual a pesar de los vacíos o confusiones que puedan existir respecto al registro o uso de patentes, alimentos transgénicos y el uso de tecnología para el que cada uno tiene su propio marco legal, señala Enriqueta Molina.
En términos generales, el sistema no excluye a las comunidades en su protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, aunque todavía hace falta un instrumento internacional que armonice diferentes temas relacionados con los derechos de obtentor y otros mecanismos de PI, apunta la abogada de OlarteMoure, quien asevera que la mejor manera de proteger los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore mediante los derechos de propiedad intelectual es establecer un marco jurídico internacional eficaz.
“Aunque el sistema de la UPOV puede ser un punto de referencia, podría ser necesario desarrollar un esquema sui generis que se ajuste a las particularidades de estos conocimientos y recursos”.
En este sentido, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (Ompi) ha iniciado diferentes esfuerzos, entre ellos, la creación de un Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) para abordar las discusiones globales sobre la mejora de los cultivos, sin poner en riesgo los recursos genéticos ancestrales y el trabajo de los agricultores tradicionales.
Lograr el equilibrio entre la producción de comunidades locales y la libre empresa depende de tener en cuenta la coexistencia de diferentes formas de agricultura, sobre todo porque las mejoras en las variedades vegetales son cruciales para aumentar la productividad y la calidad del producto (esencial para la seguridad alimentaria mundial), así que “la clave está en equilibrar el desarrollo de nuevas variedades con la preservación de los conocimientos y recursos tradicionales, asegurando una producción agrícola sostenible”, resalta.
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