El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Thomas Griesa, declaró los activos de Argentina en los Estados Unidos como propiedad comercial, lo que facilita a los fondos de inversión solicitar su embargo para recuperar los USD 1.5 billones que les adeuda la nación sudamericana.
La demanda -que se ha extendido por varios años-, fue interpuesta por los fondos de inversiones de alto riesgo NML Capital, Aurelius Capital y Blue Angel.
NML es representada por Matthew D. McGill, socio de Gibson, Dunn & Crutcher LLP. El fondo también es asesorado por el socio Roger A. Cohen y el asociado Collin Hessney, de Dechert LLP.
La representación de Aurelius Capital es asumida por Edward A. Friedman, socio fundador de Friedman, Kaplan, Seiler & Adelman LLP.
Argentina contrató para su defensa a Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP. En este caso participan los socios Carmine D. Boccuzzi y Jonathan I. Blackman, y los asociados Jacob H. Johnston y Ezequiel Sánchez Herrera.
En la decisión del juez Griesa se excluyen los activos militares y diplomáticos de los reclamos de embargo.
El juez otorgó un plazo de 10 días a Argentina para entregar un listado de cualquier documento que haya considerado protegido por el privilegio de confidencialidad, que rige las comunicaciones entre los abogados y sus clientes.
De no cumplir con esta orden, el juez anunció que podría suspender el privilegio de reserva de la firma que representa al país. Por años los acreedores de bonos han intentado que los abogados que defienden a Argentina divulguen los activos argentinos en el exterior.
Días antes de la decisión, Argentina había obtenido un dictamen favorable sobre otro aspecto del litigio que mantiene con los fondos de inversión. El Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York dictó el 10 de agosto que el juez Griesa había considerado inapropiadamente darle el rango de demanda de acción colectiva a un grupo de tenedores de bonos que reclaman US$ 700 millones por el impago de la deuda argentina en 2001.
El juez de circuito Chester Straub afirmó que el juez Griesa debe limitar la definición de la acción colectiva sólo a aquellos que hayan sido titulares de las ocho series de bonos en litigio. Además, ordenó convocar a una audiencia para determinar la cantidad exacta de las pérdidas financieras.
Los fondos acreedores de los bonos fueron representados en esta audiencia por Jennifer Scullion, socia en el departamento de litigios de Proskauer Rose LLP.
La defensa de Argentina en este último procedimiento fue dirigida por Boccuzzi.
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