Perú está saldando sus deudas en materia ambiental. En 2021 se aprobó la Resolución Ministerial 096-2021-MINAM, que contiene el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, un documento que servirá como base para actualizar la estrategia que el Estado tiene frente a esa problemática. Ese año también se aprobó la Política Nacional del Ambiente de 2023.
En una revisión del estatus del cumplimiento del país y a 2 años de la publicación de estas normas, Nicole Freire, abogada especializada en derecho regulatorio, ambiental y de los recursos naturales y quien recientemente fue nombrada asociada principal de la práctica ambiental de Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International, expone que los frentes urgentes de atención de cara a la actualización de la estrategia son establecer reglas claras sobre la minería ilegal, el tráfico de madera, la invasión y el tráfico de tierras, así como para el cambio de bosques por zonas de cultivo que degradan la Amazonía y la actualización regulatoria de los sectores pesca y agricultura.
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Mientras la actualización sucede, los énfasis de la autoridad están definidos en el Plan Anual de Fiscalización Ambiental, el instrumento por el que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) programa sus fiscalizaciones. Este año se realizará la transferencia de funciones de supervisión y fiscalización al OEFA de los sectores de salud, justicia, educación, transporte y comunicaciones, defensa y cultura.
“Creemos que las fiscalizaciones serán más exhaustivas para las empresas mineras. OEFA está dando bastante ahínco a aquellas unidades que se encuentran realizando actividades de cierre para verificar el cumplimiento del cronograma de actividades. Por otro lado, prioriza la verificación del cumplimiento de aquellas medidas preventivas y correctivas impuestas. El incumplir una medida preventiva o correctiva acarrea la imposición de una multa. En caso de que persista el incumplimiento de la medida, se puede imponer una multa coercitiva, de manera sucesiva e ilimitada, hasta que se acredite el cumplimiento”, detalla la especialista.
Sanciones y cumplimiento normativo
Al respecto, Valentín Paniagua, socio en el Estudio Echecopar y líder de la práctica de Recursos Naturales de la Firma, refiere que el incremento en el monto de las multas y el rigor de las fiscalizaciones de OEFA no significa necesariamente que con ello se promueva el cumplimiento de las normas pues, sin importar los esfuerzos de los administrados, las sanciones terminan siendo drásticas.
“Creo que sería mucho más eficiente que, en lugar de destinar recursos para pagar una multa al OEFA, se destinen esos montos para remediar daños al ambiente o construir la infraestructura ambiental que se requiera. Finalmente, la razón de ser del OEFA no es sancionar con multas a los administrados, sino promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales para contribuir de esa manera al desarrollo sostenible”, expone el especialista.
Criterios ESG para impulsar el cuidado ambiental desde el sector privado
Ina María Drago, socia de la práctica minera y ambiental del bufete, comenta que a través de las asesorías que ha facilitado la Firma en los últimos años, se ha dado cuenta de que las empresas peruanas están priorizando entre otros temas, el ESG (environmental, social y governance), la reducción de emisiones, el uso de fuentes renovables en su matriz energética, la puesta en marcha de proyectos de economía circular, la atención en políticas de diversidad, equidad e inclusión social, así como garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la cadena de suministro.
Las ventajas de incluir los criterios ESG en las organizaciones, de acuerdo con Drago, son, por ejemplo, la mitigación de riesgos financieros y reputacionales asociados con los impactos ambientales y sociales de sus operaciones; acceso a financiamientos, ya que los inversores y prestamistas están cada vez más interesados en las empresas que adoptan estas prácticas; la posibilidad de fomentar la innovación en los procesos y productos de las empresas logrando mejoras en las eficiencia y rentabilidad a largo plazo y la atracción y retención de talentos comprometidos y motivados que se sientan orgullosos de trabajar en organizaciones preocupadas por el medio ambiente y la sociedad.
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¿Cómo se refleja la inclusión de estos criterios en el fortalecimiento en materia ambiental en el país? Algunas empresas con visión sostenible, refiere Ina María Drago, en el último año han invertido en la ejecución de obras por impuesto en agua y saneamiento; también se han generado proyectos ligados a la gestión de los recursos hídricos, por ejemplo, el diseño e implementación de micro reservorios en ciertas comunidades.
Freire, Paniagua y Drago coinciden en que el contexto crítico que atraviesa al Perú por las emergencias naturales, la sanitaria y la política demanda al Estado la flexibilización de procedimientos y criterios de evaluación para promover la inversión productiva.
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