El Parlamento Europeo ha buscado reforzar los controles para frenar la deforestación y hacer frente al cambio climático; por ello, a finales del año pasado, aprobó el acuerdo político para una nueva normativa que cerrará el mercado del viejo continente a las importaciones de alimentos e insumos cuya producción haya contribuido a la destrucción y degradación de bosques con el objeto de extender la superficie agrícola. Este ha sido aprobado el 19 de abril de 2023, un paso definitivo para su entrada en vigencia*.
"La norma pretende evitar la conversión de los bosques en tierras para uso agrícola, independientemente de si es de origen antrópico o no", explica Manuel Frávega, socio del escritorio argentino Beccar Varela, quien reconoce que la ley representa un gran desafío para todo productor regional que desee comercializar sus bienes en Europa.
Considerada como una ley pionera en su tipo, el Reglamento para minimizar la deforestación y la degradación forestal provocadas por la UE asegura que las empresas que deseen vender en Europa madera, café, cacao, aceite de palma, soya y carne de res y sus derivado hayan respetado las normas establecidas en cuanto a espacios utilizados para su cultivo, amén de cumplir otras reglas relacionadas con el procesamiento que conforman el universo de normas sobre su trazabilidad.
“El impacto será directo sobre actividades que tienen una alta incidencia de deforestación, por lo que las acciones que necesiten de mayor uso de la tierra, de uso de recursos naturales u otras relacionadas se van a ver afectadas, no solo en ciertos países sino en todo el mundo”, señala Camila Del Villar, socia experta en materia ambiental en DLA Piper Martínez Beltrán.
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Desde la raíz
De acuerdo con un estudio presentado por la Alianza Cero Deforestación, ONG conformada por Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Coordinadora Estatal de Comercio Justo, entre otros, Europa es el segundo mayor responsable mundial de la reducción de bosques tropicales (detrás de China), cargando con la destrucción del 16 % de su masa vegetal entre 1990 y 2020. Esto equivale a más de 420 millones de hectáreas, una superficie mayor que Europa misma.
La deforestación incorporada fue mayor en productos provenientes de Brasil, Indonesia, Argentina y Paraguay; lista en la que también figuran insumos colombianos y centroamericanos.
El estudio también señala que solo en 2017 Europa fue causante de la liberación a la atmósfera de 116 millones de toneladas de dióxido de carbono, asociado a la producción de alimentos. Por esto, entre las metas de la Unión Europea (UE) está reducir cada año al menos 31,9 millones de toneladas métricas de CO2, lo que se traduciría en un ahorro económico de unos 3.200 millones de euros anuales.
La ley, aunque ya vigente, ofrece un plazo de hasta 18 meses para que se cumplan los parámetros establecidos para la producción de los siete bienes antes mencionados, así como sus derivados, como cueros, caucho, papel impreso, muebles, cosméticos y chocolate. Estos productos explícitamente se mencionan en la norma y se prevé que el listado se irá ampliando según los patrones de deforestación observados, lo que ha sido bien recibido por los ambientalistas que criticaron la norma por el escaso número de productos que incluía.
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¿Qué busca la ley?
La principal exigencia de la ley —también muy criticada por los ambientalistas dada la cercanía del período límite— es que los bienes incluidos en la lista inicial exportados a Europa fuesen producidos en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020, obligando a los productores a proporcionar una declaración de debida diligencia con información geográfica precisa sobre el terreno de cultivo, crianza o pastoreo, por ejemplo, además de los detalles que permitan identificar en cualquier etapa específica de la cadena de producción de dónde proviene el alimento.
¿Cómo funcionarán las fiscalizaciones?
Para ello, los países miembros de la UE están obligados a realizar controles de cumplimiento a por lo menos 9 % de las empresas que exporten desde naciones consideradas en alto riesgo de deforestación, al menos a 3 % de las empresas que importan de países de riesgo medio y 1 % de naciones de riesgo bajo, clasificación que deberá realizarse antes de mediados de 2023.
El incumplimiento no solo podría exponer a las empresas infractoras al retiro de sus productos, sino que podría dar lugar a multas de hasta el 4 % del volumen negociado con cualquier país europeo.
Desde Beccar Varela se recuerda que la norma exige a los agentes exportadores:
- La recopilación de la información necesaria que demuestre que las materias primas y productos derivados relevantes son libres de deforestación (por ejemplo, coordenadas de geolocalización de las parcelas donde fueron producidos) y que fueron producidos de conformidad con la legislación pertinente del país productor.
- Las medidas de evaluación del riesgo para determinar si existe riesgo en las materias primas y productos derivados relevantes que se van a introducir en el mercado de la UE. Si los agentes no pueden demostrar que el riesgo de no conformidad es despreciable, no podrán acceder al mercado.
- La evaluación del riesgo deberá tener en cuenta, por ejemplo, el nivel de riesgo asignado al país considerado o de sus zonas, la presencia de bosques en el país y zona de producción, la prevalencia de la deforestación o la degradación forestal en el país, la región y la zona de producción de la materia prima o el producto derivado relevante, entre otros.
- Las medidas de reducción del riesgo. A menos que el análisis realizado permita determinar que no existe ningún riesgo o que existe solo un riesgo despreciable de que las materias primas y productos derivados relevantes no cumplan los requisitos de la norma, el agente adoptará, antes de introducir esos bienes, procedimientos y medidas de reducción de riesgo que sean adecuados para conseguir que el riesgo sea nulo o despreciable. Por ejemplo, puede solicitar información, datos o documentos adicionales, realizar estudios o auditorías independientes o aplicar otras medidas.
También se recuerda que la norma prevé disposiciones simplificadas para las pequeñas y medianas empresas.
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Con olor a café
Brasil, Argentina y Colombia figuran entre las naciones que han criticado la normativa, en virtud del seguro encarecimiento de sus exportaciones a suelo europeo, tomando en cuenta las erogaciones que tendrán que hacer para cumplirla, en particular, lo relativo a la trazabilidad.
“Obviamente, va a tocar inyectar capital no solo en el mejoramiento de tecnologías, sino también en el mejoramiento de la cadena de valor para saber de dónde vienen las materias primas, qué tipo de combustible usan los transportadores y otras acciones para disminuir la huella de carbono”, señala Camila Del Villar.
Siendo el café el producto de exportación bandera de Colombia y uno de los bienes de aplicación de la ley, estará en el ojo de los reguladores europeos. Por ello, Del Villar cree que los exportadores colombianos deben reforzar la correcta medición de la huella de carbono, algo que asegura ya se viene cumpliendo.
“El café es uno de los sectores que ha mejorado sus prácticas, punteando el tema de trazabilidad y sostenibilidad, pero igual no deja de requerir la utilización de amplias áreas para su cultivo”, agregando que es indispensable en una etapa inicial de diagnóstico para medir el alcance de la ley, tener claros todo el impacto ambiental y social del cultivo y todas las actividades asociadas.
Colombia alcanzó, en 2021, un aumento significativo de sus exportaciones de café hacia Europa, cuyo valor se ubicó en poco más de 1.000 millones de dólares, un alza superior a 19 % respecto al año anterior. Esto se traduce en que se dirigió un tercio de las exportaciones del aromático grano al mercado del viejo continente, que totalizaron ese año 2.091 millones de dólares, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros.
Previendo que la entrada en vigencia del reglamento podría inducir al replanteamiento progresivo de los modelos de negocios vigentes, la experta en derecho ambiental cree que tendrá un efecto positivo para Colombia, en tanto reforzará las políticas de conservación de bosques, cuyo potencial para la emisión de bonos de carbono considera enorme. “Esto puede ser una forma alternativa de ingresos económicos”, acota.
De igual manera, recuerda que en Colombia existe el pago por servicios ambientales, figura que ofrece recompensas a las empresas que realicen actividades de conservación o presten servicios en pro del ambiente. “Esto es un estímulo, pues son ingresos paralelos”, afirma.
Señala -además- que ya existe conciencia entre los productores y exportadores respecto del tema, la mayoría de ellos —con la excepción de los productores de combustibles fósiles— con una percepción positiva sobre la ley como herramienta para mejorar y hacer sus procesos más sostenibles.
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Un reto para todos
Manuel Frávega, director de la práctica derecho ambiental y cambio climático en Beccar Varela, es directo al señalar que la ley representa un enorme desafío para los exportadores y las autoridades en la Argentina.
"Implica redefinir los modos de producción en algunas zonas de nuestro país y optimizar la dimensión ambiental de la gestión agropecuaria en línea con el imperativo resultante del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 (ODS 12). También representa un reto importante para el sector público en cuanto a la gestión de la información, la planificación del ordenamiento territorial y la modernización y eficacia del control ambiental asociado a esta actividad", dice.
No obstante el reto, asegura que también es una gran oportunidad para los exportadores locales tomando en cuenta que les permite ampliar la sinergia entre la productividad, innovación tecnológica, competitividad y sostenibilidad del sector agroindustrial.
"El país podría colocarse en una posición ventajosa si se potencia con los estándares de la nueva regulación de la UE".
Del mismo modo, Frávega asegura que en Argentina se han dado acciones concretas para mitigar la afectación al ambiente por la actividad humana, como la Resolución 447/19, que prevé medidas estructurales para el fortalecimiento de las capacidades de control y la gobernanza "que optimice el accionar institucional sobre los bosques nativos; así como medidas operativas en planificación del uso de territorios a través del ordenamiento ambiental territorial, el manejo sostenible del bosque, la prevención de incendios, la restauración de bosques degradados y la recuperación de áreas deforestadas".
Resalta -además- la existencia de la Ley 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos de 2007, con la que se creó el Programa Nacional de Protección de los Bosques. Esta promueve su conservación mediante el ordenamiento territorial (OTBN) y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, para compensar a las jurisdicciones que conserven los bosques.
Adicionalmente, Argentina inició un proyecto de pago por resultados REDD+ que cuenta con un aporte de 82 millones de dólares del Fondo Verde para el Clima, una retribución por los planes realizados entre 2014 y 2016, que permitieron disminuir las emisiones de 165 millones de toneladas de CO2eq.
"En los últimos meses, en Argentina hemos experimentado un aumento sostenido de desarrollo de proyectos forestales de captura de carbono y reducción de emisiones, esto significa una oportunidad para atraer inversión en este sector. Esto implica no solo réditos económicos por la generación de los créditos de carbono, sino también un aporte de impacto social para las comunidades locales y beneficios ambientales", destaca.
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Más allá de lo legal
Al señalar que la ley representa que la “sustentabilidad llegó para quedarse y acompañarnos durante varias décadas”, Horacio Franco, socio fundador de Franco Abogados, firma argentina de consultoría ambiental, estima que brinda enormes oportunidades de diferenciación para las empresas que se adapten, y significará un riesgo para quienes la subestimen, en tanto que pueden ver restringidas sus exportaciones o quedar fuera del juego frente a uno de los mercados más importantes para las materias primas argentinas.
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Argentina es acusada de ser una de las naciones que mayor impacto tiene en la desforestación, no tanto por la producción de carne de bovino (13 % de sus exportaciones cárnicas van a la UE), sino por la soya —insumo básico en la alimentación animal—, cuya creciente producción es la causa de la destrucción del Gran Chaco, territorio compartido con Paraguay y Brasil.
Franco trae a colación otro importante punto para quienes no cumplan la ley: el riesgo reputacional que, asegura, puede ser tanto o más temible que el riesgo legal.
“El riesgo reputacional se traduce no solo en la reducción del valor de la empresa, sino también en pólizas de seguro mucho más caras, retracción o cese del financiamiento, pérdida de la atención de inversores que migran hacia otros proyectos”, afirma.
Conozco y analizo, luego actúo
Si bien será en 2024 cuando comience a aplicarse, los 18 meses que concede la ley para adaptarse a sus requerimientos podrían incluso ser poco para aquellas empresas menos preocupadas por cumplir con las exigencias que la trazabilidad demanda.
Al respecto, Camila Del Villar señala que lo primero que debe hacerse es “un proceso de debida diligencia dentro de la debida diligencia”, es decir, conocer a profundidad la normativa y sus implicaciones para luego hacer un diagnóstico del impacto ambiental, social y de gobierno corporativo.
“Hay que preguntarse cuán preparados estamos si tuviéramos que cumplir la normativa hoy”, dice.
Manuel Frávega estima que la respuesta requerirá "compromiso, inversión, innovación, colaboración con un enfoque multidisciplinario y asesoramiento especializado para consolidar un desarrollo productivo y sostenible e iniciar un camino de transformación hacia la resiliencia y la carbononeutralidad".
Horacio Franco, por su parte, agrega que por tratarse de una materia muy específica y que puede afectar un importante nicho de mercado, es preciso contar con una asesoría especializada. “No es tarea para improvisados”, señalando que el equipo multidisciplinario debe incluir expertos en huella de carbono, servicios geográficos, servicios agroambientales, de software, etc.
“Ya no alcanza con decir yo cumplo, pero no sé lo que hace mi proveedor”, puntualiza.
*Última actualización, 21 de abril de 2023.
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