Con un Producto Interno Bruto (PIB) que para 2023 habría superado los 102.000 millones de dólares en su balance general y 5.795 dólares per cápita, Guatemala es, a todas luces, la mayor economía de Centroamérica y una de las más sólidas de la región en términos nominales, estimándose que el año recién concluido experimentó un crecimiento de 3,5 %, de acuerdo con los cálculos del Banco de Guatemala (Banguat, Banco Central), que adelanta un alza para este indicador en 2024 de entre 2,5 % y 4,5 %.
Estas predicciones macroeconómicas podrían revertirse a consecuencia de la crisis política que atraviesa el país, que incluso amenazó la transición de poder entre el saliente Alejandro Giammattei y el entrante Bernardo Arévalo, por presuntas irregularidades en la conformación del partido que apoyó el triunfo de este frente a la candidata oficialista, la exprimera dama Sandra Torres, aderezado con acusaciones de fraude durante la segunda vuelta electoral en la que el progresista resultó electo.
Si bien Arévalo finalmente asumió la Presidencia de la Nación este 14 de enero, la conflictividad se mantiene debido a varias investigaciones en su contra y de su partido (Movimiento Semilla), abiertas por la Fiscalía General, manifiestamente contraria al nuevo gobierno. Las consecuencias de la incertidumbre originada son palpables, con la baja de los bonos del Tesoro que, por 1.000 millones de dólares, colocó Guatemala en el mercado internacional a mediados del año pasado.
Los analistas auguran que, de mantenerse la situación de pugna, se atentaría contra las expectativas de crecimiento para este año.
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Panorama político
Tras varios meses de turbulencia política que pusieron en duda la asunción del nuevo Gobierno (prevista por la Constitución para el 14 de enero), Bernardo Arévalo asumió como el noveno presidente de Guatemala tras el fin de la guerra civil (1960 – 1996), un logro que algunos analistas no atribuyen al abanderado de Semilla, el partido político, sino al descontento popular contra los partidos tradicionales.
“A través de acciones legales se generó incertidumbre para impedir que asumiera el nuevo gobierno. Esto fue objeto de pronunciamiento de distintas misiones electorales, socios diplomáticos y hasta el Consejo Permanente de la OEA. Esta falta de certeza en la ordenada transición democrática no se había percibido en el país desde hace más de 30 años. Esto va a repercutir en la estabilidad y confianza”, afirma el especialista en derecho constitucional y arbitraje Alexander Aizenstatd.
El también notario y profesor universitario asegura que, en materia legal, el nuevo gobierno recibe un Ministerio Público con una percepción pública muy debilitada, lo que -sumado a la renuncia solicitada por Arévalo de la fiscal general María Consuelo Porras- conforma un ambiente de inestabilidad y falta de cooperación entre ambos órganos del Estado.
“Es indispensable que exista independencia, pero a su vez ambos requieren del auxilio del otro para cumplir con sus funciones. Este choque caracterizará los primeros meses de la gestión”, añade.
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Crecimiento por inercia
Desde el punto de vista macroeconómico, Guatemala pareciera ser un país muy estable. Su producto interno bruto (PIB) sería, en 2024, uno de los más altos de la región, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en octubre lo estimó en 3,5 %, el doble de Latinoamérica (1,7 %). Con un tipo de cambio que en los últimos 10 años ha mantenido la estabilidad, entre 7,60 y 7,80 quetzales por dólar, un déficit fiscal de 2 % (bastante manejable), una inflación controlada por disciplina fiscal (4,18 %) y reservas internacionales por encima de los 20.000 millones de dólares, a lo que se adicionan otros 20.000 millones de dólares en remesas, la solidez parece garantizada. No obstante, el panorama completo comprende otros componentes.
“Tenemos una gran desigualdad social, una pobreza extrema muy extendida, economía subterránea y una informalidad que supera al 70 % de la población. Los indicadores promedio dicen que estamos muy bien, pero eso no se refleja en la disminución de la pobreza”, dice José Ramón Lam Ortiz, economista y exdirector del Banco de Guatemala.
La suspensión por tres años del nombramiento de los integrantes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones deja un sabor de desconfianza entre la población sobre el sistema de justicia, a lo que Aizenstatd suma las necesarias reformas en materia de carrera judicial, del sistema penitenciario y de competencia como tareas pendientes en lo legal.
La opinión del constitucionalista es reforzada por Lam Ortiz, quien estima que, para empezar, el gran ganador de las elecciones de 2023 fue la abstención y el voto nulo: “15 % de los 9,5 millones de guatemaltecos con derecho a participar en las elecciones primarias votó nulo, así que fue el gran ganador, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la situación actual del país”, comenta.
Con este panorama, el nuevo gobierno asume bajo condiciones muy particulares y no muy favorables. Lam Ortiz estima que la falta de apoyo político —en especial en el Congreso— será una de las piedras de tranca que tendrá el nuevo gobierno, cuyo apoyo popular real no es totalmente sólido y tiene en contra a toda una estructura partidista tradicional renuente al cambio que se propone adelantar.
David Casasola, economista e investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), no solo está de acuerdo con lo dicho por su colega, sino que va más allá al afirmar que el de Giammattei prolongó la tendencia de gobiernos anteriores de crecer por inercia, perdiendo la oportunidad de oro que le ofreció la pandemia para dar un vuelco a la economía.
“La pandemia le dio capacidad de endeudamiento que no supo aprovechar para modernizar la economía nacional, especialmente con base en la tecnología. Durante tres años el país estuvo paralizado y eso pasó factura, porque lo que funcionaba ahora no funciona, como la infraestructura vial, los servicios públicos, el servicio de salud y la educación”, afirma.
Para el también profesor de la Universidad Francisco Marroquín, ese crecimiento de 3,5 % promedio que ha tenido el país no se sustenta en desarrollo real, sino que se basa en el alza inercial del consumo por crecimiento poblacional y aumento de las remesas, que en una década duplicaron su aporte hasta constituir hoy 20 % del PIB. En comparación, las exportaciones guatemaltecas solo representan un 10 % del dinero en circulación.
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Las prioridades de Arévalo
El telón de fondo con el que asume Bernardo Arévalo no es el más idóneo. De entrada, Lam Ortiz señala que una de las prioridades del Ejecutivo debería ser reencauzar el presupuesto de la Nación —a su juicio, abultado con “incrementos superfluos”—, que ha sido diseñado para ejecutarse de la manera tradicional en favor de los intereses partidistas, principalmente en lo referente a obras de infraestructura “que ya tienen nombre y apellido”.
A esto, Casasola añade el “candado constitucional” que existe pues, por ley, el Banco Central no puede financiar el déficit del Gobierno, razón por la que el presupuesto es una especie de ‘bolsón’ poco transparente e inauditable. Y si a esto se suma que el Ejecutivo no cuenta con el apoyo mayoritario del Congreso, la reconducción presupuestaria luce un tema cuesta arriba de lograr.
“El nuevo gobierno tiene una tendencia menos conservadora que el saliente, pero no pareciera poder impulsar cambios económicos significativos en el primer año de mandato, ni cambios legislativos puesto que está lejano de obtener una mayoría en el Congreso”, remata Alexander Aizenstatd.
Estas afirmaciones dejan traslucir uno de los males mayores que padece el entramado político y social de Guatemala: la corrupción, punto de partida de la conflictividad interna, de acuerdo con voceros de sectores nacionales y analistas internacionales.
A todo esto, Casasola y Lam agregan como necesaria una reforma a la normativa en materia minera, buscando poner fin a un régimen de regalías diseñado para favorecer a las transnacionales, que solo aportan al Estado entre 1 % (en el caso de explotación de hidrocarburos) y 5 % (para el resto de las actividades extractivas), lo que constituye una verdadera expoliación de los recursos del país, de cuyo potencial tampoco se tiene estimación alguna.
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Mala señal externa
Como casi cualquier nación, Guatemala necesita de inversión extranjera para apalancar su economía. Según el Banco de Guatemala, hasta 2022 la inversión extranjera directa (IED) promedió 1.450 millones de dólares en la última década (con un pico de USD 3.462 millones en 2021), mientras que hasta junio de 2023 el saldo se estima en USD 743 millones.
La cifra resulta marginal en comparación con los datos de IED de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, un organismo de Naciones Unidas), en 2022, estimó que América Latina y el Caribe recibió en total 224.479 millones de dólares en capital extranjero, 55,2 % por encima de las cifras de 2021 y el mayor monto del que se tiene registro. Guatemala recibió ese año apenas USD 1.378 millones, un 0,61 % del número global, un monto muy bajo cuyo aporte al apalancamiento es casi inexistente.
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Una de las principales razones que sustentaría esta negativa del capital extranjero a invertir en el país es la falta de un andamiaje legal que ofrezca garantías. Y la conflictividad política actual no ofrece señales claras de que ello vaya a resolverse en el corto plazo.
“No hay reglas claras. Como inversionista quisiera tener la seguridad de que puedo sacar el dinero que invertí, pero esa parte jurídica no existe”, acota José Ramón Lam, quien recuerda que Guatemala es el único país de la región que no cuenta con una Ley de Competencia, lo que tiene implicaciones que van más allá de garantizar la libre actuación de los agentes económicos.
Por solo citar un ejemplo, el exdirector del Banguat señala que la banca extranjera en el país es prácticamente inexistente, por lo que el tema crediticio es delimitado por una oligarquía bancaria local “con tasas poco atractivas y condiciones nada favorables”. Esto restringe las oportunidades de financiamiento para el grueso de la economía privada.
El tema impositivo es otro factor a tomar en cuenta y más porque en ello hay que hilar fino. Con la carga tributaria más baja de América Latina (menos del 10 % del PIB), es de esperarse que el Estado eleve el peso de los impuestos para apalancar el gasto social, pero al mismo tiempo es preciso ofrecer incentivos fiscales y parafiscales que atraigan al capital extranjero.
“Esto puede ser un contrapeso para los planes de Semilla (partido de Arévalo), cuya agenda es más progresista”, dice Casasola.
Por su parte, Lam Ortiz afirma que es necesario dar facilidades a los inversionistas “como lo están haciendo El Salvador y Honduras”, por lo que estima que un planteamiento que equilibre esa reducción impositiva a cambio de crear nuevos empleos pudiera ser una alternativa viable, razonable y posible.
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Recomendaciones al nuevo gobernante
Ante el complicado sendero que le toca transitar al nuevo gobierno guatemalteco, los especialistas consultados para este análisis dan su opinión respecto a lo que pudieran ser las prioridades del Ejecutivo con miras a superar la aguda crisis que atraviesa el país:
Alexander Aizenstatd: “Es esencial el nombramiento de cuadros capacitados en áreas clave del gobierno”.
José Ramón Lam Ortiz: "Debe presentar un paquete económico razonable y ágil que le dé viabilidad al país”.
David Casasola: “Comunicación estratégica... Comunicar muy bien cómo se va a diferenciar de gobiernos anteriores porque las expectativas de cambio son altas y no se van a dar de manera instantánea ni rápida”.
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