La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima conveniente que los países de la región cuenten con una regulación que permita la adopción adecuada de la electromovilidad.
El año pasado, el organismo desarrolló una propuesta que puede ser adaptada a la realidad y condiciones de cada país y que hace referencia a la transformación de vehículos para la utilización de sistemas de transacción eléctrica.
En el terreno se observa que cada país de la región ha buscado la forma de subirse a esta ola en medio de la transición energética. Colombia y Argentina son dos de ellos, cada uno a su ritmo.
"Marco regulatorio fuerte"
Patricia Arrázola-Bustillo, socia directora de nuestro grupo de práctica de Energía & Recursos Naturales de Gómez-Pinzón Abogados, asegura que Colombia cuenta con un marco regulatorio fuerte para atraer la inversión extranjera y promover la electromovilidad.
“La transición energética es una prioridad para el país”, destacó en entrevista con LexLatin, al agregar que ello ha demostrado con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, con la expedición de la Ley de Movilidad Eléctrica y de la Ley 2099 de 2021.
A estas añade el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, Mercosur y el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de América, que contienen disposiciones en materia automotriz.
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A pesar de que Colombia cuenta con una estructura legal sobre electromovilidad, comentó que existe incertidumbre respecto al marco normativo y fiscal, adquisición de energía por parte de fuentes no convencionales para operar el transporte público, beneficios tributarios derivados de la movilidad eléctrica y alternativas como el hidrógeno verde dentro del sector transporte.
En el marco del Acuerdo de París, Colombia se propuso reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % hacia 2030, estableció que el sector transporte era prioritario y, en consecuencia, ha desarrollado un marco regulatorio para la electromovilidad con el objetivo de impulsar la transición energética en este campo. Es parte de este el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 de 2019), que establece aumentar el ingreso de vehículos limpios y formular una estrategia para fomentar el transporte sostenible y formular y gestionar un programa de reemplazo de la flota del Estado a vehículos eléctricos e híbridos.
El mismo año fue expedida la Ley de Movilidad Eléctrica (Ley 1964 de 2019), que fijó medidas para la promoción del uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones, incluyendo limitar el impuesto sobre vehículos automotores, otorgar descuentos sobre la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, e incentivos al uso de vehículos eléctricos y de cero emisiones como descuento sobre el impuesto vehicular y exenciones tributarias.
Si bien Arrázola-Bustillo considera que Colombia es un actor innovador y relevante dentro del mercado internacional, cree que aún puede aprender de países como Chile, con marcos normativos sólidos y estrategias de inversión y política pública para fomentar la electromovilidad.
El caso argentino
Argentina da los primeros pasos para regular la materia de la electromovilidad. Parte de ello es un proyecto de ley promover el uso de vehículos de movilidad sustentable.
Gonzalo Santamaría, socio de Marval O’Farrel Mairal y parte de los grupos de derecho público & administrativo y de energía, comentó que, en materia de beneficios fiscales, el proyecto de ley sigue los lineamientos de otros regímenes de fomento argentinos como el de las energías renovables sancionado en 2015 y que “tuvo resultados muy positivos”. En este caso, contempla beneficios fiscales que podrán solicitar quienes produzcan vehículos de movilidad sustentable y su equipamiento localmente, incluyendo la devolución anticipada del IVA, la amortización acelerada de los bienes a efectos del impuesto a las ganancias, la extensión a 10 años del período para la compensación de quebrantos con ganancias, la deducción de la carga financiera del pasivo financiero y la entrega de certificados de crédito fiscal.
Santamaría resaltó que está iniciativa podría llegar a facilitar el desarrollo local de una industria que puede tener un rol significativo en el marco de la transición energética.
El país también trabaja en un proyecto de ley de promoción de inversiones automotrices.
“El principal desafío es articular estos dos regímenes, que no vemos opuestos sino complementarios. Para cumplir este objetivo es esencial que se tengan en cuenta las necesidades de la industria y se consideren asimismo los compromisos asumidos por nuestro país en materia de lucha contra el cambio climático”, explicó.
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El proyecto de ley establece que a partir de 2041 se fabricará en Argentina vehículos eléctricos exclusivamente. El abogado señala que el objetivo que se propone la norma pareciera, a priori, muy complejo de materializar y agrega que también contempla que contempla que después de 2041 la comercialización de vehículos con motor de combustión interna se habilitaría cuando por razones técnicas se determine que no puedan ser reemplazadas por vehículos de movilidad sustentable.
Consultado sobre la posibilidad de atraer inversión extranjera para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos, comentó que la complejidad de la situación macroeconómica argentina actual, que incluye, principalmente, cuestiones cambiarias, impositivas y laborales, crean dificultades para muchos inversores, tanto locales como extranjeros, por lo que espera que Argentina pueda superar la coyuntura actual prontamente. El país tiene tratados de libre comercio en materia automotriz Brasil, Chile, México y Paraguay.
Las consultas de los clientes de Marval O’Farrel & Mairal en el área de movilidad eléctrica se vinculan principalmente con oportunidades de negocio y protección de derechos adquiridos y expectativas de seguridad jurídica.
Cree que los principales desafíos de la iniciativa se vinculan con cuestiones generales y no necesariamente a temas regulatorias referidos a la electromovilidad. “En el futuro, en caso de que los vehículos eléctricos adquieran una popularidad mayor, se deberá controlar que esta nueva demanda energética no comprometa la disponibilidad de la red eléctrica, manifestó Santamaría, quien cree que es indispensable que una eventual restricción de los motores de combustión interna no sea prematura, sobre todo cuando Argentina tiene reservas de hidrocarburos muy importantes cuya explotación eficiente es indispensable para un desarrollo sustentable de la economía.
Por ahora la nación no tiene un desarrollo importante en movilidad eléctrica, según Santamaría, quien asegura que, si bien cada vez se ven más vehículos eléctricos en la calle, principalmente, motos eléctricas y autos híbridos, el nivel de penetración en el parque automotor sigue siendo muy acotado.
Lenta adopción
De acuerdo con el documento Propuesta de marco regulatorio para acelerar la inversión en electromovilidad mediante la reconversión de vehículos que usan combustibles fósiles de la Cepal, la velocidad de adopción de la electromovilidad en Latinoamérica ha sido más lenta si se compara con lo que ha ocurrido en Europa, China y Estados Unidos.
El organismo considera que, sin perjuicio de los avances observados en las tecnologías utilizadas y en la disminución en sus costos de fabricación, aún los precios de los vehículos eléctricos constituyen una barrera que impide el avance más rápido hacia este tipo de transporte en la región.
Arrázola-Bustillo señaló que en Colombia las brechas de mercado para una transición hacia tecnologías más limpias se relacionan principalmente con los altos costos de inversión que estas requieren y la falta de disponibilidad de dichas tecnologías en el mercado.
A esto suma el desconocimiento de la población y la desconfianza que genera el empezar a usar una tecnología diferente a la que ha predominado en el mercado.
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Además, señala que Colombia no cuenta con las capacidades técnicas nacionales en tecnología vehicular eléctrica, debido a su incipiente desarrollo en el país. De allí que cree que el Estado debe seguir desarrollando los instrumentos técnicos y de política pública para que los diferentes actores encuentren condiciones consistentes que generen seguridad en este mercado.
“A pesar de que Colombia ha avanzado en el camino hacia la electromovilidad, la industria local en esta materia todavía es un mercado inmaduro que debe fortalecerse”, señaló la abogada de GPA al traer a colación lo dispuesto en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, dada a conocer en 2020, en relación a la necesidad de generar mayor confiabilidad en el servicio de energía eléctrica para uso vehicular. También estipula la necesidad de reducir la incertidumbre sobre capacidad de generación y distribución; mejoramiento de las condiciones de instalación y operación de las estaciones de carga pública y domiciliaria, que garanticen la operación con condiciones mínimas de seguridad para los operarios y usuarios y fortalecimiento del marco regulatorio con incentivos tributarios dirigidos a los fabricantes de vehículos eléctricos, de manera de generar mayor confianza en los fabricantes locales e incentivar la industria nacional.
Comentó que las empresas que hoy fabrican vehículos con motor de combustión interna y las industrias que abastecen esas flotas deberán complementar sus modelos de negocio con nuevas tecnologías que promuevan las fuentes de energía renovable. El compromiso establecido en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica es mejorar los combustibles hasta llegar a unos más limpios tales como hidrógeno, gas natural, gas licuado de petróleo, diésel hasta de 50 partículas por millón (ppm) de azufre y sus mezclas con biodiésel, gasolina hasta de 50 ppm de azufre, entre otros.
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