Con la regulación de la Ley de Energías Renovables, mediante el Decreto Nº 1168/2024, Paraguay define su aprovechamiento de energías renovables no convencionales —la normativa excluye la energía hidráulica—, apuntando a la diversificación de la matriz energética nacional.
La iniciativa establece un marco legal que fomenta la inversión en el sector, con incentivos fiscales para importación de tecnología necesaria y beneficios para el desarrollo económico local. Además, se enfoca en la protección ambiental al promover tecnologías limpias y sustentables, y en la creación de empleo.
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La aprobación del reglamento que pone en vigor la Ley 6977/2023 llega en un momento crucial para Paraguay, como señala Alexander Berkemeyer, abogado en Berkemeyer.
El especialista en contratos comerciales y servicios financieros destaca que el país se beneficia por las condiciones climáticas favorables para la generación de energía solar, como las registradas en el Chaco paraguayo, por ejemplo.
Este marco regulatorio establece condiciones propicias para atraer inversores extranjeros y desarrollar proyectos concretos en el sector energético, lo que se ve respaldado por un cambio político que promueve la inversión y la estabilidad jurídica.
"Esta ley busca establecer condiciones para que venga justamente el inversor. Esto no solo crea un mercado para la producción de energía renovable, sino que también impulsa la creación de una nueva industria relacionada con el desarrollo de servicios de ingeniería, consultoría y asesoramiento en proyectos de energías renovables, generando así oportunidades económicas adicionales”, explica Berkemeyer.
Por su parte, María Yolanda Pereira, socia del área de energías de Berkemeyer, subraya la importancia de esta ley en el contexto de una crisis energética inminente, destacando la necesidad urgente de diversificar las fuentes de energía.
Además, señala que la normativa está consensuada con la empresa estatal ANDE, encargada de la generación y distribución de energía, lo que facilita la adaptación del sector a esta nueva industria.
“La eliminación de la obligación de compra de excedentes por parte de la empresa estatal refleja un ajuste a las preocupaciones técnicas y financieras, asegurando un desarrollo más equilibrado del mercado energético”, asegura.
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En este escenario, Alexander Berkemeyer, también especialista en inversiones, destaca como uno de los principales desafíos en el ámbito energético nacional el déficit de infraestructura.
De acuerdo con el abogado, “a pesar de contar con dos hidroeléctricas, el país se enfrenta a cortes de luz y problemas energéticos debido a la mala distribución y la falta de infraestructura adecuada”. Además, resalta las deficiencias en la gestión de la energía por parte de la ANDE, el ente público encargado de su manejo.
“Esta situación evidencia la necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión de energía en el país. La nueva ley de energías renovables busca abordar este problema al fomentar fuentes de energía que requieren menos infraestructura o que estén más próximas a las zonas de abastecimiento, así se podría contribuir a solucionar los desafíos logísticos y de distribución energética”.
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El interés del país hacia industrias que estimulan la captación del capital extranjero e impulsan el desarrollo de bienes de capital —como es el caso de las energías renovables— se remonta a los noventas, con legislaciones que brindan incentivos fiscales vigentes hasta la actualidad.
Este marco se hace preciso en un contexto regulatorio que incluye la tercera reforma de la Ley de PPP o Alianzas Públicas Privadas (APP), y desde la que se podrían articular proyectos estratégicos para concretar la expansión de la industria de energía que tanto desea el país.
A pesar de los desafíos y limitaciones infraestructurales mencionadas, ambos especialistas coinciden en que la aprobación del reglamento de la Ley de Energías Renovables representa un impulso significativo para la economía paraguaya y la expansión de su industria energética.
Yolanda Pereira enfatiza en que este avance “dinamizará la economía regional al permitir el desarrollo de tecnologías más localizadas y accesibles en áreas donde la transmisión de energía es costosa, lo que fomentará el crecimiento del conocimiento técnico y beneficiará a sectores como la agricultura y la ganadería, así como la industria en general”.
Berkemeyer, por su parte, complementa este punto al destacar que “la seguridad jurídica y política que ofrece Paraguay, junto con su estabilidad financiera, hacen del país un destino atractivo para la inversión”.
Asegura el abogado que la Ley de energías renovables es un síntoma del cambio de paradigma y subraya el potencial de abrir un nuevo mercado y capacidades técnicas, así como de promover el crecimiento de empresas locales interesadas en incursionar en el sector de energías renovables.
Hay expectativas sí, pero al mismo tiempo hay cautela. "La Ley -como cualquier ley nueva- es un marco regulatorio en desarrollo", afirma Alex Berkemeyer, destacando la necesidad de “considerar aspectos como la protección ante riesgos financieros y la capacitación técnica para su implementación efectiva”.
Por el momento, y a la luz de esta aprobación y la reforma de la Ley APP, que incluye la creación del Ministerio de Economía y Finanzas –en reemplazo del Ministerio de Hacienda—, el contrapeso hacia el optimismo es mayor.
"La idea es que a corto plazo haya un aumento de inversión en este tipo de proyectos y generación de empleos verdes", asegura Yolanda Pereira, experta en corporativo y diversas ramas del derecho energético.
Además, resalta el objetivo de “posicionar a Paraguay como líder en autonomía energética y desarrollo sostenible, destacando la importancia de ver cómo estas acciones promovidas por los líderes políticos se traducen en cambios en la región”.
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