Esta semana, la demanda del Departamento de Estado contra Google ha llegado a su etapa procesal. Se espera que el juicio dure hasta finales de noviembre.
La autoridad estadounidense, junto a otros once estados —Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, South Carolina y Texas—, inició la demanda contra Google en 2020, acusándolo de monopolizar el mercado como opción de motor de búsqueda, al tramar acuerdos exclusivos con compañías como Apple, Samsung, Firefox y AT&T.
Cada una de las empresas mencionadas son actores importantes en el ecosistema de desarrollo tecnológico, tanto a nivel de dispositivos, como a nivel de sistemas operativos y navegadores, lo que afecta directamente a la distribución de las opciones de búsqueda.
“Las personas tienen opciones y las toman. Al final, el éxito no viene en lo predeterminado —en los dispositivos—, sino de la innovación y la oferta de productos útiles que la gente quiera usar”. Las palabras de Kent Walker, presidente de Asuntos Globales de Google y Alphabet (empresa matriz de Google), modelan la defensa que la compañía tecnológica sigue en los tribunales federales de Washington.
En su publicación, ‘La gente usa Google porque es útil’, Walker manifiesta su alivio en cuanto el caso se enfoca en la distribución de información, es decir, dónde y cómo aparece Google Search y no en cómo está diseñado el buscador. Actualmente, Google acapara el 90 % de las búsquedas en EE.UU.
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¿Cómo afectaría al futuro de Internet?
"Este caso tiene que ver con el futuro de internet", aseguró en sus alegatos iniciales el fiscal Kenneth Dintzer.
En su argumentación, el fiscal del Departamento de Estado le dijo al juez que la “posición privilegiada”, en alusión a ser Google Search la app predeterminada de muchos dispositivos, sistemas operativos y navegadores en Estados Unidos, se debe al pago anual de más de 10.000 millones de dólares que la empresa realiza a diversas compañías.
Internet, tal y como lo conocemos hoy, podría cambiar si se logra un fallo favorable a EE.UU., considerando que ello reorganizaría el poder en la industria tecnológica, debilitando la influencia de Google como competidor en el mercado.
Además, como bien lo definen David McCabe y Nico Grant, reporteros especializados en el sector, del NYT, lo que determine el caso contribuiría con la tendencia regulatoria y a vigilar y limitar lo que las grandes compañías tecnológicas, como Amazon, Microsoft, Meta, Apple y Google, hacen con nuestras vidas en línea.
El juicio tendrá dos partes: inicialmente se definirá si lo planteado por el Departamento de Estado sucede y en qué medida y, posteriormente, en caso de confirmar que es así, las medidas que deberá tomar Google para corregirlo.
Aún se desconoce hasta dónde podrían llegar las medidas correctivas, pero la demanda señala que tendrían que ser “estructurales” para poder “reparar el daño anticompetitivo”.
Además, se identificará la forma en la que sea posible “restablecer las condiciones de competencia en los mercados afectados por la conducta ilícita de Google”.
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La defensa apela a los “méritos propios”
La defensa de Google, liderada por John Schmidtlein, copresidente de Williams & Connolly, firma especializada en litigios antimonopolios civiles y penales, sostiene que tienen evidencias para probar que la compañía domina la industria por “méritos propios”, argumento que se alinea con la derrota de otros buscadores en el mercado.
A Schmidtlein se suman otras tres firmas que dan soporte en todo el trabajo documental y de investigación para consolidar el caso ante EE.UU.
Este podría ser el gran caso antimonopolio de la administración de Joe Biden. En lo que va de la primera jornada, el subdirector de la división civil del Departamento de Justicia, Kenneth Dinter, ha subido al estrado para afirmar que "Google mantuvo ilegalmente un monopolio durante más de una década".
Lo que el fiscal Dintzer tendrá que probar -apelando a los acuerdos comerciales de la compañía- es que estos provocaron una contracción significativa de la competencia entre motores de búsqueda, al bloquearles la oportunidad de entablar acuerdos parecidos con actores claves en el mercado. Otro argumento que tendrá que evidenciar es cómo las prácticas comerciales de Google afectaron directa o indirectamente a las y los usuarios.
Todo ello implica apelar a una mirada estricta sobre lo que es un motor de búsqueda, en contra del argumento de Google, que asegura que plataformas y aplicaciones como Amazon y TikTok o Instagram se encuentran en ascenso y por tanto se enmarcan como competidores.
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La demanda antimonopolio por publicidad en línea
Este no es el último caso por el que Google afronta una demanda. En enero de 2023, el Departamento de Estado formuló otra demanda junto a ocho estados, entre los que figuran, California, Nueva York y Virginia. Se trata de otro caso antimonopolio, esta vez contra su dominio en la publicidad en línea.
El ascenso de Google en este sector empezó en 2007, luego de adquirir Double click, empresa con la que expandió su dominio. Esto se reforzó en 2010, con la compra de Admob, lo que impulsó su presencia a nivel de publicidad en dispositivos móviles.
Esta última demanda pediría desinversiones de Google en el sector publicitario, donde ocupa el primer lugar en el mundo por el tamaño del mercado captado; le sigue de lejos Meta. Cabe considerar que el 80 % de los ingresos de Google provienen de este sector.
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El último gran caso de monopolio en EE.UU. fue contra Microsoft en 1998. El Departamento de Estado ganó la acusación contra la compañía de abusar de su posición de dominio por el uso de su sistema operativo Windows, con el que imponía su navegador Explorer. La decisión inicial del tribunal pidió la escisión de Microsoft, aunque luego de un recurso de la defensa, el caso concluyó con un acuerdo con el gobierno. John Schmidtlein, actual abogado de Google, participó en este caso.
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