Considerada un marco regulatorio pionero por su impacto territorial y por su ámbito subjetivo de aplicación —se puede aplicar a cualquier tercero que preste servicios en la Unión Europea (UE) o se dirija a sus residentes—, la Ley MiCA fomenta el principio de neutralidad tecnológica y, junto a ello, se centra en proteger al usuario.
Desde su mirada experta, Daniel Gutiérrez, director del área de Innovación y Economía Digital de ONTIER (sede España), describe a la Ley como una “norma que bebe directamente de la regulación sobre los mercados de capitales, la adapta al sector cripto y trata de ordenar el ecosistema para proteger, sobre todo, a los consumidores (ceteris paribus)”.
Esto último es para el abogado un aspecto distintivo de la regulación, pues pone al centro a los usuarios, sean “terceros que presten servicios de gestión de negociación de criptoactivos, de canjes y custodia o de administración por cuenta de sus clientes”, asegura.
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Por otro lado, la neutralidad tecnológica implica no imponer trabas sobre la tecnología subyacente al mercado cripto. En ese sentido, se replantea, por ejemplo, la aplicación de un principio categórico que considera, por defecto, a cualquier token como instrumento financiero (security by default), explica Gutiérrez.
“La correcta identificación de la naturaleza de los tokens y de los derechos que otorgan en relación con su propia configuración o los activos y deudas que representan es fundamental para coordinar este esquema en relación con el resto de normas aplicables en la UE, que son de obligado cumplimiento”, añade el especialista.
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Dotar de certeza y seguridad al ecosistema
Por un lado, con la Ley MiCA se ofrece un marco de relativa certeza y seguridad jurídica a todos los stakeholders; por otro, se ofrece una actualización de las zonas grises en cuestiones de abuso de mercado y delitos financieros, orientando al sistema financiero para que los inversores minoristas —no profesionales— puedan adquirir activos -como las criptomonedas en su cartera- con mayor tranquilidad. Certeza y seguridad esos son los pilares de esta ambiciosa iniciativa.
“La UE aspira a que su mercado sea una referencia mundial para que se incremente el comercio y los beneficios de los intercambios anteriores fluyan tanto aguas arriba como aguas abajo en todos los sectores y para todos los agentes involucrados. Para lograrlo, su marco contempla elementos como información precontractual, publicidad adecuada, organismos supervisores, recursos para atender conflictos, etcétera, todos ellos son una realidad con MiCA”, detalla el abogado de ONTIER - España.
Y su alcance es aún más relevante cuando pensamos en sus efectos en los participantes fuera de la UE. Se sabe que quienes pretenden hacer negocios en la UE, ya sea prestar servicios o llevar a cabo cualquier tipo de emisión u oferta pública, deben cumplir con sus normas, independientemente de su localización física o domicilio social.
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El potencial de esta regulación, nos explica Daniel Gutiérrez, se maximiza cuando reconocemos en la Ley MiCA un marco de referencia para “someter el apetito del mercado a controles efectivos que protejan a los usuarios, consumidores e inversores, independientemente de su categoría”. Esto es sentar las bases para el desarrollo de un mercado crypto friendly confiable.
“En no pocas ocasiones se buscan lanzar negocios o evitar controles sobre identidad de cliente (KYCs) con ánimos ligados a la maximización de la rentabilidad y la optimización tributaria, por llamarlo de alguna manera. MiCA y el paquete normativo de la UE proponen un conjunto de herramientas para trasladar seguridad a los usuarios y, sobre todo, generar confianza en el propio sistema”, concluye.
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