Chile aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ¿qué abarca este acuerdo en propiedad intelectual?

En Chile se ha estado deliberando sobre las ventajas —o desventajas— que la reciente aprobación de la Cámara de Diputados de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) puede reportarle al país. Este tratado, cuya promulgación aún no se ha definido, ha generado diferentes posturas entre los expertos en temas de Propiedad Intelectual (incluso dentro del partido de gobierno hay cierta oposición).

El TPP-11 ingresó al Congreso chileno en 2018, está diseñado para avanzar hacia la integración económica de 11 países de la región de Asia-Pacífico (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), estableciendo marcos legales predecibles para el comercio. El acuerdo permitirá que Chile acceda a un mercado de más de mil millones de posibles compradores, aunque eso no aplaca las preocupaciones, sobre todo las relacionadas con la PI.

“Un antecedente que es preciso advertir para explicar las dificultados (y posiciones) que ha enfrentado su tramitación en Chile es que el tratado no es el mismo que originalmente firmó nuestro país el año 2016, lo que derivó en que quedaran suspendidas diez normas en materia de propiedad intelectual, acaso las más sensibles para países importadores netos de tecnología como Chile”, explica Juan Francisco Reyes, socio de SCR Abogados.

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De acuerdo con Francisco Reyes, las controversias generadas por el TPP justamente se relacionaban con aspectos de propiedad intelectual (las normas del acuerdo pueden leerse acá). “Sin embargo, suspendidas aquellas normas de mayor sensibilidad no hubo mayor espacio para inquietudes. El único aspecto que a la fecha implica un obstáculo para la ratificación del TPP-11 guarda relación con disposiciones referidas a la solución de controversias entre los Estados y particulares” y para eso se enviaron desde Chile side letters a las demás naciones para acordar con ellas dejar sin efecto dichas disposiciones (hasta ahora, solo México y Nueva Zelanda aceptaron la propuesta).

Víctor Ahumada, asociado de Johansson & Langlois, añade que gran parte de lo establecido en el TPP-11 en materia de PI viene de lo originalmente propuesto en el acuerdo, impulsado por EE.UU. No obstante, “dado que EE.UU. se retiró del proyecto en 2017, ciertas concesiones se modificaron". En palabras del subsecretario de relaciones económicas internacionales: 'varias de las cláusulas de propiedad intelectual que se habían planteado inicialmente quedaron suspendidas'. Sin embargo, Chile goza de la ventaja de que con la reciente modificación de la Ley de Propiedad Industrial ciertas materias como marcas, patentes de invención e incluso nombres de dominio cumplen con lo requerido”, sin olvidar que lo referido a protección de datos y señales satelitales debe reforzarse a la brevedad en la legislación nacional.

Ahumada, como Reyes, no ve sino ventajas en la promulgación del acuerdo económico, especialmente porque a su juicio, “de ratificarse el TPP-11, la institución que asume mayor protagonismo (en el sentido de mejorar el servicio provisto) es Inapi, pues las exigencias para las oficinas de marcas y patentes se elevan para todo el bloque económico”.

Aún así, aclara que “en teoría no hay desventajas, aunque se ha señalado que parte de la soberanía nacional quedaría hipotecada dada la exigencia del tratado; sin embargo, suscribir a todo tratado internacional comporta una pérdida de soberanía, todo en miras de lograr estabilidad transfronteriza. (…) No obstante todo lo anterior, es importante recalcar que el acuerdo es principalmente de índole comercial, por tanto si Chile no se adhiere al TPP-11 pierde un espacio requerido para el progreso de su economía. Hay una necesidad urgente de abrir mercados, atraer inversión extranjera, exportar y poder generar ingresos. Finalmente, desde un punto de vista geopolítico, Chile tiene la oportunidad de formar parte de un bloque que definirá las reglas de libre comercio en el futuro”.

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Entonces va quedando más claro el panorama, como comenta Reyes: “la normativa sobre PI en el TPP del año 2016 era notoriamente más exigente y planteaba la posibilidad de que Chile tuviera que adecuar su normativa para ajustarse al contenido del tratado. Con el CPTPP y la suspensión de ciertas normas en el capítulo de propiedad intelectual, ciertamente no se exigiría de Chile adecuación alguna. Esto pues, tanto los tratados multilaterales como los bilaterales ya suscritos por Chile (en particular el suscrito con EE.UU.) y la legislación interna vigente ya contienen estándares análogos a los del CPTPP”.

Aparte del hecho de que Chile no tendría que adecuar sus normativas para participar plenamente en el acuerdo, detalla Víctor Ahumada, la integración de Chile al TPP-11 abre las puertas a un mercado de casi 500 millones de personas, que representa 13 % del PIB mundial y 15 % del comercio internacional.

"En concreto, permite que alrededor de 3.000 líneas arancelarias gocen de beneficioso acceso para diversos y variados productos chilenos de exportación a mercados internacionales”, recuerda Ahumada. 

Sobre el panorama, la conclusión del especialista es que la reducción de aranceles para exportación, la disminución de costos finales de la producción de diversos productos de forma que sean más accesibles a la población internacional (tanto en cuanto a la disponibilidad como precio) y que los miembros del TPP-11 se convertirán en socios del tercer bloque comercial de mayor envergadura no son más que buenas noticias para su país.