Panamá logró posicionarse como uno de los destinos más atractivos para establecer fideicomisos y salvaguardar el patrimonio de empresas e individuos de todo el mundo. De hecho, a principios de este año, el país ocupó el octavo lugar en un ranking global de mercados con mayor apertura a los negocios, luego de Suiza, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y Singapur.
Más allá de haber sido el primer país de la región en avanzar con una legislación sobre fideicomisos hace casi un siglo (1925), Panamá detectó a tiempo que el establecimiento de fideicomisos tenía el potencial de transformarse en un motor de desarrollo: en 2022 ya tenía un 65.1% del PIB en activos administrados por fideicomisos.
“Panamá disfruta de una economía relativamente estable y un sistema financiero robusto, respaldado por el uso del dólar estadounidense como moneda de curso legal. Esto le ha permitido transformarse en una plataforma segura y confiable para la inversión y la gestión de fideicomisos, protegiendo los activos de la volatilidad cambiaria y los riesgos financieros asociados con las monedas locales en otros contextos”, señaló Beatriz Cabal, socia de GALA Trust.
Según la experta en constitución y administración de fideicomisos, una de las características más competitivas de Panamá es la confidencialidad que ofrece a fideicomitentes y beneficiarios. “La legislación panameña está diseñada para ofrecerles seguridad jurídica a los inversores y a los beneficiarios de los fideicomisos: la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones internacionales son obligatorios, y en situaciones regulares permiten proteger la identidad de las partes involucradas”, puntualizó.
En los últimos años, el sector fiduciario de Panamá ha seguido de cerca las tendencias regulatorias a nivel internacional, cada vez más exigentes en términos de supervisión y registro de fideicomisos. De hecho, en 2017 se llevó a cabo la reforma de la Ley 1 de 1984, que introdujo cambios en la regulación y supervisión de los fideicomisos establecidos en el país.
“El fideicomiso panameño se basa en un marco legal sólido y moderno, que se ha establecido como una herramienta clave para la preservación y protección del patrimonio, especialmente para aquellos que buscan mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad política, económica y legal de sus países”, explicó la socia de Galindo, Arias & López.
Para Cabal, el marco jurídico de Panamá favorece la inversión extranjera. “La jurisdicción panameña es reconocida y respetada en el ámbito internacional, lo que facilita la creación de fideicomisos que pueden operar eficazmente a través de fronteras, dado que se encuentra fuera de listas grises de la OCDE y de la Unión Europea”, precisó.
“La estabilidad jurídica, las ventajas fiscales y el sistema bancario robusto de Panamá son claves para los inversionistas. Los fideicomisos panameños ofrecen una gran flexibilidad en términos de gestión y distribución de activos, esto quiere decir que se pueden establecer para una variedad de propósitos, incluyendo la planificación sucesoria, protección de activos, inversión y caridad, entre otros. Esta flexibilidad permite a los fideicomitentes estructurar el fideicomiso de manera tal que se adapte a sus necesidades específicas y objetivos de protección patrimonial”, agregó la especialista.
Otra de las ventajas competitivas en la preservación y protección del patrimonio es la separación de activos. “Los activos transferidos a un fiduciario panameño se separan legalmente del patrimonio personal del fideicomitente, es decir, no se ven afectados por los problemas legales o financieros que pudiesen tener los individuos o las empresas que los aportan”, detalló Cabal.
¿Por qué los fideicomisos de Panamá son atractivos para los sudamericanos?
“Los ciudadanos y empresarios en países sudamericanos enfrentan desafíos comunes en cuanto a la protección y gestión de su patrimonio. Uno de los principales desafíos es la volatilidad económica en la región, que puede afectar la estabilidad de los activos financieros y la inversión. Otro desafío es la falta de seguridad jurídica, que genera incertidumbre en la protección de los derechos de propiedad y la implementación de estrategias de planificación patrimonial. Asimismo, la carga tributaria y los cambios frecuentes en las legislaciones impactan en la rentabilidad de las inversiones y en la eficiencia de la gestión del patrimonio”, describió Cabal.
De acuerdo con la especialista, además, la volatilidad de las monedas, la inflación, los cambios abruptos en las políticas económicas y las crisis financieras también son aspectos de estudio importantes, pues para los patrimonios sustanciales significan un riesgo. La abogada subraya, como recomendación, la importancia de la diversificación geográfica y sectorial de las inversiones, así como la necesidad de estructuras legales robustas.
}
Add new comment