Mientras que para el término del primer trimestre de 2019 Argentina había alcanzado un monto acumulado de 4.555 millones de dólares, para este primer trimestre de 2020 no ha logrado ni el 30 %.
La evasión del presidente Andrés Manuel López Obrador a la palabra ‘contingencia’ ante el COVID-19 ha dejado más dudas que certezas al sector patronal. En su lugar, se declaró una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor que deja en vilo las obligaciones de las empresas.
Durante los primeros tres meses de 2020, Perú ha acumulado un monto superior a los 1.582 millones de dólares en el valor de sus transacciones. Faltaron al menos 2.695 millones de dólares para alcanzar al primer trimestre del año anterior. Esta es la segunda entrega de una serie de reportajes de LexLatin con el uso de Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de esta casa editorial.
Agilizar la devolución de los saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA). Disminuir los pagos provisionales del ejercicio fiscal 2020. Establecer estímulos fiscales temporales al empleo y a la inversión. Diferir durante seis meses la presentación de la declaración anual. Pagar los impuestos hasta en 12 parcialidades y sin recargos. Suspender temporalmente los actos de fiscalización. La lista de propuestas era larga.
En México, las transacciones realizadas durante el primer trimestre de 2019 —considerando adquisiciones, emisiones y financiamientos— superaron los 20.068 millones de dólares. Este año, para el mismo periodo, el monto es 5.440 millones de dólares menor. Esta es la primera entrega de una serie de reportajes que LexLatin publica con el uso de Ágora, la herramienta de inteligencia de datos de esta casa editorial.
El Tribunal Constitucional (TC), con cuatro votos a favor y tres en contra, sentenció la constitucionalidad de la tercerización o subcontratación laboral peruana. La controversia inició en junio de 2014 cuando el Colegio de Abogados del Callao presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que regula los servicios de tercerización.
El Gobierno de Jair Bolsonaro anunció que solicitará al Congreso Nacional que reconozca el estado de calamidad pública a causa del COVID-19.
Latinoamérica ha podido ver con distancia los efectos del coronavirus en países de Asia y Europa. Motivó con estas experiencias que las medidas obligatorias de prevención para contener los contagios del COVID-19 se implementaran antes de lo que estos actuaron.
El COVID-19 ha infectado el derecho administrativo, laboral, económico y constitucional. Hay restricciones a la libertad de tránsito, la más común; hay interrupción de derechos garantizados como el de la educación.
El debate por la neutralidad de la red en México no ha concluido. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) extendió la fecha de cierre hasta el próximo 13 de abril de la consulta pública para los ‘Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet’.
