Roe vs. Wade y el derecho al aborto: ¿Qué implica anular el caso para América Latina?

Norma McCorvey (izquierda) conocida como Jane Roe, consiguió junto a las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee el fallo histórico en 1973. En 1983, McCorvey denunció haber sido violada, su abogada representante en ese caso fue Gloria Allred (derecha). / Wiki commons.
Norma McCorvey (izquierda) conocida como Jane Roe, consiguió junto a las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee el fallo histórico en 1973. En 1983, McCorvey denunció haber sido violada, su abogada representante en ese caso fue Gloria Allred (derecha). / Wiki commons.
Este miércoles, el Senado votará para codificar el derecho al aborto en la ley federal. Actualmente, Colombia es el país latino más avanzado en esta materia: despenalizó el abortó hasta la semana 24. 
Fecha de publicación: 10/05/2022

La conquista del derecho a decidir si abortar o no en Estados Unidos está en la mira. Con la expresión egregiously wrong o 'terriblemente equivocada', la Corte Suprema califica la decisión, en una opinión —aún en borrador— filtrada hace poco, del fallo Roe vs. Wade; base para otorgar como derecho federal y constitucional el derecho a abortar hasta la semana 24. La opinión redactada por el Juez Supremo Samuel Alito, que debe presentarse en julio, ha activado una serie de alarmas que llegan hasta América Latina, donde la marea verde cuenta con avances importantes y sucesivos en el último quinquenio. Antes de entrar en las repercusiones, revisemos el contexto. 

Roe vs. Wade es un caso que se remonta a la década del 70, cuando Norma McCorvey, protegida con el alias de Jane Roe, llegó -con apoyo de las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee- hasta la Corte Suprema para defender su derecho a decidir sobre su cuerpo. McCorvey estaba embarazada por tercera vez, pero en esta ocasión estaba segura de que era inviable continuar con la gestación.   

El caso llevado contra Henry Wade, fiscal del distrito local, alegaba que las leyes en materia de aborto en Texas eran inconstitucionales. La Suprema Corte falló a favor de Roe, otorgando a las mujeres gestantes el derecho a decidir si desean o no abortar, en un marco que sopese los intereses del gobierno en materia de protección de la salud de la mujer y la vida prenatal. Es decir, no otorgó un derecho absoluto. 


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Casi 20 años después, el fallo Planned Parenthood v. Casey consiguió que la Suprema Corte anulara el marco que viabilizaba en determinadas circunstancias el aborto hasta las 24 semanas. En contraparte, se invalidó un requerimiento de la Ley de Aborto de Pennsylvania (1982) que exigía la notificación a la pareja o cónyuge para realizar el procedimiento.  

Lo que ocurre en la actualidad se vincula a un caso cuya fase oral se llevó a cabo en diciembre de 2021. Se trata de Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. En este se discute la inconstitucionalidad de la Ley de la Edad Gestacional, aprobada en 2018 en el estado de Mississippi. La opinión, reconocida por la Corte Suprema como suya, acompañaría al fallo sobre este caso y señalaría, de manera mayoritaria, el deseo de la Corte de ponerle fin al caso Roe vs. Wade y a Casey.  

Por lo pronto, hoy (11 de mayo) el Senado abordará el tema votando sobre codificar el aborto dentro de la ley federal. Esta iniciativa ha sido impulsada por el demócrata Chuck Schumer, líder de la mayoría senatorial.

El impacto en Latam

Consultada por LexLatin, Isabel Barbosa, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, encuentra crucial mantener en el radar ese contrapunto entre lo político y el derecho que rodea la discusión en la materia.  

“La noticia de la posible anulación de Roe vs. Wade es un recordatorio de que el trabajo ante las Cortes va de la mano con el trabajo político. Pensando en Latinoamérica, en los países en donde se avanzó con el aborto en el ámbito político igual fue (y sigue siendo) muy importante la preparación para un eventual litigio. Y con respecto a los países donde se avanzó en las Cortes, lo que puede pasar en Estados Unidos nos muestra la importancia de no dar por resuelto el debate”, explica la especialista. 

Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo latinoamericano de justicia y género (ELA), coincide con Barbosa. Gherardi, con base en Argentina, donde la discusión en materia de derechos se ha plasmado en un trabajo activo por la educación sexual integrada o ESI, ve oportuno este contexto álgido para la agenda de derechos fundamentales, como un llamado de fortalecimiento de colectivos aliados con esta causa. 

“En América Latina la situación regulatoria respecto del aborto es bien diversa. El movimiento de mujeres y de derechos humanos está muy activo no solo para promover cambios normativos que favorezcan el ejercicio de la libertad reproductiva, sino también para resguardar las conquistas y vigilar la plena implementación de las leyes. Si se concreta la decisión de la Corte de Estados Unidos, será importante reforzar nuestro trabajo nacional y fortalecer nuestra articulación regional desde donde aprendemos y nos apoyamos recíprocamente”. 

Pero, ¿cuál sería materialmente el impacto en la región que tendría la decisión de la Corte de EE.UU de revertir, el próximo julio, los fallos históricos mencionados?


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Para Rebecca Reingold, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, los efectos se podrían reflejar en la elaboración y sustento de marcos normativos a nivel regional, lo que no solo haría peligrar el aborto, sino otros derechos.    

“En el derecho constitucional estadounidense, distintos derechos fundamentales bien establecidos ya sirven o podrían servir como la base normativa del aborto. Mientras Roe v. Wade estableció claramente que el aborto forma parte del derecho a la privacidad, también se podría fundamentar en el derecho a la igualdad, argumentando que las restricciones a los servicios del aborto constituyen discriminación por sexo”, explica. 

A ello se agrega el precedente en derechos civiles para el continente que, en caso de desconocerlo, vulneraría un espectro más amplio de derechos contemplados en diversos tratados internacionales. Así lo detalla Pamela Velázquez Zambrano, fundadora del Círculo Feminista y asociada en Gonzalez Calvillo S.C. 

“Los obstáculos siempre han existido, esperemos que esta decisión que se filtró mayoritaria no pase. Porque es una forma de violentar los derechos humanos de las mujeres y, en sí, el remover el derecho al aborto violenta los derechos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, por ejemplo, hablando exclusivamente de las Américas, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto afectaría directamente el derecho a la salud, a la autonomía, a la no discriminación y el derecho a la educación”. 

A decir de Velázquez, la puerta entreabierta para traerse abajo otros derechos tiene relación con la falta de un marco jurídico que los proteja en la Constitución. 

“Finalmente, anular a Roe v. Wade, con los argumentos contenidos en la sentencia filtrada, amenazaría otros derechos fundamentales no enumerados explícitamente en la Constitución de Estados Unidos, pero protegidos por ella según la jurisprudencia de la Corte Suprema: los derechos a la anticoncepción, el matrimonio interracial y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los argumentos de la sentencia filtrada muestran una apertura por parte de la Corte Suprema a la modificación de otros precedentes bien establecidos y el uso de argumentos parecidos para retroceder en protecciones de derechos fundamentales no establecidos explícitamente en el texto de la Constitución”. 

La advertencia ha sido ampliamente atendida y activamente impulsada por especialistas como Kathryn Kolbert, figura protagónica del caso Planned Parenthood v. Casey de 1992, quien a finales del año pasado ya había pintado esta panorámica en una charla TED.  


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Los costos para las poblaciones vulnerables

En entrevista con LexLatin, Mariana Ardila, abogada de la dirección legal de Women’s Link Worldwide, considera importante revisar los efectos negativos de esta posible decisión a la luz de una población actualmente desprovista de derechos.  

“Además de ser muy grave por las consecuencias nefastas en términos de salud pública, esta decisión afecta la libertad y el proyecto de vida de las mujeres y de otras personas gestantes, sobre todo a quienes vienen de contextos de alta vulnerabilidad. Por supuesto, personas migrantes en situación irregular y las mujeres más excluidas en Estados Unidos, las afrodescendientes, las pertenecientes a pueblos indígenas, las mujeres pobres, van a ser las que se verán más afectadas con la decisión. Sobre todo aquellas que viven en estados que tienen o van a intentar pasar regulaciones restrictivas al aborto si esta protección federal se elimina”, explica. 

Causa Justa, movimiento al que pertenece la organización que representa Ardila, obtuvo en febrero de esta año un fallo favorable ante la Corte Suprema de Colombia que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas, único país en la región que cuenta con este plazo. Para la especialista, el escenario sobre el que se discute, aunque difícil, no debe ser desesperanzador para Latinoamérica. 

“Afortunadamente, podemos decir que ya en este momento hay muchas sentencias del tipo Roe vs. Wade en América Latina. Estoy refiriéndome a sentencias como la ganada por el movimiento Causa Justa, de la Corte Constitucional colombiana; la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México; la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador, que recientemente despenalizó el aborto por violación, solo por mencionar algunos ejemplos que incluso se ven en otros lugares como en Tailandia, en Corea del Sur, en Kenia, donde se reportan sentencias muchísimo más avanzadas. Entonces, podemos decir que ya tenemos casi décadas y, en los últimos años, muchas sentencias emblemáticas que son el estándar”.

Desde México, Pamela Velázquez tiene la misma convicción que Mariana Ardila. Para Velázquez, el borrador filtrado de la Corte Suprema de EE.UU. hace un llamado a reforzar la vigilancia a nivel de políticas públicas y marcos normativos. De aprobarse, la lucha en materia de derechos se tendrá que enfocar en contrarrestar posibles recortes en semanas ganadas para tomar la decisión de abortar. 


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“Creo que ahora en América Latina estamos viviendo nuestra propia transformación. La marea verde es algo maravilloso que ha congregado a mujeres para luchar por el derecho al aborto y ya lleva, en los últimos 5 años, el repunte. Estrictamente, creo que lo que más se afectaría de anularse Roe vs. Wade es el plazo, es decir, bajar de 28 a 15 semanas. Entonces el impacto que tendría en otros países sería fortalecer estos movimientos que buscan reducir el plazo en el que una mujer puede acceder al aborto. Por ejemplo, en Ciudad de México tienes hasta 12 semanas para acceder a un aborto. Entonces, el impacto que habría sería ‘ah mira, si en Estados Unidos redujeron el número de semanas, entonces también en nuestros países lo tendremos que hacer”. 

La especialista abre otra línea como parte de la panorámica de los efectos de esta decisión. Se trata de la cooperación internacional y el apoyo regularmente obtenido de ella para impulsar la agenda en materia de derechos civiles en Latam. 

“Debemos hablar sobre cómo esto afectaría en temas de cooperación y el apoyo que se brinda, a diferentes países desde Estados Unidos, para garantizar el derecho al aborto de las mujeres. Se abre una serie de interrogantes: ¿qué proyectos van a ser apoyados?, ¿cómo van a ser apoyados? y ¿cuándo serán analizados los temas de aborto? ¿Será válido si se lucha por aprobar el plazo de las 15 semanas?”

Llamado a un votación más consciente y al desarrollo de marcos

A la espera de un marco constitucional que asegure los derechos, como sugiere Kolbert en su charla TED y en consonancia con el resto de su discurso, la mejor defensa para el próximo fallo de la Corte Suprema será “elegir autoridades favorables a la defensa y protección de los derechos”. 

Estas figuras, necesarias también en la región, podrían evitar que se socaven los derechos con tanta dificultad ganados. Rebecca Reingold, profesora adjunta de la Universidad de Georgetown, explica cómo se concretaría este escenario de no contar con ninguna defensa. 

“El derecho constitucional comparado tiene influencia en la región entera y una sentencia anulando las protecciones federales del derecho al aborto en Estados Unidos podría socavar los esfuerzos para implementar estos marcos jurídicos nuevos o inspirar otros retrocesos normativos en materia de aborto”. 

El riesgo de esta decisión impacta el corazón de la libertad, como complementa Natali Gherardi, directora ejecutiva de ELA, quien asegura que “un retroceso en el derecho al aborto implica el riesgo sobre todas nuestras libertades”. 


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El efecto amplificado de este documento filtrado lleva a Mariana Ardila a calibrar el posible resultado sobre el que se esperará aún respuesta hasta julio, como una amenaza a la misma democracia. 

“Sin duda es un ataque, no solo a los derechos reproductivos, en particular al aborto, sino en general a los derechos de poblaciones tradicionalmente excluidas y, en ese, sentido a la democracia, porque si en una sociedad no se protegen los derechos de todas, todos y todes en sus diversidades, pues no estamos hablando de una democracia en realidad”.

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