Colombia dio un salto histórico con el fallo de la Corte Constitucional a favor de la despenalización del aborto en dos sentidos: hasta la semana 24 y sin límite de plazo cuando la gestación cruza con alguna de las causales penales excepcionales.
Este fallo hace al país pionero entre los latinoamericanos que ya han reconocido el derecho a decidir. A la fecha, tanto en la región como en el mundo, se da un plazo de entre 12 a 14 semanas, como es el caso de Argentina, México, Francia y España. Ninguno de ellos lo ha extendido todo el segundo trimestre.
El logro es esencialmente de la sociedad civil, liderado en términos formales y jurídicos por Causa Justa, movimiento feminista que agrupa a más de 45 organizaciones comprometidas con despenalizar el aborto. Hace un año y medio, el movimiento interpuso dos demandas (expedientes D-13.856 y D-13.956) contra el artículo 122 del Código Penal, correspondiente a la criminalización de 'la mujer que aborte' y a la 'persona que, con consentimiento de la mujer, asista el procedimiento'.
#LaCorteInforma ⚖️ l Conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación y, en todo caso, este límite temporal no será aplicable a los tres supuestos fijados en la Sentencia C-355 de 2006 pic.twitter.com/J7hfhLAEeq
— Corte Constitucional (@CConstitucional) February 21, 2022
Los datos ilustran lo narrado. Un informe de la Fiscalía General de Colombia sobre la judicialización del aborto enviado a la Corte Constitucional, registra 5.833 actuaciones iniciadas por el delito de aborto consentido a lo largo de una década (1998 - 2019). Este documento técnico también refiere que el 73 % de casos de aborto que llegó a la Fiscalía fue por medio de reporte del personal sanitario, en violación de la confidencialidad y el secreto profesional.
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Llegar a este momento tomó mucha perseverancia: el fallo, inicialmente, estaba programado para el pasado 19 de noviembre y fue pospuesto luego de separar del proceso al magistrado Alejandro Linares, por haber dado declaraciones a un medio de comunicación, afectando su posición de imparcialidad en la Corte.
Cristina Rosero, abogada y magíster en Derechos Humanos, explica que varios interpretaron sus declaraciones como “un concepto previo” frente a las demandas de inconstitucionalidad. Rosero lo detalla con solvencia:
“Varias decisiones previas de la Corte Constitucional que analizan la mencionada causal, como la Sentencia T-800 del 2006 y los autos 069 del 2003 y 340 del 2014, muestran que esta solo se configura cuando la declaración es directa, concreta y específica. También que debe mostrar con claridad una manifestación clara sobre la constitucionalidad de la disposición acusada”.
El magistrado Linares quedó por fuera de la discusión después de ser recusado por hablar sobre el tema en medios. Se aprieta la votación final https://t.co/iYN0gX4wa2
— Las2orillas (@Las2Orillas) January 20, 2022
Esta traba procedimental incluyó la incorporación de dos conjueces.
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Sin límites en los abortos por excepciones dentro del marco penal
La revolución en este fallo viene, además, en no dar plazo limitado a la interrupción del embarazo cuando este se encuentre dentro de las tres causales fijados en la Sentencia C-355/06. Esto es cuando haya peligro para la vida o salud de las mujeres, grave malformación del feto que haga inviable su vida o —hasta ahora la más común— el embarazo haya sido “resultado de incesto, acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido”.
La cuarentena de la primera ola de COVID-19 hizo visible esa “pandemia a la sombra” —como lo denominó la ONU— sobre la que se hace algo de justicia con este logro. Que las cifras recogidas por Women's Link Worldwide hablen por sí solas:
“De acuerdo con cifras del Sistema Integrado sobre Violencia de Género (Sivige), entre la semana del 25 de marzo al primero de junio de 2020 se reportaron 2.573 casos de violencia sexual, de los cuales el 85,24 % corresponden a mujeres. El 31,5 % de las víctimas convive con su agresor y 426 mujeres venezolanas denunciaron ser víctimas de abuso sexual”.
Los ecos de la celebración alrededor del Tribunal Constitucional —con mayoría verde y minoría azul— reafirman el compromiso por continuar un camino que destrabe toda criminalización contra la posibilidad de un proyecto de vida pleno y libre de prejuicios, en una realidad en la que no sea ilegal tener derecho a maternar por decisión, no obligación.
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