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El Paquete Económico 2021 no incluye reformas fiscales que incentiven la inversión y el crecimiento económico / Pixabay
El Paquete Económico 2021 no incluye reformas fiscales que incentiven la inversión y el crecimiento económico / Pixabay

La estrategia fiscal de México ante el COVID-19

El Gobierno de López Obrador busca cumplir con su promesa de recaudar más impuestos sin reformar el Código Fiscal
por Aminetth Sánchez
publicado el21/09/2020
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Sin nuevos impuestos y con la mira en la corrupción y la impunidad. La miscelánea fiscal 2021 en México, propuesta el 8 de septiembre, se basa en seis ejes principales: simplificación administrativa y seguridad jurídica, modernización de la administración, gestión tributaria, transparencia, eficiencia recaudatoria y combate de la evasión y la elusión fiscal. 

La propuesta, que debe ser aprobada por el Congreso a más tardar en octubre, considera ajustes técnicos a las leyes que regulan los impuestos principales en México, que son el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

En la Ley del ISR se propone, entre otros aspectos, eliminar los programas de vinculación empresa-escuela como donatarias autorizadas; que las asociaciones que otorgan becas, que se dedican a la investigación científica y tecnológica o a la conservación del medio ambiente cuenten con autorizaciones para recibir donativos y que las donatarias autorizadas pierdan su autorización si más del 50% de sus ingresos los obtienen de actividades no relacionadas con su objeto social. 

“En el ISR llama la atención que están siendo muy agresivos con las donatarias autorizadas, que es el régimen que aplica a las agrupaciones de la sociedad civil que se dedican a hacer beneficencia o actividades no lucrativas. Los están tratando muy mal, pareciera ser que al fisco no le gusta que la sociedad civil participe en este tipo de actividades no lucrativas, como es protección de fauna y otorgar becas, y están estableciendo muchísimos candados que van a mermar la capacidad de establecer fundaciones y de hacer beneficencia”, dice Enrique Ramírez, socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes (MACF) con más de 30 años de experiencia en el área fiscal. 

En la Ley del IVA se consideran modificaciones a las reglas que en junio de este año entraron en vigor para las plataformas digitales, entre ellas Uber, Netflix y Spotify. La principal es la propuesta de establecer un mecanismo para bloquear las plataformas de residentes extranjeros que incurran en omisiones fiscales como el pago del IVA. 

“Son sanciones muy fuertes porque prácticamente les paran la operación y no nada más para efectos de incumplir con requisitos formales, sino también para el pago del IVA. Creo que eso amerita un análisis bastante profundo sobre la inconstitucionalidad en caso de que se llegara a aprobar, porque realmente la sanción que se está imponiendo es demasiado elevada”, afirma Denise Lester, socia de la firma Galicia Abogados, quien cuenta con más de 18 años de experiencia en litigio fiscal. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que agrupa a los principales organismos empresariales del país, calificó la propuesta como una iniciativa que perjudica al sector productivo porque además de las modificaciones planteadas no incluye reformas fiscales que incentiven la inversión y el crecimiento económico. “Tampoco observamos ningún interés en evitar la pronunciada caída del empleo que rebasa ya el millón de plazas perdidas y que tiende a empeorar”, se pronunció en un comunicado.

Víctor Gómez Anaya, subdirector de Análisis Económico en Finamex Casa de Bolsa, coincide con esa visión. “Uno de los efectos centrales de la pandemia es el daño que vimos al mercado laboral, es un fenómeno global, no solo de México, pero desde la postura fiscal era deseable [que se incluyera] un conjunto de programas específicamente destinados a proteger esta capacidad productiva y eso es lo que faltó”, agrega el especialista en análisis de política fiscal. 

Los cambios al Código Fiscal

La propuesta también incluye modificaciones al Código Fiscal de la Federación a fin de incrementar las medidas y las atribuciones de la autoridad fiscal para practicar auditorías, negar las devoluciones de saldos a favor, recaracterizar operaciones y realizar aseguramientos precautorios a terceros relacionados con el contribuyente.

“La intención del Gobierno para el siguiente año es seguir por el [mismo] camino a través de no aumentar impuestos, sino incrementar el nivel de temor o sensación de riesgo ante la evasión fiscal y esperar que eso lleve a todo mundo a pagar no necesariamente lo que deben, sino lo que se le ocurra al fisco que tienes que pagar. Esto es lo que de alguna manera se conoce como administrar el tema tributario a partir de medidas de terrorismo o de temor fiscal que incrementa la recaudación a corto plazo pero a largo plazo tiende a espantar la inversión”, opina Ramírez, quien también es presidente del Capítulo México de la International Fiscal Association (IFA). 

Para los especialistas, dos de las propuestas son las más alarmantes. La primera es la relacionada con una regla general antiabuso para lo que se considera reformar el séptimo párrafo del artículo 5to del Código Fiscal. 

Actualmente, si la autoridad ejerce las facultades de reclasificar las operaciones de los contribuyentes no necesariamente involucra una connotación delictiva ni penal. La propuesta indica que si bien la reclasificación no considera sanciones distintas a la administrativa fiscal, no está impedido que pueda iniciar una investigación por la probable comisión de un delito si hay elementos para considerar.

“Eso denota el mismo camino que ha estado siguiendo la autoridad ya de un tiempo para acá, donde tratan de vincular no nada más la materia fiscal de manera independiente, sino también vincular las operaciones y que si hay, para su juicio, algún tipo de comportamiento que pudiera configurar un delito fiscal, poderlo traer a colación”, detalla Lester. 

La segunda propuesta que llama la atención es la relacionada con los acuerdos conclusivos, una figura cuya implementación ha permitido que los contribuyentes corrijan su situación fiscal sin llegar a una liquidación. 

“No obstante las bondades de estos acuerdos, los mismos han sido utilizados por algunos contribuyentes para alargar los procedimientos y evadir el pago de las cantidades a su cargo”, se lee en la iniciativa. Por ello, proponen ajustar el procedimiento, limitando plazos –el límite temporal será de 15 días– e incluyendo los supuestos en los que sería improcedente la solicitud del acuerdo por corresponder a devoluciones, puesto que no hay determinación de contribuciones omitidas o prácticas evasoras. 

“Están limitando la posibilidad de algunos contribuyentes de poder acceder a este tipo de mediación o, incluso, desvirtúan la propia figura al momento en que te establecen un plazo límite después del oficio de observaciones o de la última acta parcial o final que tienes para poder acudir al acuerdo conclusivo”, añade Lester.

Más reformas a la vista

Los especialistas prevén que, a más tardar, en la segunda mitad del sexenio llegue una reforma fiscal adicional por la crisis económica que se vislumbra. 

“Creo que va a ser inevitable porque me temo que la administración federal de este sexenio se va a topar con la realidad amargamente a principios del año que entra o a finales de este año, ojalá me equivoque. Si eso es así, la tentación de hacer una reforma fiscal va a ser mucha”, dice el presidente de la IFA en México. 

¿Qué debería incluir esa reforma? Los tres entrevistados hacen su lista de deseos: incrementar la recaudación estatal y municipal, atacar de manera real la evasión fiscal, terminar con los centros de economía informal y reducir la brecha por los regímenes especiales y las excepciones. 

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