Este viernes 1 de julio, la administración de Gabriel Boric, de la mano de Mario Marcel, ministro de Hacienda, presentará el proyecto de Ley de la reforma tributaria. Lo anunciado hasta el momento traslada la atención a los efectos que tendrá en las industrias extractivas, en los grupos que concentren grandes riquezas y en la lucha contra la evasión y elusión.
A decir de Jessica Power, socia de Carey, la reforma tributaria tiene grandes desafíos que empiezan por concretar su tramitación legislativa:
“La reforma tendrá el desafío de cumplir una ambiciosa meta de recaudación (de 4 a 5 puntos del PIB, en 4 años) en un ciclo de mayor incertidumbre económica, en que será importante entregar incentivos a la inversión y certezas jurídicas para impulsar la actividad económica en Chile”, explica.
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En lo que respecta a la industria minera, de acuerdo a Manuel José Garcés, también socio de Carey, sus efectos tendrán relación intrínseca sobre lo que se plantee dentro de la figura de regalías del sector o royalty minero.
“Es posible que la reforma plantee la creación de un nuevo impuesto, uno añadido al Impuesto Específico a la Minería. Este tendría un componente ad valorem (tasa directa sobre las ventas) que dependerá principalmente del precio del cobre junto con elementos de rentabilidad operacional de los proyectos mineros.
Por su parte, considerando el 'impuesto verde', como se conoce al gravamen sobre las emisiones de CO2, Manuel Alcalde, también socio de Carey, advierte particular atención en varias industrias, además de la minera.
“Otras industrias que se verían potencialmente afectadas con las reformas propuestas son aquellas intensivas en generación de dióxido de carbono y material particulado, por ejemplo, termoeléctricas, cementeras, forestales, etc. Así como las empresas productoras de plástico, al proponerse un impuesto ad valorem al plástico de envases y embalajes”.
El Gobierno tiene el desafío político de lograr acuerdos en el Congreso, en un contexto relativamente desfavorable debido a que no tiene mayorías parlamentarias. Para lidiar con este desafío, el Gobierno probablemente deberá dejar de lado algunas de sus propuestas más ambiciosas o aquellas que generan menor consenso.
A continuación las áreas claves de esta reforma que, en palabras del ministro Marcel, además de recaudar, busca “generar mayor justicia tributaria” en Chile. ¿Qué implica tal propósito? ¿Cuáles son los highlights de este proceso? El equipo especializado en Tributario y Empresas familiares y Grupos empresariales de Carey, responde.
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¿Qué desafíos y oportunidades contempla la reforma fiscal con una base recaudatoria apoyada principalmente en impuestos indirectos?
Jessica Power: De acuerdo con lo indicado en el programa de gobierno del Presidente Boric, se espera que los ejes de esta reforma estén dados por mayores impuestos a las personas de alto patrimonio, mediante diversos instrumentos como ajustes a los impuestos personales, contribuciones de bienes raíces, impuesto de herencia y donaciones, entre otros. A esto debe añadirse modificaciones a los impuestos que gravan la actividad minera o lo que se conoce como royalty minero. Finalmente, las mayores atribuciones al Servicio de Impuestos Internos para disminuir la evasión y elusión fiscal.
Adicionalmente, es posible que la reforma también comprenda el reemplazo del sistema de tributación de las grandes empresas (sistema parcialmente integrado) por un sistema desintegrado, de ocurrir este sería uno de los cambios más estructurales de la reforma.
Por último, también es esperable que la reforma plantee profundizar en la eliminación de exenciones tributarias, iniciada con la Ley N° 21.420, en línea con las recomendaciones efectuadas a principios del 2021 por la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, y el Reporte de Gasto Tributario elaborado por la OCDE y el FMI en 2020.
Desde su expertise, ¿qué recomendaciones debería contemplar para concretar la recaudación planteada de casi el 4 % del PBI?
Manuel Alcalde: Si bien el gobierno se ha mostrado reacio a avanzar en esa línea, creemos que el aumento de la base de los contribuyentes de impuestos a la renta, junto con un trabajo relevante de incentivos para disminuir la creciente informalidad, por ejemplo a través de un impuesto negativo a la renta, podría implicar una base de recaudación importante, tanto para efectos de renta como en IVA.
De la misma manera, los esfuerzos en mayor recaudación deben centrarse en ampliar la base de los impuestos y no en aumentar sus tasas —que en Chile no son bajas—. Así, la eliminación de exenciones que han perdido su justificación con el paso del tiempo apuntaría en la dirección correcta.
Royalty minero e impuesto verde
¿Qué se plantea sobre el royalty minero? ¿Es viable hacer más competitiva la minería en Chile con tal apuesta?
Manuel José Garcés: En línea con el proyecto de royalty minero avanzado por la Cámara de Diputados y el Senado en los últimos años, es posible que la reforma plantee la creación de un nuevo impuesto —en adición al Impuesto Específico a la Minería—. Este, ad valorem, dependerá principalmente del precio del cobre junto con elementos de rentabilidad operacional de los proyectos mineros.
Algunos actores, como el Consejo Minero, han sostenido que existen espacios para mejorar la recaudación minera, pero es fundamental que esta discusión incluya la estrategia global que deberá seguir Chile para aprovechar su potencial geológico y no perder liderazgo ni competitividad en los próximos años.
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Se contempla también un gravamen verde, ¿qué aspectos debe contemplar su diseño para seguir apalancando las inversiones?
Manuel José Garcés: Efectivamente, el programa del Presidente Gabriel Boric contempla, entre otras medidas tributarias que apuntan a la inversión en medio ambiente, el aumento gradual del impuesto a las emisiones de CO2 (conocido como impuesto verde). De 5 dólares a 40 dólares por tonelada emitida.
Para seguir atrayendo inversiones se debería profundizar y facilitar los mecanismos de compensación de emisiones (offsets) introducidos en la ley en la reforma de 2020. También promover el reemplazo de la utilización de combustibles fósiles por alternativas de obtención de energías más amigables con el medioambiente.
La estructura de impuestos verdes podría contemplar algún incentivo adicional para aquellas empresas que realicen inversiones en su activo fijo que aceleren la reducción de sus emisiones, así como aquellas industrias relacionadas con energías verdes.
Antielusión e impuesto a la riqueza
¿Qué reformas se plantean alrededor de la norma antielusión?, ¿qué alcance deberá tener para cumplir el objetivo de subsanar la recaudación fiscal?
Jessica Power: Se ha planteado, a nivel de discusiones programáticas, una modificación en su estructura y el otorgamiento de facultades al Servicio de Impuestos Internos para su aplicación de manera administrativa —hoy requiere de declaración judicial—. La norma ha cumplido un rol efectivo en cuanto a disuadir prácticas elusivas, pero ha carecido de mayor aplicación por parte del SII. En este sentido, el objetivo de los cambios debe darle mayor efectividad a la aplicación de esta norma, considerando entre sus elementos la importancia de contar con un sistema tributario que otorga certeza a la autoridad tributaria y a los contribuyentes.
¿Qué propone la reforma en materia de alto patrimonio? ¿Y en materia de donaciones, herencias y bienes raíces?
Manuel José Garcés: En materia de impuestos a personas de alto patrimonio se ha discutido sobre la posibilidad de modificar los tramos y tasas de sus impuestos personales, e incorporar nuevos impuestos patrimoniales. Respecto de esto último, el Ministro de Hacienda, en sus últimas declaraciones, ha evitado hablar de la incorporación de un impuesto al patrimonio y ha sostenido que la reforma podría revisar los “impuestos a la riqueza” en su conjunto.
En materia de herencias y donaciones, es posible que se modifiquen las tasas y tramos de este impuesto. Además de ajustar las normas para la determinación de su base imponible, con el objeto de acercarlos al valor comercial de los bienes.
Por último, en materia de bienes raíces, se podrían revisar las exenciones del impuesto territorial, y se propondría un aumento de la sobretasa de dicho impuesto, estableciendo nuevas reglas de valoración de activos.
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¿Cuáles son las principales áreas de desafío de la reforma? ¿Cómo lidiar con ellas?
Manuel Alcalde: Está el desafío técnico que implica el diseño de una reforma tributaria que incorporaría algunos cambios estructurales como la transición hacia un sistema desintegrado de tributación a la renta para las grandes empresas, separando el impuesto que paga la empresa de aquel que corresponde pagar a sus accionistas al retirar utilidades. Estos cambios, de prosperar, requerirán gradualidad en su implementación.
Por otro lado, el gobierno no debe descuidar el impacto que tendrá la reforma en la inversión, el crecimiento económico y el empleo. Todos ellos son elementos fundamentales para hacer crecer la economía y, en definitiva, incrementar la base de los ingresos fiscales.
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