El aumento de la inflación y el déficit fiscal deberán ser atendidos por el nuevo gobierno chileno, encabezado por Gabriel Boric, antes de poner en marcha el plan económico que propuso durante su campaña electoral. Esto le tomará al Ejecutivo —al menos— los dos primeros años de gobierno para poder iniciar los cambios prometidos. El camino económico que Boric planteó está delineado por una política solidaria. Entre sus ejes está un mayor cobro de impuestos a la minería, a través del endurecimiento del royalty —una renta que actualmente paga la industria del cobre— y la inclusión de un impuesto a las grandes riquezas.
Además, a la lista de tareas urgentes del presidente electo se suma la de lidiar con un sistema de pensiones rebasado por la pandemia: muchos de sus participantes dejaron sus cuentas en cero a través de los retiros, una situación que pone en la mesa, desde la perspectiva de Boric, los planos de un nuevo sistema de pensiones más solidario, con una pensión universal.
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De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, hay 2,1 millones de afiliados con sus cuentas vacías, mientras que otros 990.000 tienen un saldo en sus cuentas de retiro entre 1.000 pesos chilenos (poco más de un dólar) y 100.000 pesos chilenos, lo que se traduce en apenas 121 dólares.
En este panorama, Sergio Godoy, doctor en finanzas y economista en jefe de STF Capital, considera que cabe preguntarse ‘qué tanto puede el nuevo gobierno reducir el déficit de 8 % en la recaudación fiscal y bajar, casi en esa misma proporción, la inflación con que cerró el 2021, aumentando en 7.2 %, según lo reportado el viernes pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile’.
“Boric se enfrenta a una situación fiscal bastante complicada: el déficit que hereda es el peor que ha tenido un presidente en democracia en Chile. En 2020 tuvimos uno del 8 % (del PIB) y en 2021 habrá una cifra similar”, estimó el especialista, quien también es miembro del Comité Consultivo de potencial del PIB, un grupo asesor del gobierno chileno que realiza estimaciones de la economía del país andino desde hace casi dos décadas.
En el informe de finanzas públicas del tercer trimestre, la directora de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Cristina Torres, explicaba que la crisis sanitaria obligó al gobierno chileno a extender el ingreso familiar de emergencia (IFE) hasta finales del 2021, lo que se tradujo en un déficit del 8.3 %, pues el gasto fiscal superó los 35.000 millones de dólares.
“Si bien esto ha llevado a que la deuda bruta llegue a 34,9 % del PIB, hacer frente a la mayor crisis sanitaria y económica de la historia moderna ha implicado desplegar todos los esfuerzos posibles para apoyar a las personas, trabajadores y familias en la protección de sus ingresos”, dijo Torres a finales de septiembre del 2021.
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Reforma fiscal
Boric es consciente de la necesidad de realizar una reforma fiscal para aumentar la recaudación y así poder estabilizar la economía deficitaria de Chile. Con dicha reforma se buscará recaudar alrededor del 8 % del PIB con el aumento de impuestos, que será gradual y cuya implementación se prevé que concluya en un periodo que va entre los 6 y hasta 8 años.
El objetivo será aumentar la carga tributaria para el 1,5 % del total de contribuyentes en Chile, para esto se consideran aquellos ciudadanos que obtienen rentas mensuales superiores a los 4,5 millones de pesos chilenos al mes, es decir, unos 5.400 dólares al tipo de cambio actual. Con ello, estima el plan fiscal del candidato que tomará posesión el 11 de marzo, que se podrá aumentar alrededor del 1 % la recaudación.
A la par, se buscará la mejor fórmula para reducir la evasión fiscal de los inversionistas al retirar sus utilidades, al mismo tiempo que se reafirman las facilidades de las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Cabe mencionar que Chile cuenta con un régimen tributario especial llamado ProPyme. Con este, por ejemplo, el pago provisional mensual (PPM), que regularmente para las empresas es del 1 % de sus ingresos netos obtenidos en el periodo, las pymes cuentan con una tasa de 0.25 % durante el primer año de operación y de hasta medio punto porcentual en los años siguientes, siempre que rebasen las 50.000 Unidades de Fomento (UF), que es un índice reajustable.
Este aumento le daría un punto porcentual más del PIB en recaudación a Boric, unos 2.530 millones de dólares si se toma como base el tamaño de la economía de 2020, cuando —según datos del Banco Mundial—, el ingreso de Chile fue de casi 253.000 millones de dólares.
Godoy indica que el plan del nuevo presidente es ambicioso, aunque cuenta con un capital político sólido comparado con el de Sebastián Piñera, quien después del estallido social en 2019, no pudo recuperar su popularidad ni tuvo margen para llevar a cabo cambios fiscales.
En contraparte, el economista en jefe de STF Capital asegura que el gobierno de Piñera se dedicó a quemar el presupuesto buscando aminorar el impacto de la pandemia, otorgando ayudas solidarias que afectaron la estructura económica del país.
Cabe mencionar que en Chile el titular del Ejecutivo es el único facultado por la Constitución para enviar iniciativas de presupuesto, esto a diferencia de otros países de la región, como México y Perú, donde el gasto se discute y se consensúa entre el Congreso y el jefe del Ejecutivo.
Impuesto a la riqueza
Por ahora, Boric aceptó heredar el presupuesto ya aprobado en octubre del año pasado por el Gobierno de Piñera, pero —de acuerdo con Godoy— es muy probable que en la redacción de la nueva Constitución, que estará lista a finales del primer semestre del año, haya nuevas reglas para la discusión del presupuesto de egresos, con un papel más activo de senadores y diputados.
En este primer escenario, Boric depende de la construcción de alianzas con el resto de los movimientos políticos de izquierda y centro, mientras que en un segundo escenario, que involucra al Congreso, cabría la posibilidad de que tenga que consensuar con los nuevos parlamentarios sobre si la nueva Carta Magna establecerá la realización de nuevas elecciones.
Conseguir alianzas será un desafío importante para la administración que viene: durante la segunda vuelta el ahora presidente electo logró tejer alianzas con los políticos más cercanos a la ideología política de ‘centro’, como la expresidenta Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, quien también fue mandatario chileno hace un par de décadas.
Los acuerdos y alianzas son necesarios para impulsar sus cambios tributarios, incluido el impuesto a la riqueza, un punto de su plan económico que confluye ideológicamente con la izquierda europea, implementado ya en varios países de la región latinoamericana.
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En Alemania el impuesto se cobra a poco menos del 10 % de los contribuyentes con ingresos anuales más altos, mientras que en Francia aquellos ciudadanos que ganan más de 1.3 millones de euros pagan un impuesto solidario de hasta el 1.5 % de su facturación.
Durante la pandemia, España decidió aumentar los impuestos a las grandes empresas para financiar apoyos sociales, mientras que en Argentina se dio luz verde a un aumento al Aporte Solidario Extraordinario, que afecta a los contribuyentes de mayores ingresos e, incluso en México, se ha colocado sobre la mesa del Congreso la necesidad de un impuesto a los más ricos sin que este haya sido aprobado aún.
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Boric estima que este impuesto —que aplicaría a personas de alto patrimonio con residencia o domicilio en Chile, respecto de su riqueza en el país o en el exterior— aunque compromete a menos del 0.01 % de la población adulta, le daría un margen de 1.5 % adicional del PIB.
Godoy indica que, aun con una buena aprobación y un margen para negociar en el Congreso, Boric no podría enfrentarse en una guerra con los mercados, pues corre el riesgo de un aumento en la salida de capitales, situación que se presenta desde hace unos meses.
“La experiencia europea a ese tipo de impuestos a la riqueza no fue muy buena, porque la riqueza se mueve y es rápida, la gente sabe cómo mover su dinero, tienen todos los recursos necesarios para moverlo, tengo la sensación de que es un impuesto que le suena muy bien a la izquierda, pero en la práctica si no recauda mucho, el impuesto es irrelevante”, precisa el doctor en finanzas por la Universidad de Columbia.
Por ahora, una de las decisiones que debe tomar el nuevo presidente es la designación del Ministro de Hacienda: entre los economistas más cercanos a Boric está Nicolás Grau, quien lo acompañó el viernes pasado durante la recepción que el presidente electo dio a los funcionarios del Banco Central, a la que asistió, también, el presidente de la institución, Marlo Marcel.
Mientras tanto, en su primera entrevista para un periódico chileno, el presidente electo dijo que busca que el proceso de reforma tributaria sea equitativo, que no sea visto como una amenaza para los más ricos.
“En Latinoamérica ha habido ocasiones en las que los gobiernos de izquierda han podido entender el círculo virtuoso al lograr amigarse con los mercados, como Lula en 2002. Con esto, los costos de financiamiento bajan y les da más espacio fiscal”, aconseja Monroy al nuevo gobierno.
En el caso contrario, dice, el mercado le ganará la guerra al gobierno y de esos hay muchos ejemplos en América Latina.
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