Recientemente, la Comisión Nacional de Valores (CNV), a través de distintas resoluciones generales, ha incorporado nuevas posibilidades de financiamiento para empresas que desean captar fondos en el mercado de capitales, bajo la forma de emisiones de obligaciones negociables con impacto social.
Mediante la implementación de la Resolución General 940/22 se establece un régimen especial para empresas que generan impacto social y, de esta forma, se incorpora a la normativa vigente la posibilidad de financiar proyectos sociales por hasta 10 millones de UVAs (aproximadamente 10 millones de dólares).
Para este caso, se está permitiendo a las sociedades que no encuadran como pequeñas y medianas empresas que gocen de los beneficios de este régimen, aplicable en cuanto a la simplificación del trámite y solicitud de requisitos. Pero para ello, el proyecto a financiar sí debe encuadrar como social, además de contar con un informe de un tercero independiente —en este caso de una calificadora de riesgo—, que acredite el carácter social de la emisión.
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Los criterios para la categorización de un bono como social se encuentran previstos en la normativa de la CNV y se denominan Lineamientos para la emisión de Bonos Verdes, Sociales y Sustentables o Bonos Temáticos, estos, a su vez, replican los principios internacionales en la materia.
El crecimiento de este tipo de emisiones representa para la Argentina la posibilidad de lograr que nuevos actores del mercado sean emisores de deuda y que los fondos que se obtienen a través del mercado de capitales lleguen a los sectores de la sociedad que más lo necesitan —emprendedores, pequeñas organizaciones—, con el consecuente impacto que se genera.
Financiamiento de Empresas B
En este contexto, destacan las empresas B al haber encontrado en el mercado de capitales una nueva herramienta de financiamiento.
Recientemente, por ejemplo, se efectuó la emisión de la primera obligación negociable con carácter social por parte de una empresa B, llevada a cabo por TR Argentina S.A. (Trasa).
Dicha emisión se enmarca en los Lineamientos sobre Bonos Verdes, Sociales y Sustentables mencionados anteriormente, que establecen los requisitos que deben cumplir ciertos instrumentos de financiación, como las obligaciones negociables, para encuadrar en esta normativa y poder ser etiquetados en tal carácter.
En el caso particular de Trasa, se trata de una compañía que busca llevar inclusión financiera a todas las personas y comercios a través de sus productos y servicios. Asimismo, está certificada como empresa B desde el 2001.
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En este caso, el objetivo del financiamiento fue la instalación de 11 cajeros automáticos (ATMs) y tres Unidades Modulares de Inclusión Financiera (UMIFs) que benefician a 54.000 familias, en situación de vulnerabilidad, en diferentes barrios populares de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Misiones y Salta.
La importancia de esta emisión radica en haber logrado volcar el financiamiento a través del mercado de capitales a proyectos de inclusión financiera con un alto impacto social. De esta forma, grandes inversores, como fondos comunes de inversión ESG e, incluso, otro tipo de inversores más tradicionales, han encontrado en este instrumento una posibilidad de inversión atractiva y con retorno similar a otros disponibles en el mercado, lo que queda demostrado con la sobresuscripción con la que estos instrumentos se colocan en el mercado.
En el caso de Trasa, la sobresuscripción fue de cinco veces, es decir que hubo ofertas de inversores por un monto equivalente a cinco veces el monto ofertado, lo que demuestra el interés genuino de los inversores en este tipo de productos.
En tanto una sociedad se encuentra encuadrada como pequeña y mediana empresa, como es el caso de Trasa, es posible utilizar un procedimiento simplificado regulado por la CNV para este tipo de emisiones. Esto permite que muchas sociedades accedan a esta posibilidad de financiamiento en forma más simple, sin que requieran muchos de los requisitos que aplican en otro tipo de emisiones.
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¿Cuál es el valor de las Empresas B?
Las empresas B son compañías que generan rentabilidad buscando, al mismo tiempo, la generación de un impacto social y ambiental positivo. Estas empresas se comprometen pública y legalmente a beneficiar no solo a sus accionistas, sino a todas las partes interesadas —comunidad interna y externa, medioambiente y clientes.
El movimiento de las empresas B comenzó en la Argentina de la mano de Sistema B en el año 2012. Hoy hay más de 200 Empresas B certificadas, que pertenecen a 29 industrias y sectores diferentes, pero comparten tres características clave: (i) definen su propósito, la huella que quieren dejar en la sociedad, el “para qué” de su existencia; (ii) modifican sus estatutos para proteger el propósito, comprometiendo a sus accionistas a resolver el problema que declaran y tomar decisiones teniendo en cuenta las variables ambientales y sociales, y (iii) miden y gestionan su impacto y se comprometen a la mejora continua.
A través de la Evaluación de Impacto B analizan las cinco áreas más relevantes de su empresa: Gobernanza, Trabajadores, Clientes, Comunidad y Medioambiente, con el fin de identificar oportunidades de mejora para ser un agente de cambio en la economía. En nuestro país hay muchas empresas que nacen con modelos de negocio de impacto y hoy no están siendo reconocidas. Es por eso que desde Sistema B se está impulsando la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) y el reconocimiento de las empresas de Triple impacto.
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¿Qué propone el Proyecto de LEY BIC?
El objetivo de esta ley de Sociedades BIC es que el Estado las pueda identificar y que las reconozca y promueva como empresas que buscan solucionar un problema social o ambiental.
La ley BIC beneficiaría a:
- Emprendimientos con un propósito ambiental o social que vayan más allá de la generación de valor económico.
- Grandes Empresas y PyMES que amplíen su modelo de negocio, pasando del modelo tradicional a un modelo de la nueva economía.
- Los inversores responsables e inversores de impacto que se caractericen por buscar, además del retorno financiero, la generación de un impacto social y ambiental positivo.
- Aquellos Estados que cuenten con una política de compras públicas sostenibles para identificar y elegir proveedores que cumplan con estándares de sustentabilidad.
- Consumidores comprometidos que quieran elegir alternativas de consumo sustentables.
- Trabajadores que busquen desarrollarse profesionalmente dentro de un ecosistema laboral basado en valores como la inclusión, el cuidado y la responsabilidad social y, en definitiva, la sociedad y el ambiente en su conjunto que son los principales destinatarios del nuevo enfoque basado en la inclusión, innovación y sustentabilidad.
La Ley BIC no crea un nuevo tipo societario, sino un régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad actual y que se cree en el futuro.
Es una realidad en países como Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Estados Unidos, la provincia de British Columbia en Canadá y en Italia.
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Por lo tanto, es necesario visibilizar y acoger emisiones como las de Trasa e iniciativas regulatorias como esta para que otras empresas puedan encontrar la posibilidad de un financiamiento adicional, y mostrar el enorme impacto social que genera una empresa B. Estos impulsos de apertura e inclusión son necesarios para asistir a los sectores más vulnerables en Argentina.
* Luciana Denegri, socia de Beccar Varela, enfoca su práctica en mercados de capitales, derecho bancario e instituciones financieras, finanzas sostenibles y derecho corporativo. Ha dirigido numerosas transacciones locales e internacionales, incluidas ofertas de bonos, emisiones, IPOs, OPAs, reestructuración de deudas, estructuración de diferentes tipos de fideicomisos, entre otras.
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