Gigantes petroleros, el Gobierno Federal, inversionistas, el estado de Luisiana, ecologistas y una ballena en peligro de extinción son algunos de los protagonistas de una disputa legal que, a decir de analistas y de Wall Street, amenaza la seguridad energética de Estados Unidos y las futuras inversiones en el Golfo de México, un segmento del Atlántico que alberga una de las mayores reservas de petróleo y gas del hemisferio occidental, y fuente de energía para dos naciones.
La disputa legal, centrada en una suspendida subasta de lotes de terrenos en aguas profundas frente a las costas de Luisiana, pone en evidencia los conflictos entre la administración de Joe Biden y las grandes corporaciones petroleras, que alegan violación de una ley federal firmada por el propio presidente de EE. UU. para apuntalar la economía estadounidense tras el bajón sufrido por la pandemia, así como una posible fuente de ingresos para el país, aprovechando las diatribas en Eurasia, a raíz de la invasión rusa a Ucrania.
En el medio están los ecologistas que intentan defender no solo el hábitat de una especie en serias amenazas de extinción, sino proteger a los pocos individuos que quedan de la ballena de Rice, uno de los cetáceos más amenazados en las aguas de todo el mundo.
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El origen de la disputa
La querella que enfrenta a algunos de los principales actores de la industria petrolera en Estados Unidos con la Casa Blanca se originó en agosto pasado, cuando Chevron, el estado de Luisiana y el Instituto Americano de Petróleo (API) se aliaron para demandar al Gobierno Federal, en rechazo al cambio en las condiciones de una subasta de lotes en arrendamiento en el Golfo de México, con lo cual se restó millones de acres de superficie en licitación y se imponen nuevas reglas de navegación para los buques energéticos.
En concreto, la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica de Estados Unidos (BOEM, por sus siglas en inglés) promulgó nuevas reglas según las cuales ya no serían 74 millones de acres (unos 297.000 kilómetros cuadrados) los lotes de terrenos disponibles para la subasta que debía realizarse el pasado 27 de septiembre, sino que dispuso que serían 67 millones de acres (poco más de 271.000 km2) los disponibles, restando más de 28.000 km2 de Golfo a la oferta de territorios para la explotación de gas y petróleo.
Además, los agregados de la BOEM estipulan que ciertas normas de navegación —que en un principio se habían acordado como voluntarias— serían ahora de estricto cumplimiento. Entre ellas están la prohibición de navegación nocturna de los barcos, además de obligar a reducir la velocidad en una amplia área del Golfo, con lo cual se afectaría el tránsito en una de las zonas de mayor tráfico del Atlántico. Conviene mencionar que las nuevas reglas de navegación solo afectarían a los buques petroleros y gasíferos.
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La razón del conflicto
Los promotores de la subasta aseguran que, si bien las nuevas condiciones responden a un acuerdo alcanzado entre la Casa Blanca y grupos ecologistas, en un intento por salvar la reducidísima población de las ballenas (unos 50 individuos), cuyo único hábitat se ubica frente a las costas de Panhandle, Florida, la verdadera causa es obstaculizar la producción de petróleo, algo que Biden están haciendo desde que llegó a la presidencia.
Los defensores de las ballenas, que alegan la codicia de las petroleras como causa de las causas de la desaparición de otra especie de la faz de la tierra, buscan defender a los aproximadamente 50 miembros de la ballena que —se cree— sobreviven, y que corren la misma suerte de la vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, que, prácticamente, ha desparecido como consecuencia de la pesca industrial y el tráfico de barcos mercantes en el mar de Cortés, en el Golfo de California, México.
¿Qué dicen las petroleras?
Para las empresas involucradas en el negocio de la extracción de gas y petróleo, los cambios en las condiciones de la subasta son inaceptables: por una parte, al reducir la superficie a subastar, el gobierno violaría lo establecido en la Ley de Reducción de la Inflación, un ambicioso proyecto con el que la administración Biden busca mitigar los efectos de la crisis por la pandemia, reducir el déficit fiscal y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento de las energías limpias.
En efecto, entre los artículos de la ley está el realizar tres subastas de lotes de terrenos en el Golfo de México, el área de explotación de hidrocarburos con la menor huella de carbono del planeta, según estudios de las petroleras y organizaciones relacionadas con el tema.
La 261 sería la tercera de esas subastas y, según los analistas, la última oportunidad en años para que las petroleras adquieran permisos de explotación en aguas federales.
Por otro lado, las productoras de petróleo y gas han advertido del riesgo que representan estas limitaciones para la economía estadounidense, tomando en cuenta no solo que reduce las oportunidades de descubrir nuevos yacimientos del petróleo y gas que demanda el propio país, así como echar por tierra la oportunidad de convertir a EE. UU. en un proveedor seguro para una Europa que debe buscar sustituir el gas ruso.
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Producción
El Golfo de México, una de las cuencas maduras más importantes del planeta, produce actualmente el 15 % del crudo total y el 97 % del proveniente de fuentes marinas que se extrae en EE. UU. y, según un estudio reciente de McKinsey & Company, la zona tiene potencial para aportar hasta 2 millones de barriles diarios (bpd) por nuevos yacimientos.
Además, un análisis del propio gobierno estadounidense señala que las concesiones ofrecidas en el Golfo podrían producir más de 1.000 millones de barriles de petróleo y más de 4 billones de pies cúbicos de gas natural en los próximos 50 años.
Por solo mencionar algunas de los recursos e inversiones proyectadas:
- La primera subasta de lotes del Golfo en marzo pasado reportó 309,7 millones de dólares por los derechos de exploración de un área de 1,6 millones de acres (unos 6.400 km2), según datos federales.
- BP planea aumentar su inversión en el Golfo de México a una media de USD 2.300 millones anuales entre 2023 y 2025.
- Exxon ha informado de inversiones de hasta 20.000 millones hasta el 2027.
Para llevar adelante sus planes de exportación, la industria de gas natural de Estados Unidos requiere de plantas de licuefacción (proceso que permite almacenar el gas natural para su exportación) y terminales de despacho y cada una de ellas precisa inversiones de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, según la Asociación de Abastecimiento de Gas Natural.
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La subasta que no fue
Cual tormenta que agita las aguas del Caribe, la diatriba política mantiene convulsionados los escenarios legales estadounidenses relacionados con las subastas de terrenos en el golfo mexicano, con órdenes y contraórdenes judiciales que terminaron por posponer la licitación que debió darse la última semana de septiembre.
El pasado 21 de ese mes, por solicitud de Chevron y demás asociados a la causa, el Tribunal para el Distrito Oeste de Luisiana emitió una orden por medio de la cual no solo exigía realizar la tercera subasta programada para el 27 de septiembre en el tiempo previsto, sino devolver las condiciones al llamado inicial; es decir, ofertar los seis millones de acres que la BOEM había restado de la propuesta meses antes.
“Es una gran victoria para el Estado de derecho y para los empleos y la energía asequible de Luisiana…. El Congreso es claro: las ventas de arrendamiento deben realizarse, por eso estamos agradecidos de que el juez dejara de lado el ruido y ratificara la ley”, señaló en su momento Jeff Landry, fiscal general de Luisiana, respecto a la decisión.
Pero la alegría duró poco. Apenas cuatro días después, un panel de tres jueces del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos concedió una suspensión parcial que retrasó la fecha de la subasta. Ahor se deberá realizar el 8 de noviembre en lugar del previsto 27 de septiembre.
Pese al retraso, los defensores de la subasta han ratificado el triunfo que significó el fallo que ordena realizarla en las condiciones iniciales, asegurando que es una victoria sobre las intenciones del gobierno de Biden de bloquear la producción de petróleo.
En el panorama, otros estados se han sumado a las voces de protesta contra Washington y a favor de las subastas, argumentando que las limitaciones impactarán otros sectores y a sus pobladores, entre ellos los habitantes del estado de Florida, cuyos puertos mermarían sus actividades por la imposibilidad de navegación nocturna y la reducción de la velocidad de los barcos.
Por otra parte, hay preocupación porque, al menos de forma oficial, no se conoce de otras subastas en el Golfo en los próximos años, lo que ha prendido las alarmas entre petroleras e inversores, que recuerdan que entre la subasta y el inicio de los trabajos de exploración pueden pasar varios años y muchos para más para el arranque la producción, por lo que retrasarlas o no realizarlas es un perjuicio para la industria y para el país.
Cabe recordar los pronósticos de varias consultoras respecto a que la producción de petróleo en el Golfo comenzará a declinar a partir del 2026 y podría llegar a casi 1,6 millones de barriles al día para 2030, unos 200.000 menos que en 2021.
No obstante, el 29 de septiembre se coló información respecto a que la Casa Blanca afina un plan para vender derechos de perforación petrolera en los próximos cinco años, aunque se trataría de escasos lotes de terrenos cuya cifra estaría por debajo de las 11 subastas que los expertos y oficinas gubernamentales han propuesto como óptimo para mantener constante la producción en el apetecido Golfo de México.
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