El equipo de socios de Arias - Guatemala, conformado por Ximena Tercero, Mario René Archila, Jorge Luis Arenales, Luis Pedro del Valle y Liz Gordillo Anleu, quien además es managing partner; respondió ocho preguntas sobre las perspectivas para el 2020 y el cierre de 2019, que si bien no atrajo grandes inversiones, ha sido interesante por la nueva normativa publicada. La protección de datos personales, la legislación sobre ciberdelincuencia y el trabajo de tiempo parcial, son los grandes pendientes que se perfilan para ser discutidos este año. Sin embargo, para el equipo de abogados, no todos son los más urgentes de legislar.
¿Cómo fue para Guatemala el 2019?
A pesar de ser un año electoral, el crecimiento económico se mantuvo; no hubo tantos proyectos de nuevas inversiones como en otros años; pero pueden mencionarse iniciativas interesantes para combatir el daño ambiental, así como financiamientos importantes otorgados a entidades locales.
¿Qué desafíos enfrentó su firma durante este año?
Un desafío importante ha sido la falta de certeza en los criterios de la administración pública y del organismo judicial. Resulta complicado prever qué criterio se aplicará en situaciones iguales o similares.
¿Cuáles han sido las tres reformas más importantes en Guatemala durante el 2019?
La primera reforma importante es sobre la Ley para la Reactivación Económica del Café (el decreto 4-2019), su entrada en vigencia modificó la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), creando un nuevo régimen especial electrónico de devolución de crédito; este permite a los exportadores de bienes o servicios recuperar el 100 % del remanente de crédito fiscal, por períodos mensuales vencidos. Cabe mencionar que este nuevo régimen de devolución de crédito fiscal está atado a la emisión de facturas electrónicas y a la utilización del registro electrónico de operaciones y documentos para que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tenga acceso a la contabilidad del contribuyente en tiempo real.
Otra reforma importante, en la misma materia, es la emisión del Decreto 7-2019 que, por una parte, intenta formalizar al sector agropecuario al crearle un régimen especial de tributación; además concede una especie de amnistía respecto al incumplimiento de obligaciones o quienes tuvieran rectifiquen sus declaraciones por irregularidades en la cadena de compras por exportación.
En materia penal, se emitió la Ley de Aceptación de Cargos. Esta trata de que una persona señalada por la comisión de un hecho delictivo, en cualquier fase del proceso penal, puede aceptar los cargos que se le imputan, así ser condenado y tener la posibilidad de optar inmediatamente a una rebaja sustancial de las penas. Dicha ley se aplica incluso para delitos tan graves como los contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Ley Contra la Corrupción. Los únicos delitos a los que no se aplica esta ley son los de: genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos de lesa humanidad.
¿Consideran que a estas reformas le faltan normas complementarias?
Sí, por ejemplo, a pesar de que el pasado 11 de noviembre entraron en vigencia las disposiciones reglamentarias relativas al nuevo régimen electrónico, el procedimiento y los requisitos formales para hacer efectiva la devolución de IVA no están del todo claros. Es necesario que la SAT haga del conocimiento público el procedimiento, formularios y demás herramientas para hacer efectiva la devolución bajo el nuevo régimen, así como que se indiquen plazos aproximados para que el contribuyente obtenga la suma de dinero equivalente a su crédito fiscal IVA.
En cuanto al Decreto 7-2019, todavía no cuenta con disposiciones reglamentarias que permitan su implementación y la liquidación del impuesto queda a criterio del contribuyente demandado. Este ha sido muy criticado dadas las ventajas que confiere al sector agropecuario versus los regímenes vigentes, en general, para los contribuyentes en Guatemala.
¿Sobre qué temas se harán reformas este año?
Existen varias iniciativas de ley que están pendientes de ser conocidas por el Congreso de la República y que eventualmente podrían ser aprobadas en 2020. Podemos mencionar la iniciativa de Ley de Competencia, que es un compromiso pendiente de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Asimismo, está la Ley de Infraestructura; Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia; Ley Reguladora del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el Trabajo a Tiempo Parcial; Ley para el Fomento de Trabajo, Empleo y Emprendimiento para Personas con Discapacidad; y la Ley de Promoción de Alimentación Saludable.
También se prevé la emisión de una norma para la protección de datos personales. Si bien existen algunas disposiciones aisladas en esta materia, Guatemala no cuenta con una ley específica que asegure el adecuado tratamiento y la comercialización responsable de los mismos. Esta es de suma importancia para el país en cuanto a derechos humanos. Su publicación daría a los ciudadanos una herramienta adecuada para proteger su información y elegir qué datos pueden ser utilizados por terceros y la forma en la que pueden hacerlo.
¿Qué temas son urgentes de legislar?
La reforma a la Ley de Servicio Civil, es una materia que consideramos que el Legislativo debería abordar con prioridad: la falta de especialización y capacitación del servidor público es un obstáculo para el desarrollo del país. También es necesaria una reforma sobre la elección de jueces y magistrados. Actualmente el procedimiento es lento y dista mucho de designar únicamente a jueces de carrera.
Por otro lado, es prioritaria la legislación en materia de desarrollo del empleo, particularmente la relacionada con la iniciativa de la Ley Reguladora del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el tiempo parcial como jornada laboral, tomando en consideración el alto índice de desempleo y el masivo retorno de inmigrantes guatemaltecos que han sido deportados por el Gobierno de los Estados Unidos.
Es de suma importancia la legislación en materia de protección de datos personales. La falta de una ley en este sentido, le resta competitividad al país.
¿Consideran que de alguna forma en Guatemala existe un retraso en ciertas prácticas comparando su país con el resto de la región?
Sí, en muchos aspectos. Con la consideración de que existe un desarrollo heterogéneo en las distintas legislaciones de Centroamérica. En la legislación mercantil y tributaria, países como Honduras y República Dominicana ofrecen mayores ventajas al establecimiento de zonas francas y son más atractivos para el inversionista extranjero, algo que ha provocado la migración de las inversiones a dichas jurisdicciones.
Sin embargo, Guatemala ha sido la economía más grande y fuerte de Centroamérica. Con los cambios en la legislación y un mejor manejo del Estado y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo de Guatemala es exponencial.
¿Qué desafíos cree que traerá consigo el 2020?
El 2020 se percibe como un año de transición política y económica. Confiamos en que tanto la inversión local como extranjera se reactive y se ejecute, de una forma eficiente, el presupuesto por parte del gobierno que permita llevar a cabo proyectos importantes de infraestructura. También apostamos a que se lancen más concursos públicos.
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