Luego de los cortes en el suministro de insumos y equipos, Europa se ha planteado minimizar su dependencia de los grandes centros tecnológicos, especialmente China y la zona del Pacífico, y una de las primeras iniciativas ha sido la promulgación de la 'Ley Europea de Chips', un paquete normativo con el que se busca que la producción local de semiconductores y microprocesadores de última generación garantice satisfacer sus necesidades e incluso comercializar en otros mercados.
Sancionada en febrero pasado, la Ley Europea de Chips plantea duplicar la producción de estos componentes, necesarios no solo en la fabricación de computadoras y teléfonos móviles, sino que ya son parte de la vida cotidiana al integrarse a vehículos, piezas sanitarias y equipos médicos, incluso en el sector militar y en el armamentismo.
“Esta ley será un punto de inflexión para la competitividad mundial del mercado único europeo. A corto plazo, aumentará nuestra resiliencia frente a futuras crisis y evitará interrupciones de la cadena de suministro. A medio plazo, contribuirá a convertir a Europa en líder industrial en este sector estratégico”, afirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, a propósito de la sanción de la ley.
En este mismo orden, Albert Agustinoy Guilayn, socio del bufete Cuatrecasas en Madrid, estima que “el objetivo es acercar a la Unión Europea (UE) a la meta de autoabastecimiento de productos tan esenciales para la industria y la economía europea como son los microprocesadores”, lo que le lleva a creer que se trata de una ley de suma importancia no tanto en lo inmediato como sí a mediano y largo plazo.
La meta está fijada
Durante la pandemia del COVID-19, Europa y otras regiones —incluso Estados Unidos— vivieron fuertes restricciones, no solo como consecuencia de la crisis sanitaria mundial sino por escasez de semiconductores, lo que obligó a muchos sectores a reducir hasta en más de 30 % sus actividades por falta de estos componentes. Entre las áreas afectadas se contaron la industria automotriz, grandes productores de equipos de comunicación y computación y fabricantes de equipos de oficina.
Esto impulsó a la UE a plantearse la necesidad de duplicar su producción de microprocesadores, para llevarla a 20 % de la factura mundial en el menor tiempo posible, el principal aspecto que contempla la ley recién promulgada y que se enmarca en el plan Década Digital 2030.
Las autoridades comunitarias no solo buscan evitar futuros déficits de componentes, sino convertir a Europa en un actor de peso para un mercado en el que, hasta ahora, solo ha tenido papeles de segunda, pero que puede brindar muy buenos réditos, toda vez que se trata de un sector industrial que mueve unos 600.000 millones de dólares al año y sigue en constante expansión.
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En contexto, Intel, el mayor fabricante de chips del mundo, renovó recientemente sus plantas de producción de chips en Irlanda, además de haber comprado una empresa especializada del ramo en ese país, a fin de apuntalar la manufactura, y Cisco, otra empresa fabricante, ha anunciado el desarrollo de un centro de diseño de chips en Barcelona, España.
“Teniendo en cuenta los largos plazos que se manejan en esta clase de entornos, es una buena señal de inicio. Europa necesita claramente contar con capacidades propias de producción de semiconductores”, dice Alberto Iglesias Fraga, periodista y analista español especializado en economía digital.
No obstante estos primeros signos, Agustinoy Guilayn dice que los efectos no serán tan inmediatos.
“Sin perjuicio del impulso que este reglamento europeo puede suponer para el sector en la UE, los efectos serán, en cualquier caso, a medio plazo (sino a largo plazo) y sin que estén plenamente asegurados. Ello se debe a la complejidad y los altos costes que supone no solo la fabricación de este tipo de productos, sino también la evolución tecnológica de los mismos”, dice el catedrático y autor de varios libros sobre derecho y nuevas tecnologías.
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Una megafábrica, muchas inversiones y algo más
En la búsqueda de la autonomía en la producción de chips, la nueva ley pretende reforzar el liderazgo tecnológico del viejo continente. Uno de los puntales para alcanzarlo es crear una megafábrica de semiconductores que movilizará unos 43.000 millones de dólares en recursos públicos y privados y que pretende ser un centro neurálgico no solo de fabricación sino de investigación.
De esa cantidad, 30.000 millones provendrán de fondos comunitarios y el resto de inversionistas privados, lo que representa un importante foco para atraer capitales de todo el mundo, potenciando al mismo tiempo inversiones colaterales en la cadena de suministros, por lo que se estima que el potencial de inversiones será muy superior al inicialmente planteado.
Todos estos recursos, de alguna manera, forman parte del plan general de las autoridades para apuntalar la recuperación de la economía europea tras la pandemia, que incluye también una serie excepciones fiscales y tributarias que pueden ser aprovechadas por inversores y corporaciones.
Se espera que la normativa ayude a fomentar la colaboración entre los fabricantes para compartir recursos y conocimientos técnicos, lo que podría reducir los costos y mejorar la eficiencia en la producción de estos componentes y robustecer las cadenas de suministro.
Del mismo modo, el desarrollo de este ecosistema representa para Europa atraer nuevos talentos y estimular la formación de mano de obra calificada, una oportunidad no solo para profesionales y trabajadores regionales sino también de otras latitudes, entre ellos miles de latinoamericanos con experticia en disciplinas tecnológicas, tal como ya lo plantea la ley española de startups.
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El poder de los más pequeños
Si algo enseñó la reciente crisis de semiconductores fue apreciar el valor geopolítico de estos pequeños componentes, al punto de que el año pasado Estados Unidos impuso nuevas normas para frenar las exportaciones de semiconductores y maquinarias para su producción a China, en un intento por minimizar el poderío del gigante asiático para desarrollar supercomputadoras e inteligencia artificial, pero que en el fondo busca frenar los avances chinos.
A juicio de los especialistas, esta importancia justifica la promulgación de la ley “Act” —como la denomina la Comisión—, pues se tratará de un reglamento europeo que se aplicará por sí mismo en todos los Estados miembros de la UE sin necesidad de transposición alguna.
“Esto ya implica que se va a establecer un régimen común único en este ámbito a nivel de la Unión, lo que puede tener sentido atendiendo a la importancia que ya tienen este tipo de productos en numerosos sectores de la industria comunitaria”, explica Agustinoy Guilayn.
Esta posición es reforzada por Iglesias Fraga, quien asegura que sin la norma, Europa quedaría relegada a un segundo plano en la competición por tener capacidad de producción propia de semiconductores, ante Asia (principalmente Corea del Sur y Taiwán) y Estados Unidos, país que planteó poco antes que la UE su 'Chips Act', muy similar en fondo y forma a la ley europea.
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