El 30 de junio, Alberto Fernández, presidente de Argentina, presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) propuso para reemplazar la actual Ley de Protección de Datos (Ley Nº 25.326). El documento presentado por el presidente es resultado de un proceso de consulta pública coordinado por la AAIP en once mesas de diálogo con ciudadanos, representantes de la sociedad civil, expertos, investigadores y organizaciones públicas, privadas e internacionales.
Este proyecto se basó en lo que regulaciones internacionales de punta han establecido como estándares en la protección de datos, entre estas el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea; el Convenio N° 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su versión modernizada; la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la Unesco; los Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos; la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador.
La normativa a sustituir (Ley 25.326) tiene más de 20 años de antigüedad, por lo que ya se hace necesaria su actualización para reglar sobre los nuevos desafíos que traen consigo los avances tecnológicos y el desarrollo de la economía digital, sin perder de vista los estándares internacionales y el foco en los derechos humanos.
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El proceso de actualización de la Ley 25.326 inició en marzo de 2022, con la elevación del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, en agosto de 2022; seguida de la presentación del informe sobre el Proceso de Elaboración Participativa de Normas, en relación con el Anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales y la habilitación en septiembre de la consulta pública (mediante la Resolución AAIP 119/2022).
De acuerdo con el gobierno argentino, la actualización de la ley es un paso fundamental para ampliar el acceso a derechos y generar un marco de acción que concilie la innovación tecnológica, el desarrollo económico y el derecho humano a la protección de datos personales y la autodeterminación informativa.
El proyecto tiene 83 artículos que amplían la ley actual. Entre los cambios más resaltantes, la nueva ley establece el ámbito de aplicación material y territorial, incorporando el principio de extraterritorialidad; enumera el principio de licitud, lealtad y transparencia y los principios de finalidad; de minimización de datos; de exactitud, preeminencia, responsabilidad proactiva y demostrada y el de seguridad de los datos personales.
También presenta un nuevo paradigma que da base al tratamiento de datos personales y las características del consentimiento, el tratamiento de datos sensibles, el tratamiento de datos en el sector público y la protección especial de datos personales en el caso de menores de edad.
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El tercer capítulo (de un total de 10) del Proyecto de Ley regula las transferencias internacionales y establece mecanismos para el correcto flujo transfronterizo de datos personales, mientras su cuarto capítulo incluye derechos de los titulares como el de acceso, rectificación, oposición y supresión junto con el derecho a limitación y el derecho sobre las decisiones automatizadas y la elaboración de perfiles.
El décimo capítulo establece las responsabilidades administrativas, la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la inobservancia de la ley y las sanciones penales, suspensión, multa, clausura o cancelación del archivo, registro o banco de datos. Las sanciones variarán según la gravedad y extensión de la infracción y oscilarán entre las cinco unidades móviles, hasta 1.000.000 de unidades móviles o entre 2 % y 4 % de la facturación total anual global del infractor.
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