Nicaragua resultó favorecida por el dictamen emitido por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que indica que la nación centroamericana no violó normativa internacional alguna en un caso planteado por varios demandantes, entre ellos Industria Oklahoma Nicaragua S.A.
Los demandantes reclamaban ser indemnizados por la rescisión de una concesión para la explotación de hidrocarburos en ese país.
El fallo del tribunal del CIADI, que se dio a conocer el 1 de marzo pasado, exime a Nicaragua de pagar 198 millones de dólares reclamados por los demandantes.
Nicaragua fue asesorada en el caso por el despacho Foley Hoag (Washington, D.C. y Nueva York) y abogados del Ministerio de Energía y Minas del Estado. Los demandantes contrataron los servicios de Dechamps International Law (Londres - Buenos Aires), Munguía Vidaurre Law (Managua) y 3 Verulam Buildings (Londres).
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El caso se remite a 2004, cuando varios inversionistas estadounidenses crearon la empresa Industria Oklahoma Nicaragua S.A. (ION), que obtuvo una concesión de 3.400 kilómetros cuadrados para la explotación de petróleo y gas en la costa del Pacífico de Nicaragua. En 2013, vencido el plazo para realizar el programa de evaluación, el gobierno de Nicaragua informó a ION que daba por terminado el contrato que, finalmente, fue rescindido en 2016.
La empresa realizó los reclamos ante las autoridades nacionales, argumentando la expropiación indirecta de las inversiones que, por más de 70 millones de dólares, había realizado durante la fase de exploración del proyecto.
Desatendido el reclamo, los demandantes, entre ellos el fideicomiso de la familia López-Goyne y otros, acudieron en 2017 al CIADI, aduciendo que Nicaragua había violado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR - CAFTA), acuerdo que protegía sus inversiones en el país centroamericano.
En 2019, el CIADI constituyó el tribunal conformado por Luca G. Radicati di Brozolo (Italia – Reino Unido), José Martínez de Hoz (Argentina) y Brigitte Stern (Francia), que informó sobre su jurisdicción para conocer el caso en 2021. Realizadas las audiencias pertinentes, el tribunal determinó que Nicaragua no había violado ninguna normativa. También resolvió que los demandantes deben pagar 1,5 millones de dólares, correspondientes a los gastos del juicio.
Asesores legales:
Miembros del Tribunal CIADI:
- Presidente: Luca G. Radicati Di Brozolo.
- Árbitros: José A. Martínez de Hoz y Brigitte Stern.
- Secretaria: Catherine Kettlewell.
Asesores de la República de Nicaragua:
- Foley Hoag – Estados Unidos (Washington, D.C. y Nueva York): Socios Paul Reichler*, Tafadzwa Pasipanodya Diego Cadena y Christina Beharry. Asociados Nick Renzler y Tracy Roosevelt.
Asesores The López-Goyne Family Trust y otros::
- Dechamps International Law (Londres y Buenos Aires): Socios Jean Paul Dechamps y Gustavo Topalian. Asociado sénior Pablo Jaroslavsky. Asociados Juan Ignacio González Mayer y Marcos G. A. Sassot.
- Munguía Vidaurre Law (Managua): Socio Noel Vidaurre Argüello.
- 3 Verulam Buildings (Londres): Socio Tariq Baloch.
*El abogado se retiró de la firma en enero de este año.
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