Batalla Abogados y AFC Tax & Legal se fusionaron para dar origen al bufete Batalla Salto Luna, el cual, con este paso, se convertirá en una de las cinco firmas legales más grandes de Centroamérica, junto a Arias & Muñoz, BLP, Consortium y García & Bodán.

Las áreas de especialización de esta nueva firma son el derecho empresarial, resolución de disputas, derecho público, derecho tributario y comercio internacional. La unión de ambas se hará efectiva el próximo primero de enero de 2016. Cabe destacar que Batalla Salto Luna conservará su alianza con AFC Accounting, oficina contable.

Aunque aún faltan poco más de tres meses para que el acuerdo entre en vigor, las firmas ya iniciaron el proceso de integración operativo y físico. En la nueva sede trabajarán 40 abogados, especialistas en diversas prácticas, además de economistas, personal de apoyo y técnicos de aduanas para completar un equipo de 75 personas. La relación con AFC Accounting suma la colaboración de 30 personas más.

La nueva firma tendrá una cartera de al menos 100 clientes en Costa Rica así como 150 clientes repartidos entre Suramérica, Estados Unidos y Europa. Los socios directores de Batalla Salto Luna serán Mariano Batalla y Diego Salto.

 

Sergio Moro, el juez federal de Brasil que preside el juicio por corrupción de Petrobras, condenó al exjefe de Ingeniería, Renato Duque, y al extesorero del Partido de los Trabajadores, Joao Vaccari, por corrupción y lavado de dinero.

Esta condena es la primera sobre los señalados de haber sobornado a altos cargos del Partido de los Trabajadores (al cual pertenece la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff) para que concedieran contratos multimillonarios de explotación.

Duque es acusado de haber sido el principal involucrado en la recolección de los sobornos para los integrantes del partido así como para él mismo, en la cesión de contratos sobrevaluados en Petrobras. Por este delito fue sentenciado a más de 20 años de cárcel, mientras Vaccari fue sentenciado a 15 años.

Por ahora, los tribunales bloquearon las cuentas ilícitas en Suiza, Mónaco y otros países y que fueron abiertas con el dinero de estos sobornos.

Entretanto, el exdirector del Área Internacional de Petrobras, Néstor Cerveró, recibió una sentencia de 12 años, 3 meses y 10 días, luego de ser encontrado culpable de delitos de cohecho y lavado de activos, por los cuales recibió 40 millones de dólares si obtenía un contrato con un astillero de Corea del Sur.

Según Moro, algunos procesos podrían prescribir

El juez Moro advirtió que en el supuesto de que la legislación de Brasil no cambie pronto, algunos de los delitos cometidos en el caso de Petrobras pudieran prescribir, por esto propuso prisión preventiva para quienes sean señalados como responsables del desvío de recursos públicos.

El magistrado recordó que la empresa privada tiene un papel vital en la prevención de actos de corrupción, tan solo debe negarse a pagar sobornos, cosa que no ocurrió en el caso de Petrobras. Para Moro, lo más preocupante es que no hubo extorsión en la asignación de los contratos sino una naturalización del soborno.

Se suma otra demanda al caso

La Fundación Bill & Melinda Gates demandó, por 41 millones de dólares, a Petrobras y a su auditor ante una corte de Nueva York por haberle ocasionado pérdidas de varias decenas de millones de dólares al fondo en este esquema de corrupción.

Con esta acción, la fundación del presidente de Microsoft y su esposa se unen a una larga lista de demandantes que intenta recuperar su dinero, mermado luego de hacerse público el escándalo, lo que causó bajas en el valor de las acciones de la petrolera.

El documento de la demanda de los Gates indica que la corrupción en la empresa semipública era institucional al estar tan extendida en su estructura. La Fundación tenía más de 27 millones de dólares invertidos en acciones de Petrobras desde 2013.

El gobierno de Bolivia deberá pagar a la empresa chilena Química e Industrial de Bórax  -Quiborax- 48,6 millones de dólares, más costes, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –Ciadi-, dependiente del Banco Mundial, fallara a favor de esta compañía, en su disputa contra Bolivia por la revocación de sus concesiones mineras en suelo boliviano. El pleito inició hace más de diez años cuando la gestión del expresidente boliviano Carlos Mesa retiró las concesiones de Quiborax y Non Metallic Minerals –NMM- en el Salar de Uyuni. Aparte de sus concesiones en este salar, la compañía chilena también las tenía en Arica. Entre los antecedentes de la disputa se sabe que en 2001, Quiborax se asoció con Minera Río Grande Sur, de Bolivia, creando NMM, logrando el control de las operaciones en Uyuní, el mayor salar del mundo. En 2004, la gestión de Mesa revocó las concesiones de la sociedad, donde los chilenos eran socios mayoritarios, con el argumento de que Quiborax no era inversionista en 2001 (antes de que su socio boliviano fuera expropiado) y que los papeles de la sociedad eran forjados. Durante dos años la minera chilena medió para alcanzar un acuerdo con Bolivia pero ante los resultados negativos resolvió en 2006 presentar una demanda de arbitraje contra el estado boliviano, por 66 millones de dólares, para compensar los perjuicios sufridos y las inversiones ejecutadas. Este año, el fallo de Ciadi concluye que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones, “al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias”. A pesar de que el juicio al término de septiembre de este año continúa abierto, el Tribunal exigió al gobierno de Evo Morales culminar la investigación judicial. Asesores de Química e Industrial de Bórax: Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, en Santiago de Chile. Socios Andrés Jana y Rodrigo Gil. Guevara & Gutiérrez SC - Servicios Legales Bolivia, en La Paz. Socios Jorge Luis Inchauste y Ramiro Guevara. Asesores del Estado Plurinacional de Bolivia: Procuraduría General del Estado. Fe de errata: la nota publicada el 19 de septiembre de 2015 indicaba erroneamente que Guevara & Gutiérrez SC - Servicios Legales Bolivia, había asesorado al Estado Plurinacional de Bolivia, cuando en realidad había representado a Química e Industrial de Bórax, junto con Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, en Chile.

Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a Arla Foods Ingredients S.A. en la obtención de un préstamo del International Finance Corporation (IFC), por un monto de USD 56 millones, para ampliar la planta de producción de la empresa en Córdoba, Argentina.

Por su parte, Estudio Beccar Varela asistió al IFC, institución financiera dependiente del Banco Mundial, en el otorgamiento del crédito, junto con Clifford Chance LLP en los Estados Unidos. 

Arla Foods Ingredients S.A. es un joint venture formado por SanCor CUL y Arla Foods Ingredients Group para la manufactura de productos lácteos.

Asesores del IFC:

Asesor interno: Becher Atassi.

Estados Unidos: Clifford Chance US LLP.

Estudio Beccar Varela

El equipo estuvo encabezado por el socio Pablo J. Torretta, la asociada senior Carolina Serra y la asociada Milagros Quintana.

Asesores de Arla Foods Ingredients S.A: 

Asesor interno: José Manuel Díaz.

Marval, O’Farrell & Mairal

El equipo estuvo conformado por los socios Pablo García Morillo y Juan Diehl Moreno junto al asociado Sergio Talamo.

Trench, Rossi y Watanabe Abogados, en cooperación con Baker & McKenzie, asesoró a la compañía agroindustrial Bunge, de Brasil, en la adquisición de la empresa procesadora de trigo Moinho Pacífico, también brasilera, por un monto no revelado. Ambas empresas firmaron el acuerdo el pasado 27 de agosto.

Con esta adquisición, Bunge Alimentos alcanzará una posición dominante en el mercado de cereales de Brasil. La transacción se hará efectiva a finales de 2015 cuando se complete el proceso de aprobación regulatoria.

Asesores de Bunge Alimentos:

Trench, Rossi y Watanabe Abogados: participó el socio Alberto Mori y la asociada Lidia Rossi.