La empresa de telecomunicaciones francesa fue asesorada por Batalla Abogados y fue condenada a pagar 10 millones de dólares en indemnización al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por un caso de corrupción que data del año 2004.

El caso ICE- Alcatel surgió a raíz del pago de sobornos a políticos y funcionarios públicos, por parte de Alcatel-Lucent, para obtener un contrato de 400.000 líneas telefónicas.  En el caso estuvieron involucrados directivos de alto nivel de la empresa de telecomunicaciones, además del ex- presidente de Costa Rica durante el periodo 1998 - 2002, Miguel Ángel Rodríguez.

Rodríguez fue condenado a cinco años de prisión por este caso en 2011, pero su defensa introdujo una apelación en 2012 y la decisión fue anulada a finales de 2014. El caso continúa abierto, ya que la Corte Suprema de Costa Rica ordenó revisar la condena de Rodríguez y emitir un nuevo dictamen.

Germán Calderón, del departamento jurídico del ICE, indicó que "el convenio entre la trasnacional de las telecomunicaciones y el ICE es un hito histórico. Ninguna causa judicial en que el Estado costarricense haya denunciado un supuesto perjuicio a su patrimonio había alcanzado un resarcimiento de esta magnitud".

La firma brasileña anunció la promoción de siete asociados en las áreas de litigio, fiscal, defensa del consumidor y derecho corporativo.

Andre Frossard Albuquerque




Cassio Chaves Cunha




Djenane Campos Cabral




Daniela Soares Domingues




Fabiana Galdino Cotias




Luis de Carvalho Cascaldi




Andressa Barros Figueredo de Paiva

André Frossard Albuquerque, Andressa Barros Figueiredo de Paiva, Cassio Chaves Cunha, Daniela Soares Domingues, Luis de Carvalho Cascaldi, Fabiana Galdino Cotia y Djenane Campos Cabral son los abogados que a partir del 1 de septiembre formarán parte de la sociedad.

Soares Domingues, de 38 años y con base en Río de Janeiro, y Frossard Albuquerque y de Carvalho Cascaldi, de 32 años cada uno, quienes trabajan en la oficina de São Paulo, son los nuevos socios del departamento de litigio y arbitraje.

Este año, Soares Domingues ganó una medida cautelar a favor de la empresa constructora Camargo Correa, para impedir que se realizara una licitación pública para la construcción de una ruta de autobús en Río de Janeiro, luego de que el gobierno municipal impidiera a la empresa acceso a documentos necesarios para la presentación de su oferta en la licitación.

Por su parte, Carvalho Cascaldi obtuvo una sentencia favorable para la cervecera AmBev, luego de que su principal competidor le acusara de violación de derechos de marca.

En el departamento de protección al consumidor fueron promovidas Andressa Barros Figueiredo de Paiva, de 37 años, y Djenane Campos Cabral, de 34, quienes ejercen en la oficina de Río de Janeiro. En el área corporativa, le tocó el turno a Cassio Chaves Cunha, de 37 años y quien trabaja en la oficina de Belém, mientras que en el área fiscal fue promovida Fabiana Galdino Cotia, de 35 años, y con base en la oficina de Salvador.

Rodrigo, Elías & Medrano Abogados asesoró al Banco Agropecuario S.A. de Perú –Agrobanco- en la estructuración del Primer Programa de Papeles Comerciales, por hasta USD 62 millones.

Esta es la primera colocación de Agrobanco –institución estatal encargada de otorgar créditos al sector agropecuario- en el mercado de valores. Dichos papeles comerciales fueron emitidos con un plazo de 360 días.

Por su parte, Hernández & Cía asistió al Banco Internacional del Perú (Interbank) en el registro y colocación de los títulos de deuda.

Anteriormente, Agrobanco había emitido Instrumentos de Corto Plazo (ICP), cuya colocación captó 28.547 millones de nuevos soles y se hizo con una tasa de 6,25%, a plazo de un año.

Con esta transacción, el Banco Agropecuario incursiona en el mercado de capitales, con una táctica dirigida a inversionistas retails y entidades financieras. Los instrumentos tuvieron una demanda que alcanzó un total de S/. 30.347 millones.

Consortium Legal asesoró a la embajada del Reino Unido en el país centroamericano en la incorporación de la Cámara de Comercio Británico – Salvadoreña.

Al acto de inauguración asistió el embajador del Reino Unido en el Salvador,  Bernhard Garside, quien afirmó que se trataba de un día muy importante para ambas naciones. “Creemos firmemente que hay muchas oportunidades comerciales entre los dos países y que estas se pueden explotar a través de la provisión de información”, afirmó Garside.

Las relaciones entre ambos países volvieron a la normalidad en 2011, tras una crisis diplomática que incluyó el cierre de ambas embajadas durante ocho años. La reapertura fue presidida por la embajadora Linda Cross, quien en 2014 cedió el testigo a Garside.

Consortim Legal asesoró pro bono a la embajada británica en la incorporación de la Cámara de Comercio, con un equipo compuesto por la asociada Stephanie Montoya y los socios Oscar Samour y Maria Alejandra Tulipano.

The Abraaj Group, fondo de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, fue asesorado por Pérez Bustamante & Ponce, en Quito; Hernández & Cía Abogados, en Lima; y Arias & Muñoz, en El Salvador, en la adquisición del servicio de mensajería Urbano, de Ecuador.

Urbano y su accionista minoritario Cedro fueron asesorados por Pizarro, Botto & Escobar Abogados, en Lima, y Consortium Legal, en San Salvador. A pesar de que Urbano opera en Ecuador, El Salvador y Perú no se pudo confirmar si otras firmas en estas jurisdicciones participaron la operación.

Abraaj invertirá entre 20 y 50 millones de dólares en Urbano y ampliará las operaciones de la compañía en Colombia y Chile. Así mismo, el consorcio informó que hizo esta adquisición para aprovechar el crecimiento en la demanda de servicios courier en América Latina, sobre todo en los sectores empresariales y de consumo.

El valor de la adquisición no fue dado a conocer.

Abogados de The Abraaj Group:

Pérez Bustamante & Ponce Abogados (Quito): Socios Diego Pérez Ordóñez y Javier Salvador.

Hernández & Cía Abogados (Lima): Socio Juan Luis Hernández y asociados Sandro Cogorno y Sylvia Chauca.

Arias & Muñoz (El Salvador): Socios Armando Arias y Luisa Rivas.

Asesores de Grupo Cedro y Urbano:

Pizarro, Botto y Escobar Abogados (Lima): Socio Luis Vargas y asociados Claudia Gonzales y Daniel Flores.

Consortium Legal (San Salvador): Socio Diego Martin y asociados Gustavo Vega y Carlos Rodríguez.