El combate a la evasión fiscal en México da un nuevo giro. El presidente Andrés Manuel López Obrador busca aumentar la responsabilidad de los socios de las empresas que se declaren en quiebra en el pago de impuestos por cobrar. De tal modo, el director general, el administrador general, los accionistas, liquidadores y síndicos deberán hacerse cargo de las contribuciones pendientes de la sociedad. Para conseguirlo, se ha propuesto en el Congreso una modificación al artículo 26, fracciones III, X y XVII del Código Fiscal de la Federación.
La Secretaría de Hacienda ha sido muy clara en sus intenciones. Afirma que las empresas factureras, aquellas que simulan operaciones para emitir facturas falsas a contribuyentes, utilizan la figura de la bancarrota para defraudar (aún más) al fisco. En este supuesto, cuando el Servicio de Administración Tributaria inicia un proceso de comprobación a estas compañías, los dueños liquidan la sociedad. De tal modo se liberan de la responsabilidad solidaria y Hacienda solo puede cobrar los impuestos pendientes del patrimonio de la empresa.
En la explicación de motivos de la iniciativa, la presidencia de la República argumenta que la legislación mercantil no garantiza que la liquidación de empresas no se utilice para evadir impuestos. Actualmente, los accionistas y administradores quedan liberados de la responsabilidad fiscal tras declarar la bancarrota, siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones fiscales básicas. Si se aprueba la reforma, Hacienda podría realizar una investigación, determinar que se usó la liquidación para no pagar contribuciones y cobrarle a los responsables. De acuerdo con el diario Reforma, empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (uno de los mayores sindicatos patronales del país) señalan que esta medida aumenta el riesgo para los inversionistas y vulnera la seguridad jurídica de las compañías.
El Gobierno de López Obrador promueve una serie de medidas agresivas para combatir la evasión de impuestos. Destaca, por ejemplo, que la propuesta convierte en delito grave, equiparable a la delincuencia organizada, la defraudación fiscal. Se establecen penas de cinco a ocho años de prisión y se les considera una “amenaza para la seguridad nacional”. Lo que es un hecho es que la actual legislación no ha servido para combatir la evasión. De acuerdo con el fisco, de 2014 a la fecha se han reportado operaciones falsas por más de 82.000 millones de dólares (1,6 billones de pesos al 24 de septiembre). Esto implica que se han dejado de pagar más de 18.000 millones de dólares (354.000 millones de pesos) en impuestos.
El paquete de reformas en materia fiscal fue enviado recientemente al Congreso, donde se espera su aprobación gracias a la mayoría que Morena (el partido del presidente) y sus aliados tienen en ambas Cámaras. Algunas iniciativas, como la de ampliar la responsabilidad fiscal, solo necesitan la aprobación de diputados y senadores para entrar en vigor.
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