La reciente declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica ha sacudido los cimientos legales y económicos de Panamá. La Corte Suprema, liderada por la presidenta María Eugenia López, emitió un fallo unánime declarando inconstitucional la Ley 406, que regía el contrato entre el Estado panameño y la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM). Este revés legal ha desencadenado un cambio fundamental en la percepción y regulación de las inversiones en el país.
Como parte del contexto y con la visión de fortalecer el atractivo para inversores nacionales y extranjeros, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, promulgó el reglamento de la Ley 207.
Esta legislación creó la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones, conocida como ProPanamá, siendo reglamentada por el Decreto 22 de 2023. La creación de esta autoridad marca un hito estratégico al asignarle la tarea prioritaria de atraer inversión extranjera y promover las exportaciones, actividades de interés nacional prioritario.
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En medio de estos cambios estructurales, cabe revisar las tendencias emergentes y otros sucesos clave en el panorama de inversiones de esta importante jurisdicción para la región centroamericana.
A decir de Francisco Arias, socio de Morgan & Morgan, es crucial sopesar el importante avance de Panamá al salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El especialista destaca que esta salida "debe facilitar y agilizar las operaciones financieras realizadas desde Panamá".
En este panorama, entidades como las sedes de empresas multinacionales pueden maximizar sus oportunidades de desarrollo a partir del nuevo decreto y la creación de ProPanamá, que -en palabras de Arias- “se concibe como la puerta para facilitar la entrada del inversor extranjero y encauzar a los exportadores hacia nuevos mercados en el exterior."
"Las sedes de empresas multinacionales tienen su 'portal de entrada' en el mismo Ministerio de Comercio e Industrias al que está adscrita ProPanamá, por lo que esta última debe servir de complemento para su establecimiento y operación, al amparo de la normativa aplicable", detalla.
A continuación, Francisco Arias, líder de las prácticas de fusiones y adquisiciones, valores y mercado de capitales y propiedad intelectual, en Morgan & Morgan evalúa el contrapeso favorable que crea la nueva autoridad para la inversión y da recomendaciones para tomar el contexto con una perspectiva estratégica.
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¿Cuál es la esencia del Decreto N° 22 y de la creación de ProPanamá?
Francisco Arias: La Ley 207 de 2021 crea la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (ProPanamá) y el Decreto 22 de 2023 reglamenta dicha ley.
El objeto de la ley, al crear ProPanamá, fue atraer inversión extranjera y promover las exportaciones, como una actividad de interés nacional prioritaria. Se trata de instrumentos legales que atribuyen funciones a la autoridad con miras a lograr dicho objeto.
ProPanamá se concibe como la puerta para facilitar la entrada del inversor extranjero y encauzar a los exportadores hacia nuevos mercados en el exterior. Por ejemplo, en el contexto de fusiones y adquisiciones de empresas panameñas por empresas extranjeras, esta autoridad puede servir de fuente de información y facilitador en las interacciones con otras entidades estatales.
¿Qué sectores o industrias tendrán oportunidades de desarrollo en una etapa inicial?
Los sectores que ofrecen oportunidades son logística, tecnología y alimentos. La primera gira alrededor del Canal de Panamá y demás infraestructura alrededor del mismo, incluyendo puertos, ferrocarril y zonas francas.
Por otro lado, Panamá es un lugar óptimo para el desarrollo de tecnología, en parte por los seis cables submarinos de comunicaciones que aterrizan en sus costas.
¿Cuál es su perspectiva sobre el papel de Panamá como centro logístico y cómo este aspecto se ve mejorado por las disposiciones del Decreto Ejecutivo N° 22?
Aprobada la Ley 207 y adoptado su reglamento, ahora el equipo que conforma a ProPanamá cuenta con una estructura jurídica para cumplir con sus funciones.
Panamá, desde sus días como colonia española, ha servido como centro logístico de las Américas. La infraestructura existente ha demostrado capacidad para atender requerimientos regionales y transoceánicos.
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En relación con las transacciones inmobiliarias vinculadas a fusiones y adquisiciones, ¿cómo afectan las nuevas regulaciones del decreto a este aspecto en particular?
Al dotar a ProPanamá de su régimen jurídico y estatus en el engranaje gubernamental como una entidad autónoma con su propio presupuesto e independencia en el ejercicio de sus funciones, los inversionistas extranjeros y los interesados en exportaciones contarán con apoyo especializado.
En el sector inmobiliario, en el que hubo gran crecimiento en el sector residencial de lujo y comercial, sufriendo reciente merma, todavía existen oportunidades. En los sectores de residencias para el mercado masivo y de galerías, sigue habiendo demanda.
En términos de relaciones internacionales y acuerdos bilaterales, ¿cómo puede influir el Decreto N° 22 en la posición de Panamá como destino atractivo para la inversión extranjera?
ProPanamá no ha sido concebida como un ente para interactuar en nombre de la República con autoridades extranjeras, aunque sí se le encomienda la tarea de organizar eventos de promoción con estas, entre otros.
El cumplimiento de acuerdos bilaterales con países de origen de inversionistas debe ser fortalecido a través de ProPanamá, ya que esta garantizará que las contrapartes locales cumplan los compromisos internacionales de nuestro país.
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¿Cuáles serían las recomendaciones legales clave que ofrecería a las empresas que están considerando una fusión o adquisición en el contexto normativo actual, para aprovechar mejor lo que dispone el decreto?
A los inversores extranjeros que estén considerando realizar una adquisición en Panamá les recomendaría:
- Abrir un canal de comunicación con ProPanamá con miras a identificar la información con que cuenta o puede recabar respecto del sector de interés.
- Conocer el régimen jurídico aplicable al sector, ya que algunos están altamente regulados, como la banca, energía, etc.
- Validar la información recabada con fuentes independientes.
- Documentar en forma adecuada y debida, a través de contratos y demás documentos propios, según el tipo de transacción.
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