La ola de protestas contra una polémica ley que prolonga el contrato de una minera canadiense para explotar el corazón mismo de la selva centroamericana se ha sumado a los puntos en contra de los bonos de la deuda panameña, amenazada de ser catalogada como basura por el negativo desempeño que ha tenido, producto de presiones fiscales y dudas sobre la capacidad del gobierno para solventar sus dificultades financieras.
Sin embargo, pareciera que existen dos realidades paralelas en un país que se mantiene como uno de los más atractivos para invertir en toda América Latina: mientras que los análisis de Wall Street despiertan temores ante una posible desestabilidad económica, la nación sigue contando con un buen desempeño crediticio, al punto de mantener y hasta incrementar el endeudamiento previsto para este año.
De hecho, a finales de septiembre, la nación centroamericana realizó una emisión por 1.400 millones de bonos globales con vencimiento en 2036 y 2054, que recibió ofertas por 5.300 millones de dólares, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. La oferta fue 600 millones de dólares superior a lo esperado por los mercados internacionales de deuda, con base en las estimaciones de financiamiento anunciadas por Panamá para este año.
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Motivos de preocupación
Las alarmas sobre una posible degradación de Panamá a la condición de “ángel caído” se hicieron más fuertes a principios de octubre, cuando la deuda panameña cayó a su nivel más bajo desde 2009, luego de que las grandes calificadoras de riesgo rebajaran sus expectativas sobre el país: Fitch redujo su apreciación a apenas un punto por encima del umbral de “basura”, mientras que Moody’s y S&P mantienen su calificación dos peldaños arriba. No obstante, las perspectivas no son positivas y apuntan a mayores rebajas.
En paralelo, el rendimiento adicional exigido por los inversores para mantener los bonos panameños —algo crucial para evitar inundar el mercado y provocar la baja de precio— se disparó más de 30 puntos básicos entre agosto y septiembre, impulsado por otro problema que afronta la economía panameña, esta vez de carácter climático: la caída del tránsito por el Canal de Panamá, motor de la economía nacional, como consecuencia de la fuerte reducción del flujo hídrico que mantiene el sistema interoceánico.
Pero quizás el mayor escollo se relaciona con el manejo de las cuentas fiscales y el aumento del gasto público, en particular por el uso de la deuda para gestionar la inversión social a largo plazo.
“La Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (LRSF) corre el riesgo de ser incumplida ya que el déficit estará por encima de lo acordado y, lamentablemente, la confianza sufrió un duro golpe ante las acciones de acomodamiento financiero que la actual administración implementó: dilación en pagos a contratistas o el reconocimiento de obligaciones a bancos”, afirma Carlos Arauz, economista y experto en el sistema financiero del país del istmo.
En esta misma línea, el también economista Ernesto Bazán señala que, en efecto, el endeudamiento, que actualmente raya en el 56 % respecto del PIB, ha afectado la capacidad de pago, más con el aumento del costo de ese endeudamiento por el alza de las tasas de interés.
“Esto genera una presión importante para las cuentas fiscales”, añade, recordando que -de acuerdo con la LRSF- el endeudamiento debe rondar el 40 % del PIB, nivel en el que se mantuvo en los dos gobiernos anteriores.
Con estos antecedentes, la ola de protestas contra la Ley 406, que ratifica y prolonga por 40 años la concesión para que Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, siga extrayendo cobre, oro, plata y molibdeno en el centro mismo del Corredor Biológico Mesoamericano ha venido a enturbiar el panorama todavía más, provocando una caída aún mayor de la deuda al 5 % registrado en octubre.
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Perspectivas a corto plazo
Con bonos menos atractivos para los inversionistas, la deuda lógicamente baja de precio y, en el caso de Panamá, está al borde de la peor calificación, con el agravante de que el déficit fiscal sigue ensanchándose, alcanzando al cierre del primer semestre del año a USD 2.546 millones, un 33,3 % por encima respecto del primer semestre de 2022, en parte con base en emisiones de deuda que entre agosto y septiembre sumaron 2.100 millones de dólares.
“No veo razones para creer que el déficit fiscal vaya a descender y generar el ahorro necesario para amortizar parte de la deuda”, acota Bazán.
“El panorama es altamente complicado si se suman peligros inflacionarios, subidas de tasas de interés y migración rampante… El crecimiento económico (denominador) permite que el país se endeude más, pero sin planificación”, agrega Arauz, quien concluye que pensar en una pérdida de inversión no es descabellado”.
Una visión menos negativa es la que tiene Rodrigo Molina, socio fundador del bufete de abogados Molina & Co., quien afirma que, a pesar de la degradación de la perspectiva de la deuda, el rating se mantiene en niveles de investment grade.
El abogado cree que esta disminución se debe en buena medida al deterioro fiscal “que se maquilla un poco con los ingresos extraordinarios de la minería e ingresos por la venta de terrenos al Canal de Panamá” para reforzar el área protegida, condición que estima será difícil de mantener por el próximo gobierno que se elegirá en 2024.
En efecto, la apreciación negativa otorgada por Fitch Ratings está muy íntimamente relacionada con las perspectivas de la deuda como inversión segura, pero según los analistas y tomando en cuenta la poca o nula efectividad de las decisiones tomadas por el Ejecutivo, las probabilidades de que proceda una degradación son bastante altas.
De darse esta rebaja de calificación, Rodrigo Molina estima que habría una segura afectación, pero concentrada en los papeles del Estado negociados en Bolsa; es decir, sin costo reputacional para las empresas.
Ello implicaría un problema imprevisto para que Panamá mantenga el atractivo que ha tenido en las últimas décadas como foco para las inversiones, lo que implicaría un mayor costo de endeudamiento futuro para la nación y las empresas, así como una mayor presión sobre el presupuesto por la subida de los intereses, una condición que, al parecer, se mantendrá más de lo esperado.
Sobre este particular, Carlos Arauz opina que el hecho de que prevalezca el modelo lineal de producción ha hecho que el país pierda oportunidades de inversión y que los capitales opten por otros países como destino. “La atención a temas de gobernanza, socioeconómicos y de cambio climático no han sido prioridad en la planificación del modelo país”. Además, recuerda que la OCDE ha ratificado a Panamá como un paraíso fiscal “y eso complica mucho atraer cierto tipo de capital”.
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Pasos concretos
Sin duda, el tema de la credibilidad es primordial para apuntalar el perfil de la deuda de cualquier país y ello demanda acciones muy concretas que pasan, entre otras cosas, por asegurar el buen uso de los recursos obtenidos por esta vía, lo que a su vez demanda implementar la fiscalización adecuada para asegurar que ello se cumpla.
En este sentido, Arauz estima que son imprescindibles medidas como:
- Control del gasto público.
- Ajustes en subsidios que crean todo tipo de distorsiones.
- Eliminación de exoneraciones tributarias que benefician exclusivamente a ciertos grupos de interés.
- Modernización de la recaudación fiscal.
- Planificación y programación que respete la transparencia.
- Reforzamiento del rol de la Contraloría General de la República.
Del mismo modo, señala que es imperante que las empresas implementen programas para optimizar procesos y capacitación continua de la fuerza laboral con uso de tecnologías emergentes, pues considera que complementar capacidades laborales con talento nacional e internacional con experiencias en empresas de alto desempeño permitiría incursionar en nuevas áreas de negocio.
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