Que la Constitución de El Salvador no permitiera la reelección inmediata no impidió a los salvadoreños elegir —y por abrumadora mayoría— a Nayib Bukele para un segundo período de gobierno, una nueva etapa en la que el mandatario deberá no solo dar continuidad a las propuestas que ha hecho, sino que deberá asumir nuevos retos, particularmente en materia económica, para poder cumplir su promesa de "hacer del país el más avanzado de la región".
Con un crecimiento moderado, el más pequeño de los países de Centroamérica deberá cambiar y mejorar muchas cosas para solidificar la endeble estabilidad financiera que disfruta, con miras a alcanzar cuotas de desarrollo que le consoliden como la nación pujante a la que Bukele alude en sus discursos, entre cuyas ofertas despunta hacer del bitcoin una moneda de uso corriente, aunque sus avances no hubieran sido los esperados.
Para concretar sus políticas, el joven presidente de mayor aceptación en la región tiene a su favor la casi totalidad de los escaños en el Parlamento, a través de su partido político, por lo que se espera una mayor agilidad en la aprobación de sus iniciativas.
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Las promesas vs los números
Según datos de varias encuestadoras, la aceptación a este presidente se sitúa en alrededor de 88 %, lo que significa que nueve de cada 10 salvadoreños lo respaldan, un apoyo sustentado, según estas mismas organizaciones, en la cumplida promesa de combatir el crimen organizado, que había hecho de El Salvador uno de los países más peligrosos del mundo, con una tasa de homicidios de 105 personas por cada 100.000 habitantes.
Luego de tres décadas de terror, el país tuvo en 2023 el año más seguro de su historia moderna, con una tasa de 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se espera tenga incidencia en otras áreas, incluyendo la económica.
“Con los resultados positivos que se ha tenido en ese ámbito (seguridad), el turismo ha crecido sostenidamente, lo que es clave para nuestro país, ya que ha atraído la atención de personas en el extranjero, demostrando que es un país seguro y con muchos atractivos turísticos”, asegura Oscar Samour, socio de la oficina salvadoreña de la firma centroamericana Consortium Legal.
Estos avances en seguridad, no obstante, son todavía muy recientes como para tener un efecto coyuntural en los indicadores macroeconómicos.
Con un crecimiento promedio de 2,5 %, entre 2013 y 2019 (este último el primer año de gobierno de Bukele), la economía del más pequeño país centroamericano sigue teniendo problemas para repuntar con holgura. En 2021, si bien el efecto rebote pospandemia permitió una expansión de 11,2 %, el Banco Mundial estimó que para 2023 el crecimiento se retrajo a 2,8 %, apenas 0,3 % por encima de la media de los ocho años precedentes.
De igual manera, la pobreza sigue estando en niveles elevados. Datos oficiales apuntan que, aunque la pobreza ha descendido del umbral de 40,40 % en 2016, se mantiene como una de las más altas en América Latina, alcanzando, para 2022 (último dato oficial), al 26,7 % de los hogares del país, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), cifra que es 2,1 puntos porcentuales superior al 24,6 % del año anterior.
Atraer capitales foráneos es otra tarea pendiente de la actual administración. En diciembre pasado, el Banco Central de la Reserva indicaba que, al cierre del primer semestre de 2023, la inversión extranjera directa neta alcanzó los 262 millones de dólares, dato significativamente superior al saldo negativo de -99 millones de dólares de todo el 2022, pero poco más de la mitad de lo registrado entre enero y junio de 2021 (USD 413,8 millones).
Al respecto, Enrique Escobar, socio director de Lexincorp en El Salvador, comenta que el énfasis deberá colocarse en atraer inversiones y, entre otras cosas, que el Poder Legislativo actualice todo el marco normativo relativo a la inversión extranjera.
“Es preciso ofrecer reglas claras y normativas adecuadas que le faciliten al inversionista extranjero establecerse en el país con mayor facilidad y seguridad jurídica”, señala Escobar.
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Desafíos tributarios
Será ardua la tarea de Nayib Bukele en este su segundo mandato para apuntalar la economía, pues se espera que el país supere el techo inferior al 3 % que ha mantenido en la última década.
“Se anticipa que se prestará especial atención al manejo de las remesas, que han experimentado un notable aumento en los últimos meses, superando los 790 millones de dólares en diciembre”, dice Samour.
En efecto, las remesas han sido pilar esencial para la movilización económica salvadoreña, alcanzando en 2023 la cifra récord de 8.181 millones de dólares (4,6 % más que en 2022), monto equiparable al 92 % del Presupuesto General del Estado, aprobado el año pasado por el Parlamento. Y no sería un capricho gubernamental prestar mayor atención al manejo de esos capitales que llegan por remesas, toda vez que El Salvador es el país latinoamericano donde los envíos de dinero del exterior tienen el mayor peso respecto al PIB: 27,9 % en 2021, de acuerdo con cálculos del Banco Central de la Reserva (BCR).
Otro tema que constituyó una promesa electoral en su primera campaña (y que aún no ha sido satisfecha) es la exoneración de impuestos a familias pobres. El mismo Bukele señalaba en 2018 que con la exoneración de tributos, incluyendo el IVA, se beneficiaría a más de 500.000 personas, lo que ayudaría a reducir la brecha de pobreza.
Deuda externa
No menos importante es el manejo de la deuda externa. Si al inicio de su primer gobierno Bukele heredó una deuda pública estimada en 12.717 millones de dólares, durante su gestión ha seguido aumentando y para septiembre de 2023 sumaba USD 19.612 millones, de acuerdo con el BCR y el Ministerio de Hacienda. A esa cifra se añaden USD 9.010 millones correspondientes a deuda de pensiones, con lo que el balance total de la deuda pública salvadoreña es de USD 28.622 millones.
De acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica, con un porcentaje de 76,4 % de su PIB comprometido. Y las proyecciones no son alentadoras, pues se estima que el correcto pago de vencimientos para este año apenas hará que el porcentaje descienda a 73,3 % del PIB.
“Es prioritario para el país poder negociar su deuda externa, principalmente con el Fondo Monetario Internacional, contar con plazos adecuados para la amortización de capital, a fin de evitar un potencial default y mejorar sus calificaciones crediticias con los organismos internacionales”, dice el socio de Lexincorp.
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Economía digital: la gran apuesta
Es de esperar que, en su segundo gobierno, Bukele ponga especial atención a su apuesta bandera en materia económica: hacer del bitcoin moneda de uso corriente, meta que el país se trazó en 2021, cuando se convirtió en la primera nación del mundo en hacer del más popular criptoactivo su referencia monetaria.
Sin datos oficiales concretos sobre cuánto se ha invertido en el ambicioso proyecto (se sabe que se destinaron unos USD 257 millones para comprar los primeros activos digitales y crear un fideicomiso de intercambio), su concreción está muy lejos de cristalizarse y es hoy poco más que una entelequia. Un reciente estudio de la Universidad Centroamericana señala que 85 % de salvadoreños afirmó no haber usado bitcoin en todo 2023.
Poca educación en la materia, precariedad de la economía y dificultades técnicas para llevar adelante el programa figuran entre las causas del poco avance, pese al empuje que han puesto gobierno y privados en ello.
“La integración exitosa del bitcoin en la infraestructura financiera y comercial requerirá de un marco regulatorio sólido, así como de medidas para mitigar posibles riesgos, como la volatilidad del mercado de criptomonedas”, afirma Samour.
Asociado a este proyecto, otros dos figuran como materias pendientes para esta segunda administración de Bukele: los Bonos Volcán (que se espera vean la luz este 2024), títulos denominados en bitcoin por un valor en dólares que servirían para el desarrollo de la Bitcoin City, primera metrópoli bitcoiner del mundo, libre de tributos y alimentada con energía geotérmica.
Otros planes de envergadura que podrían ser prioritarios en esta nueva administración de Bukele son el puerto de La Unión (ciudad cercana al punto donde se construirá Bitcoin City), el Tren y el Aeropuerto del Pacífico y Surf City, una extensa zona del Pacífico salvadoreño promovida como nueva meca para los deportes sobre olas.
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