La minera Pacemaker Silver Mining introdujo un recurso de amparo contra el decreto de modificación a la Ley Minera en México, alegando su inconstitucionalidad por los efectos y repercusiones que tendrá sobre la actividad minera. La Ley Minera fue sancionada por el Congreso mexicano en abril pasado.
El acto obtuvo la suspensión contra el decreto que modificó la Ley Minera; la Ley de Aguas Nacionales; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en cuanto a las concesiones para minería y agua.
Pacemaker Silver Mining fue representada en esta actuación por el escritorio mexicano EC Rubio (Ciudad de México).
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La reforma a la Ley Minera y otras leyes relacionadas con la minería en México, que entró en vigencia a principios de mayo de este año, ha sido criticada por la industria mexicana por modificar de forma substancial las reglas del manejo de esta importante actividad, que reporta al país cerca de 4 % al Producto Interno Bruto.
EC Rubio señaló que con base en un detallado estudio de las normas objeto del amparo, el auto introducido logró obtener una suspensión que prohíbe la ejecución del decreto impugnado, con lo que se busca prevenir los posibles daños o perjuicios que podrían aplicarse en contra de Pacemaker Silver Mining por la implementación de la norma.
Entre los argumentos presentados por los representantes legales de la empresa están que la nueva legislación reduce los derechos que otorga una concesión minera, especialmente el derecho de explorar, ya que solo el Estado, a través de una entidad paraestatal, podrá realizar esta actividad, limitando a las empresas privadas solo a la explotación.
Además, se ha reducido la duración de la vigencia de las concesiones de 50 años a 30 años, prorrogables por 25 más, lo que -según los abogados de Pacemaker Silver Mining- representa una aplicación retroactiva de la nueva legislación.
Del mismo modo, argumentan que el suministro de agua para consumo humano y doméstico tendrá prioridad al otorgar concesiones del recurso, lo cual es un requisito indispensable para obtener una concesión minera. Además, la reforma elimina la posibilidad de transmitir la titularidad de las concesiones sin la autorización de la autoridad minera.
Entre los alegatos que sustentan la demanda de la empresa, está que la ley también aumenta las multas, sanciones, obligaciones y causas de cancelación existentes, así como la incorporación de un capítulo dedicado a los delitos en los que los concesionarios pueden incurrir.
“Con la entrada en vigor del decreto de reformas, las autoridades responsables han infringido de manera perjudicial una serie de derechos fundamentales, como lo son la seguridad jurídica, la legalidad, la motivación, la irretroactividad, la congruencia y el estricto derecho, que están consagrados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de los cuales México forma parte”, señala el texto redactado por EC Rubio.
Plantea el documento que, en conclusión, las acciones de las autoridades responsables han vulnerado los derechos mencionados, con efectos perjudiciales para los titulares de las concesiones otorgadas de acuerdo con la legislación anterior.
"La retroactividad de la nueva ley y la falta de una justificación adecuada de las obligaciones y sanciones impuestas plantean serias preocupaciones en términos de seguridad jurídica y legalidad”, agrega.
En junio pasado, un juzgado de Distrito de Ciudad de México concedió la suspensión provisional de la reforma a la Ley Minera a favor de la empresa canadiense First Majestic Plata.
Del mismo modo, diputados al Congreso de los partidos PAN, PRI y PRD introdujeron una impugnación de la ley por inconstitucionalidad y se esperan demandas similares por parte de mineras nacionales y extranjeras.
Asesores legales:
Asesores de Pacemaker Silver Mining, S.A. de C.V.:
- EC Rubio: Socios Pablo Méndez y César Holguín. Asociados Alejandro Guerra y Kevin Daniel Rico.
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