La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos Fiscales del Estado, expedida en 2011 y declarada inconstitucional en enero de 2022, ha sido extendida hasta el 31 de diciembre de 2024, según la decisión de la Corte Constitucional plasmada en el Auto 58-11-IN/23.
La medida se adopta debido a la falta de promoción de reformas legales durante el plazo inicial, que abarcaba hasta diciembre, para subsanar los posibles vacíos normativos que podrían afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas tras la eliminación de dicha normativa. Entre las razones que respaldan la ampliación de la vigencia se encuentra la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto del fin de la administración de Guillermo Lasso, acontecimientos vinculados a la muerte cruzada ocurrida en mayo pasado.
La Ley de Fomento Ambiental incluyó una serie de reformas tributarias, como el aumento del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2 % al 5 %, la reducción de utilidades en sectores petrolero y minero, la creación del impuesto a la contaminación vehicular o “impuesto verde”, y la imposición de gravámenes a las botellas plásticas no retornables, entre otros. Aunque algunas de estas disposiciones ya han sido sustituidas por nuevas leyes, el aplazamiento de la normativa afecta únicamente a aquellas reguladas por la Ley de Fomento Ambiental que aún no han sido reemplazadas, derogadas o reformadas.
La prórroga fue aprobada por la Corte Constitucional con ocho votos a favor y uno en desacuerdo.
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Actualmente, el ISD se encuentra en el 3,5 %, disminuyendo a 2 % en diciembre, según un decreto emitido por Guillermo Lasso en enero de 2023. La decisión de la Corte Constitucional de extender el plazo hasta diciembre de 2024 busca precautelar la seguridad jurídica y evitar vacíos normativos tras la eliminación de una ley declarada inconstitucional.
En su defecto, los vacíos normativos podrían afectar aspectos tributarios y productivos, como la deducibilidad de gastos relacionados con vehículos empleados en la actividad económica generadora de renta, el crédito tributario por el pago de ISD en importación de materias primas, insumos y bienes en procesos productivos, y el establecimiento de nuevas tarifas de hechos generadores impositivos.
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Los Antecedentes de la Ley de Fomento Ambiental
Luego de una década de análisis, en el 2022, la Corte Constitucional emitió un fallo declarando la inconstitucionalidad de la reforma tributaria conocida como Ley de Fomento Ambiental, la cual entró en vigor en noviembre de 2011.
El fallo de inconstitucionalidad se basó en el incumplimiento del requisito de unidad de materia, ya que la Ley de Fomento Ambiental abarcó ajustes no solo en materia tributaria, sino también en aspectos laborales y de hidrocarburos. Javier Bustos, catedrático de Tributación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) y uno de los solicitantes del pedido de inconstitucionalidad, destaca que la ley no pasó por votación en el Pleno de la Asamblea en 2011, sino que fue introducida a través del Ministerio de la Ley, violando el principio de que en las reformas tributarias no debe primar únicamente la voluntad del Ejecutivo.
A pesar de la declaratoria de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional tomó una medida cautelar al decidir que el fallo no entraría en vigencia de manera inmediata. Lo que luego se ha devenido en la actual prórroga del plazo de vigencia de un año adicional.
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La prórroga hasta 2024 ofrece una ventana para la elaboración de una nueva legislación que corrija las deficiencias identificadas y brinde mayor claridad y coherencia al marco normativo en cuestión. La futura iniciativa deberá contemplar la reforma tributaria anunciada por el presidente electo, Daniel Noboa, para diciembre de este año.
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