Con los resultados de las elecciones presidenciales argentinas que ganó Alberto Fernández, político de centro izquierda, el Banco Central de la República (BCRA) ha tomado medidas para contener la fuga masiva de ahorradores en moneda nacional hacia el dólar.
La medida se conoce como ‘cepo cambiario’ y ha funcionado para frenar la salida de dólares en distintos momentos de la historia argentina. A días de iniciar su Gobierno, Mauricio Macri, actual presidente y candidato derrotado por Alberto Fernández, eliminó el cepo impuesto por Cristina Fernández, expresidenta y ahora vicepresidenta electa. Su restricción ascendía a 2.000 dólares por mes. Sin embargo, a inicios del mes pasado, en un intento por detener la caída de la moneda nacional tras las primarias, Macri estableció un límite de compra de 10.000 dólares mensuales sin autorización del BCRA. Este lunes, por el contexto electoral, recrudeció la medida a 200 dólares mensuales.
El punto de no retorno para el peso argentino frente al dólar sucedió a mediados de abril del año pasado, cuando su valor descendió hasta los 63 pesos por dólar. La depreciación fue el resultado de una serie de medidas adoptadas por la administración macrista. Con la primera liberación del cepo, por ejemplo, hubo una depreciación del 30 % que se acentuó al anunciar las nuevas metas de inflación (15 %) a finales de 2017.
La inflación se aceleró hasta un 45,9 % en octubre del año pasado y aumentaron las tasas de interés. Macri terminó por solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) 56.300 millones de dólares por un plazo de 36 meses, el crédito más grande que haya otorgado el organismo en su historia. La solicitud del crédito se realizó en mayo y fue para reforzar la confianza del mandatario en los inversionistas, quienes, ante el alza del dólar en ese mes y la subida de interés en Estados Unidos, retiraron su capital de Argentina.
Para septiembre de este año, el FMI no le aportó a Argentina el 22 % de ese crédito, dejando al país en aprietos con sus acreedores. La razón, de acuerdo con el organismo internacional, fue porque esperarían a pactar una nueva negociación con quien resultara ganador en la contienda electoral. Por si fuera poco, un mes antes, en agosto, tras las elecciones primarias, el BCRA perdió 2.000 millones de dólares que puso en el mercado para controlar el cambio de la moneda y se quedó con 54.098 millones de dólares en su reserva.
Tres décadas de crisis
Con la Ley de Convertibilidad del Austral se buscó enfrentar la hiperinflación que abatió a la región entre 1989 y 1990. Con la nueva moneda, Argentina pretendía eliminar los controles cambiarios y sujetar el peso al dólar. Fijó en 10.000 australes el valor del dólar y de acuerdo con la reestructuración, un peso equivaldría a 10.000 australes.
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Antonio Ocampo, opinó que el régimen de convertibilidad argentino fue un “legítimo intento por restablecer un sistema monetario y financiero viable en un país que había perdido la confianza en la capacidad de sus autoridades de manejar la moneda”. Sin embargo, no funcionó al contar con un reducido margen de flexibilidad de maniobra para las autoridades. Además, sus costos de salida resultaron elevados, lo que provocó un colapso.
El entonces secretario ejecutivo explicó que la crisis se debió a que las deudas no son flexibles, como los cambios de las monedas, y faltó austeridad fiscal. Al final de su vigencia, el panorama exhibió un aumento del gasto público, déficit fiscal creciente y bajos ingresos tributarios que imposibilitaron refinanciar el pago de la deuda externa. Para el 2000, esta consistía en 128.018 millones de dólares, lo que equivalía al 45 % del Producto Interno Bruto (PIB).
La economía en Argentina no había crecido desde el inicio de la década de los 90. Ante los altos porcentajes de desempleo, déficit e inflación, el Gobierno solicitó un préstamo para que sus acreedores recobraran la confianza en los cumplimientos de sus pagos. Entonces negoció un ‘blindaje financiero’ con el FMI para evitar el default, pero por las especulaciones de incumplimiento, los depósitos de inversionistas fueron retirados, provocando una situación peligrosa para la economía del país.
Se ideó entonces la estrategia del ‘megacanje’, financiado con aportes del Gobierno de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que consistía en aplazar pagos de diversas deudas. Para lograrlo, se canjearon 46 bonos y se incrementaron los intereses hasta en un 7 % anual. Esta estrategia representó un aumento de la deuda de 63 %. Hasta hoy hay funcionarios procesados por este caso.
Argentina colapsó en diciembre del 2001. El Gobierno interino de Adolfo Rodríguez Saá anunció la cesación de pagos, el default económico del país y una serie de restricciones en la disposición de los ahorros que las personas tenían en los bancos, el llamado ‘Corralito’. A las restricciones se sumaron otras medidas como la pesificación de las cuentas en dólares y la devaluación de la moneda. Para cuando la gente recuperó su dinero, ya no valía tanto. En este lapso renunciaron cuatro presidentes.
Los Gobiernos del matrimonio Kirchner optaron por cerrar las puertas del país al exterior e invertir en políticas sociales. Implementaron medidas que al paso de los años eran insostenibles por el desgaste de las reservas del BCRA. Néstor Kirchner pagó la deuda al FMI y desde entonces no se le volvió a solicitar ningún préstamo hasta que llegó Macri. Cristina Fernández, incluso, dejó de usar el avión presidencial por miedo al embargo. El sistema de pagos de deudas en el kirchnerismo fue más bien un default selectivo.
Con la crisis actual, el temor del FMI es que se declare nuevamente un default unilateral y que el mayor préstamo que ha hecho en su historia no se devuelva.
}
Add new comment