El derecho y la política son dos caras de una misma moneda. Ejemplo de ello es que los conceptos 'régimen político' y 'forma de gobierno' suelen usarse como sinónimos. Además, cerca de ellos está el concepto 'sistema electoral'. En el inventario cultural, podemos distinguir al menos dos bloques de regímenes políticos: democráticos y no democráticos, incluyendo al autoritarismo dentro de estos últimos; de ahí que un régimen autoritario no tiene simpatía por la justicia dentro del campo social, incluida la justicia electoral.
Con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la república se habló de un posible cambio de régimen y, por consiguiente, de transitar a una verdadera democracia. Sin embargo, ningún supuesto se concretó a grosso modo, debido a la continuidad del régimen autoritario.
Es decir, en el año 2000 sí hubo alternancia política pero no hubo ruptura de régimen, al grado de catalogar a Fox como el presidente que traicionó a la democracia mexicana. Esa realidad se prolonga en los dos sexenios posteriores a él. De cara a nuestro presente, sostengo —con más realismo que pesimismo— que pese a registrarse un avance democrático en los últimos 3 años, con la alternancia por la victoria electoral de Manuel López Obrador en 2018, no hemos concluido el proceso de transición a la democracia.
Acompaña este contexto lo revelado en el último Latinobarómetro, el cual señala que solo el 6 % de los latinoamericanos consideran que en su país existe una democracia plena. En México, nuestra propia historia nos ha demostrado que no basta la alternancia política para la consolidación democrática.
El contexto revela una pregunta crucial: ¿Necesita México una reforma electoral?
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La propuesta de reforma constitucional electoral
El 28 de abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral y a esta se le han sumado iniciativas de reforma provenientes de los distintos grupos parlamentarios.
Rescatando los ejes principales de las distintas propuestas de reforma, la iniciativa presidencial propone eliminar al actual Instituto Nacional Electoral (INE), así como los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En su lugar, sugiere crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), siendo este la autoridad única que organizaría todos los procesos electorales federales y locales, como los ejercicios de democracia participativa, las consultas populares y de revocación de mandato.
A este cambio, se añade la eliminación de Tribunales Electorales Estatales, trasladando sus funciones y competencias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); llevar a cabo un proceso de elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular con base en listas de candidatos propuestos por el Poder Legislativo, el titular del Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos políticos y la reducción de los integrantes del Poder Legislativo, de 500 diputados a 300 y de 128 senadores a 96.
Por su parte, el Partido Acción Nacional (PAN) propone introducir la segunda vuelta en la elección presidencial; eliminar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados; castigar el uso de los programas sociales en procesos electorales y establecer como causal de nulidad de una elección la participación de la delincuencia organizada.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también propone la eliminación de los organismos públicos locales electorales (OPLE); combatir la participación del crimen organizado en procesos electorales; instaurar el voto electrónico mediante la urna electrónica y propone el método de insaculación para nombrar a consejeros y magistrados electorales.
¿Cuál es el proceso de declaratoria de reforma constitucional?
Al ser iniciativas de reforma constitucional se necesita de mayoría calificada para su aprobación. Para obtener la mayoría calificada en México se necesitan dos terceras partes del pleno de la cámara de origen, en este caso la de Diputados. Posteriormente será enviada a la cámara revisora, la de Senadores, para que, en el supuesto de votar a favor, el proyecto de reforma sea considerado aprobado por el Congreso Federal.
En la etapa final, lo aprobado, se enviaría a los Legislativos locales del país y, de aprobar con la mitad más uno de ellos, sería considerada como “declaratoria de reforma constitucional” para su pronta publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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El freno automático a la reforma
¿Por qué proponer lo que no se está dispuesto a legislar?, en este tenor parece ser que solo desde el terreno del doble discurso, la simulación y la poca responsabilidad política de la oposición legislativa se puede explicar el actuar de los partidos opositores, que desde junio anunciaron una “moratoria constitucional” con el fin de no aprobar toda iniciativa, adición y modificación a la constitución propuesta por el Ejecutivo al Congreso Federal en lo que resta a la LXV Legislatura, es decir, hasta 2024.
En lenguaje coloquial, estos partidos han decidido cerrar puentes de negociación, de deliberación y acuerdos que busquen materializar esta iniciativa, como las que en el futuro sean suscritas por el presidente hasta el término de su mandato.
Por lo anterior, difícilmente se vislumbra posibilidad de consenso en el Congreso Federal y la reconstrucción de nuestro sistema electoral. Nuestros legisladores deben profundizar en la responsabilidad de representación popular que conlleva su encargo, recordando que no se deben a poderes fácticos o proyectos elitistas. El Legislativo consagra la legitimidad del pueblo mexicano para legislar lo que a su favor convenga.
Ahora bien, de no aprobarse la iniciativa de reforma constitucional electoral ¿qué hacer? La exigencia ciudadana no debe dar un paso atrás, nos merecemos una verdadera democracia.
Los partidos políticos de la oposición tendrán la oportunidad de hacer a un lado su soberbia, filias y fobias y, por medio de modificaciones a las distintas leyes secundarias competentes, apostar por una reparación paulatina de nuestro sistema electoral. Lo que debiera incluir la simplificación estructural del INE. Optar por un modelo que apueste al ahorro del gasto público correspondiente, dotar de mayor legitimidad a nuestras autoridades electorales, fortalecer el modelo de democracia participativa y directa, hacer mejor uso de la tecnología para procesos electorales y de consulta ciudadana, entre otros aspectos.
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En la búsqueda de la justicia todo es perfectible. La reconstrucción de la vida democrática es aquella demanda social que continúa siendo la deuda pendiente con los mexicanos. Por ello, el concepto “democracia” no debe continuar siendo un objeto meramente del discurso político, sino el objeto de proyectos genuinos de nuestro sistema electoral. En esta línea, ningún intento de modificación al marco legal pertinente debe anclarse en la disputa por el poder político, sino en la lucha por una verdadera justicia electoral.
Los procesos políticos y procesos civilizatorios, unidos, crearon los valores de la Res pública, pero ahora estamos rodeados de una política sin valores y valor sin política. Debemos volver a unir la política con los valores y esa será la reinvención positiva de nuestra vida democrática.
La democracia no debe ser escudo y lanza de los partidos políticos en sus batallas por el poder, la democracia es un sistema de vida, una herramienta popular que no se limita a procesos electorales, sino que sirve a los ciudadanos para garantizar el pleno goce y disfrute de su dignidad y derechos humanos.
* Por Eliezer Uzziel Velázquez Castro. Estudiante de Ciencias Políticas en Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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