El caso de Guedes no es el único en los Pandora Papers, sino que hay otros ministros que también han sido mencionados. El caso brasileño llama la atención debido a que hay reglas que, en teoría, impiden que estos casos sucedan; por ejemplo, el llamado Código de Conducta de la Alta Administración Federal.
Luego de que se diera a conocer que el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, estaban implicados en la investigación periodística de Pandora Papers, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre fortunas en paraísos fiscales, el Legislativo ha tomado cartas en el asunto.
Este martes (5) el Senado aprobó la convocatoria para que ambos funcionarios expliquen el tema. En paralelo, se ha presentado una iniciativa para evitar que ocurran nuevos casos de este tipo en el futuro. En la Cámara la oposición comenzó a recoger las firmas de lo que denominó “IPC offshore”.
Aunque la Cámara de Diputados y el Senado Federal ya estaban al tanto del tema, la oposición vio una ventaja para aumentar las restricciones económicas de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
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Guedes y Campos Neto abrieron sus filiales en diferentes lugares y momentos: el ministro abrió Dreadnoughts International en 2014, poco antes de que Dilma Rousseff (PT) fuera reelegida presidenta de la República. Se calcula que la cuenta —abierta en las Islas Vírgenes Británicas— contendría cerca de 9,55 millones de dólares. Por otro lado, desde 2004, Roberto Campos Neto ha sido el controlador de Cor Assets, con sede en Panamá. El país tiene reglas bancarias más flexibles y una regulación tributaria atractiva para las compañías.
El caso de Guedes no es el único en los Pandora Papers, hay otros ministros que también han sido mencionados. El caso brasileño llama la atención debido a que hay reglas que, en teoría, impiden que estos casos sucedan. Por ejemplo, el llamado Código de Conducta de la Alta Administración Federal, adoptado en el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, impide "la inversión en bienes cuyo valor o precio pueda verse afectado por una decisión o política gubernamental sobre la autoridad que tiene información privilegiada", como es precisamente el caso de Guedes y Campos Neto, responsables de la política fiscal del país.
Ambos funcionarios confirmaron las inversiones al ICIJ y explicaron que habían dado a conocer dichas empresas en el momento de su designación al Consejo de Ética Pública (CEP), vinculado a la Presidencia de la República y el órgano encargado de analizar estos casos de conflictos de interés.
La justificación no fue suficiente para el Congreso Nacional, pues busca conocer los motivos de estas inversiones. La Comisión de Trabajo, Administración y Función Pública de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para ambos horas después de que la Comisión de Economía del Senado (CAE) también les aprobara un citatorio. Cabe precisar que en este último caso Guedes y Campos Neto pueden negarse a asistir.
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En la Cámara, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) —oposición al Gobierno de Bolsonaro— presentó una solicitud para la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI, por sus siglas en portugués) sobre las acusaciones. “De confirmarse estos hechos, el ministro de Economía habría practicado conductas incompatibles con la legalidad, la moral y la probidad administrativa, además de otras infracciones previstas en la legislación tributaria”, justifica el partido en la mesa de trabajo.
La denuncia de la CPI se basa en la ley que regula los conflictos de interés en la administración pública. En este caso, el ministro de Estado podría estar, según el PSOL, realizando "un acto en interés de una persona jurídica en el que el agente público, su cónyuge, socio, parientes consanguíneos o similares que participen en línea recta o colateral hasta tercer grado y que puedan beneficiarse de ella o influir en sus actos de gestión”.
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) presentó un proyecto de ley para establecer las reglas sobre movimientos financieros y transparencia del alto nivel del gobierno federal. La propuesta incluye "presentar solicitudes, en territorio nacional o extranjero, de recursos propios o de terceros en una operación de la que tenga conocimiento por el cargo o función pública, de ser posible", precisamente el caso de Guedes y Campos Neto. El texto también busca exigir a los miembros de la alta dirección que presenten declaración de activos antes, después y durante su estadía en el cargo.
La Federación Nacional de Autoridades Tributarias Estatales y Distritales (Fenafisco, por sus siglas en portugués) calificó el descubrimiento como "otra táctica de millonarios" para evitar pagar impuestos.
“La propiedad de offshores en paraísos fiscales representa una clara situación de conflicto de intereses para dos figuras centrales a cargo de la política económica, aunque la propiedad de offshores no es necesariamente un delito”, dice Fenafisco. “Guedes y Campos Neto se benefician de un dólar alto en el exterior mientras la situación económica del país se deteriora. Con la denuncia hecha pública por diversos medios de comunicación, si mantuvieran algún rastro ético ambos deberían abandonar inmediatamente las funciones públicas que ejercen”, declara.
El coordinador del equipo Corporativo, Penal y de Cumplimiento de Duarte García, Serra Netto e Terra, Pedro Simões indica que el caso de ambos tiene diversos matices:
“Desde un punto de vista formal, al revisar el artículo 5 el caso podría ser una violación ética. Sin embargo, el envío de información patrimonial a agencias gubernamentales mitiga en gran medida la posibilidad de una ilegalidad, especialmente si a los hechos añadimos que los recursos fueron asignados desde antes de la ocupación del cargo y que no existe acusación de conducta que se basó materialmente en información privilegiada relacionada con el puesto. Además, el CEP afirma haber dado recomendaciones específicas con medidas para mitigar el potencial conflicto de interés ”.
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De acuerdo con Pedro Simões no hay irregularidades en las offshore de ambos funcionarios. “El tema sigue siendo de gran relevancia política, aunque no hubo irregularidades concretas”, analizó.
El abogado, quien también es director del Instituto para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (IPLD, por sus siglas en portugués), sostiene que Brasil ha evolucionado en este tema en los últimos años. Ejemplo de ello es que actualmente existe un estándar de ingresos que vincula la obtención del registro de personas físicas (CNPJ, por sus siglas en portugués), para empresas constituidas en el país, a la publicidad de información sobre los beneficiarios finales de estas empresas. Es decir, para hacer públicos los nombres de las personas que están detrás de estas empresas (nacionales e internacionales).
“Sin embargo, muchos inversionistas optan por no revelar su participación en determinados negocios. Pueden hacerlo por razones legítimas, como aumentar la competitividad de una transacción o no revelar una estrategia industrial, o razones ilegales, generalmente vinculadas a la evasión fiscal o al lavado de dinero”, detalló.
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