El nuevo reajuste del precio de los combustibles anunciado por Petrobras el viernes pasado (17) aumentó la presión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, contra los directivos de la petrolera. Bolsonaro defendió la apertura de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar si los directivos de la empresa tuvieron una conducta abusiva al autorizar ajustes de precios en medio de un alza global del valor del petróleo, tras la Guerra de Ucrania y los impactos económicos de la crisis por la pandemia del coronavirus.
La presión de Bolsonaro provocó la renuncia de José Mauro Coelho, entonces presidente de Petrobras, el lunes (20), pero con su partida dejó un rastro de pruebas que pueden sustentar procesos judiciales en Brasil y en el extranjero; esto si los inversores buscan compensación por posibles pérdidas causadas por la interferencia política y el posible precio. represamiento, en opinión de juristas entrevistados por LexLatin Brasil.
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A pesar de las presiones del presidente, los juristas señalan que la legislación brasileña y el propio Estatuto de Petrobras impiden que la empresa sea gestionada con el objetivo de controlar la inflación. Por ley, los administradores deben perseguir el beneficio de los accionistas. Por lo tanto, cualquier presidente o director de Petrobras puede ser procesado y responsabilizado si no prioriza la rentabilidad de la empresa y la sostenibilidad del negocio, ya que estas son conductas prohibidas por la Ley de Sociedades de Brasil.
“Esta maniobra de Bolsonaro es puramente electoral y absolutamente ilegal. Los administradores están en una situación extremadamente difícil, presionados por el gobierno federal para mantener los precios de los combustibles. Por otro lado, con razón tienen miedo de ser demandados aquí y en EE. UU. para reparar los daños causados por mantener los precios de manera artificial e injustificada”, dijo el abogado Nelson Eizirik, exdirector de la Comisión de Bolsa y Valores (CVM) y socio-fundador de Eizirik Abogados.
Bolsonaro continuó atacando los ajustes de precios de Petrobras cuando su desempeño empeoró en las encuestas. Los politólogos estiman este empeoramiento es resultado de la evaluación de los votantes que atribuyen la inflación y otros problemas económicos a Bolsonaro.
Para distanciarse de los problemas causados por la inflación Bolsonaro trató de negar la responsabilidad gerencial de Petrobras. Sin embargo, como Presidente de la República, es el principal responsable de representar los intereses del sindicato en la empresa, con ello logra designar la mayoría de los cargos del Consejo de Administración de Petrobras y, al final, comanda el proceso de elección del directorio de la empresa.
En las administraciones presidenciales del PT, la expresidenta Dilma Rousseff y Petrobras fueron demandadas por retrasar los reajustes de precios mientras el petróleo subía en el mercado internacional.
La empresa también tuvo que llegar a un acuerdo en la corte estadounidense y pagar 2.950 millones de dólares como resultado de una demanda colectiva iniciada por inversionistas, que responsabilizaron a los gerentes de la empresa por las pérdidas causadas por el esquema de corrupción de mil millones de dólares descubierto en la Operación Lava Jato. Hay temores de que la interferencia de Bolsonaro y parlamentarios aliados genere evidencia para una nueva demanda colectiva en la justicia estadounidense.
“Petrobras no está destinada a retener precios y mucho menos a asegurar la reelección de un presidente”, dijo Eizirik.
El jurista Carlos Portugal Gouvêa, socio fundador de PGLaw y profesor de la Universidad de São Paulo (USP), destaca que el escenario internacional, con alta competencia por los combustibles, deja poco margen de maniobra para cualquier administrador y que sostener los precios podría incluso poner en riesgo la capacidad de la empresa para abastecer a los consumidores brasileños.
“Cualquier administrador que ame su patrimonio no va a congelar precios, porque un juicio es inmediato. Los accionistas de Petrobras ya no son pasivos. La empresa necesita dinero para comprar combustible y el costo sube todos los meses”, dice Portugal Gouvêa.
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Para el socio de PGLaw, la conducta de Bolsonaro solo debería crear evidencia para ser utilizada eventualmente por los inversores en caso de mala gestión.
“Están haciendo un rastro de pruebas para que los inversores adquieran ADR en la Bolsa de Valores de Nueva York y presenten una demanda diciendo que hay una interferencia adversa en Petrobras. Una vez más vamos a pagar a los inversores”, dice Portugal Gouvêa.
El abogado Fábio Appendino, socio de Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso Advogados, cree que represar o bajar los precios, contrario al mercado internacional, sería una razón clara para que los administradores sean procesados.
“Reducir el precio para complacer al controlador sería un acto perfectamente adecuado a la hipótesis de responsabilidad del administrador”, evalúa Appendino.
Para el socio de Rolim, Viotti, Goulart, Cardoso Advogados, una eventual solución para mitigar la inflación de los combustibles pasaría por incentivar el desarrollo de refinerías en el país y la privatización de Petrobras.
“El gran problema de Petrobras es la falta de competencia”, dice.
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