La crisis política en Venezuela ha alcanzado un nivel sin precedentes. Tal problemática gira alrededor de la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia. Conforme a la Constitución de Venezuela, el presidente electo debe tomar posesión del cargo mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Pero, como se recordará, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia alegan que la Asamblea Nacional está en “desacato” de decisiones del Tribunal Supremo.
Por ello, Maduro acudió ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017, para tomar posesión del cargo.
Unos días antes —el 5 de enero— la Asamblea Nacional había elegido su junta directiva para este año 2019, resultando electo como presidente de ese parlamento el diputado del partido Voluntad Popular, Juan Guaidó.
Desde la formación de esta nueva junta directiva, el diputado Guaidó señaló que en la Asamblea Nacional se quería impulsar un proceso de transición política alrededor del artículo 333 de la Constitución, que reconoce el deber de todo funcionario en colaborar en el restablecimiento de la misma. Para la Asamblea Nacional, Maduro está “usurpando” el cargo de presidente de la República, porque no fue electo en unas elecciones verdaderamente democráticas.
Sin embargo, días después Guaidó planteó la posibilidad de asumir las competencias de la Presidencia de la República. Lo hizo argumentando que como la elección de Nicolás Maduro habría sido fraudulenta, había un caso de ausencia de presidente electo que debería ser suplido por el presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, en una multitudinaria marcha el 23 de enero, Guaidó anunció que asumía las competencias del presidente de la República, en ausencia de un presidente legítimamente electo.
Como ha sido ampliamente reflejado en la prensa internacional, la gran mayoría de los países del hemisferio occidental han reconocido a Guaidó como presidente interino o encargado en Venezuela.
De tal manera, la situación al día de hoy en esta crisis institucional es la siguiente: la Asamblea Nacional considera que al no haber presidente legítimamente electo, las competencias de la Presidencia de la República han de ser asumidas por el presidente de la Asamblea Nacional. Por su parte, tanto Maduro como el Tribunal Supremo de Justicia alegan que, en realidad, la usurpación estaría siendo cometida por el diputado Guaidó.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha aprobado una Ley de Transición, que regula el procedimiento mediante el cual, según la Asamblea, debe producirse la transición política en el país.
Por su parte, el Gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en uno de los actores de la crisis, puesto que ha apoyado en todo momento las decisiones de Guaidó. Incluso ha dictado severas sanciones económicas sobre PDVSA, el holding petrolero venezolano en manos del Estado.
Es realmente difícil hacer profecías sobre qué pueda ocurrir en Venezuela en los próximos días o semanas. Lo que parece claro es que el ritmo de los sucesos en esta crisis no se va a reducir pronto.
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