Según la Constitución de Venezuela, el 10 de enero del próximo año se corresponde con la juramentación del presidente Maduro, para dar inicio al nuevo período constitucional, luego de las elecciones de mayo de 2018.
Sin embargo, dicho evento se enfrenta a un importante obstáculo constitucional: su juramentación debe realizarse frente a la Asamblea Nacional, que desde 1999 está compuesta por una mayoría opositora al Gobierno nacional. El artículo clave en la discusión es el 231 de la Constitución, según el cual:
“El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Como se recordará, Maduro se sometió a un proceso de reelección en mayo de este año 2018, en unas elecciones que fueron convocadas de forma conjunta por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esa elección se celebró en el contexto de la grave crisis política que se había derivado con ocasión de las protestas ciudadanas entre abril y julio de 2017. Como respuesta a esa crisis política, el presidente Maduro convocó —al margen de la Constitución— una ANC como fórmula para apaciguar las protestas ciudadanas.
La participación de la ANC en la convocatoria a las elecciones, junto con la candidatura de Henri Falcón y el cuestionamiento de la empresa que prestó servicios al CNE en la celebración de la elección, fracturaron cualquier margen de confianza en la elección de Maduro. La legitimidad del resultado de esa elección ha sido cuestionada consistentemente por varios países y por la Asamblea Nacional en Venezuela.
Debido a la crisis institucional que desde hace tres años existe entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, el 10 de enero se planteará el problema constitucional del juramento del presidente Maduro. Sin embargo, no es previsible que acuda a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Si Maduro acudiera a la Asamblea Nacional, es posible que obtenga un rechazo a su pretensión de juramentación.
Conforme a lo que ha sido la práctica del Ejecutivo en Venezuela, Nicolás Maduro seguramente optará por dos soluciones: (i) realizar una interpretación del artículo 231 según la cual se ha producido un “motivo sobrevenido” que impide su juramento ante la Asamblea Nacional, para en consecuencia realizarla ante el Tribunal Supremo de Justicia; (ii) acudir ante la ANC para pretender realizar la juramentación ante esa instancia. Ambas soluciones pueden ser consideradas como violatorias de la Constitución de 1999.
En el año 2013 no se planteó este problema. En ese año la Asamblea Nacional era controlada por diputados del partido de Gobierno, por lo que la juramentación del presidente Maduro se realizó sin ningún inconveniente institucional.
Con toda seguridad, ambas soluciones serán cuestionadas por varios países que con recurrencia critican al Gobierno de Venezuela y también por la Asamblea Nacional.
Como en tantas otras ocasiones, 2019 comenzará en Venezuela con un conflicto político-institucional de envergadura.
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