Mañana se juramenta Nicolás Maduro como presidente de Venezuela para un segundo período, lo que ha generado controversia en medios venezolanos y en redes sociales al plantearse un debate jurídico: ¿a partir del 10 de enero la presidencia de la República será usurpada o habrá un vacío de poder?
La discusión se ha acentuado desde el sábado 5 de enero, cuando el diputado por Voluntad Popular (partido opositor liderado por el preso político Leopoldo López) Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. En su discurso usó seis veces la palabra usurpación y añadió:
“La presidencia a partir del 10 de enero no se encuentra vacante. Está siendo usurpada. Estamos en una dictadura. No compete solo a este Parlamento nombrar a alguien. Depende de todos los venezolanos, de la Fuerza Armada, de la base política del gobierno”.
Para muchos, esto contradice directamente la posición del Parlamento venezolano, que ha declarado abandono del cargo en acuerdos anteriores como el del 9 de enero de 2017 (por incumplimiento de funciones constitucionales) y su posterior ratificación del 21 de agosto de 2018. El debate, además, ha sido atizado por varios sectores de la dividida oposición nacional, basándose en la última declaración del Grupo de Lima.
El 4 de enero, la organización -integrada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía- emitió un comunicado en el que “instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia el 10 de enero de 2019 y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.
En medio de la discusión, los constitucionalistas venezolanos salieron al paso. Unos aseguran que hay vacío de poder mientras que otros aseveran que lo que pasará a partir del jueves en Venezuela no es más que usurpación.
Para José Ignacio Hernández, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, lo que va a suceder en la nación andina es usurpación y no vacío de poder.
“Hay vacío de poder cuando no hay nadie que pueda ejercer determinado cargo, en este caso la presidencia de la República. A partir del 10 de enero entendemos que Maduro seguirá en la silla de Miraflores, no va a haber vacío. El concepto que corresponde desde la perspectiva del derecho constitucional, de conformidad con el artículo 138 de la Constitución, es el de la usurpación”, explica.
Entretanto, José Vicente Haro, profesor de la Universidad Central de Venezuela, señala que es importante fijarse en los antecedentes de la declaración de vacante del cargo presidencial, como los ya mencionados.
“Desde el 9 de enero de 2017 se ha sostenido que Nicolás Maduro detenta la presidencia haciendo un ejercicio ilegítimo de la misma, por lo tanto no debe considerarse presidente de acuerdo con el artículo 233 de la Carta Magna. De esta manera existe una vacante. Por otra parte, más de 40 países han desconocido los resultados de los comicios del 20 de mayo y habiendo desconocido entonces esas elecciones, lo que ha concluido la comunidad internacional es que si Maduro no ha sido reelecto para un nuevo período presidencial, él no puede seguir ejerciendo el cargo”, apunta.
Una discusión estéril y altamente política
Usurpación y vacío de poder no necesariamente son conceptos excluyentes. Hernández señala que “en la práctica no es importante distinguir si hay vacío de poder o usurpación. Lo importante es que Maduro seguirá ejerciendo la presidencia de la República sin ser presidente electo. Si usted sostiene que es usurpación, técnicamente tiene la razón. Si cree que hay vacío de poder, políticamente tiene la razón”, añade.
Con él coincide Haro, que subraya que la vacante existe porque no hay nadie que haya accedido al cargo de manera legítima, de acuerdo con los parámetros constitucionales. “Eso es lo técnico, lo jurídico. Ahora bien, cuando una persona permanece ilegítimamente en el puesto, sin título jurídico válido alguno, existe usurpación. Que exista usurpación no significa que no haya vacío de poder”, asegura.
Aunque ambos juristas tienen interpretaciones diferentes con respecto a lo que sucederá con la presidencia de Venezuela a partir de mañana, apuntan a que el debate que ha ocupado a los venezolanos es innecesario. “Es un debate redudante. El problema de fondo es político”, sentencia Haro. “Esta es una discusión que nunca ha debido darse (…) en definitiva nos distrae de la situación”, dice Hernández.
El 10 de enero promete comenzar una nueva escalada en la ya grave crisis venezolana y Hernández define el panorama:
“El 10 de enero coinciden varias crisis: la primera es que la presidencia está siendo ocupada por una persona que no es presidente electo. La segunda es que la Constitución no está siendo cumplida en la práctica, desde que la Asamblea Nacional Constituyente se instaló por la vía de los hechos y bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional y las fuerzas policiales, la Constitución fue derogada de facto, no se aplica en la práctica. La tercera crisis, la más complicada, es que esto está sucediendo en un momento en el que el Estado es frágil y ni siquiera el régimen de Maduro tiene el monopolio legítimo de la fuerza”.
Por ello, Hernández es enfático al afirmar que no es posible solucionar la crisis política por falta de presidente electo aplicando un texto que perdió vigencia en la práctica. “Es complejo porque la Constitución no está vigente en la práctica, así que no tiene sentido solucionar la crisis aplicándola; la Asamblea Nacional no va a poder ejecutar por la fuerza la decisión de nombrar a su presidente como presidente de la República. En esta situación, creo que es contrario al espíritu de la Constitución pretender dar una solución puramente jurídica. La verdadera norma de que debemos entender de la Carta Magna es el artículo 333”.
Mientras se discute si hay usurpación o vacío de poder y las posibles soluciones jurídicas a la crisis derivadas de ambos conceptos, Nicolás Maduro se prepara para asumir su nuevo mandato ante el Tribunal Supremo de Justicia y promete anunciar nuevas medidas económicas. Además, la Asamblea Nacional Constituyente amenaza con disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones parlamentarias en diciembre de este año.
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