Fecha de publicación: 17/02/2016
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El decreto N° 2.184 del 14 de enero de 2016, emitido por el presidente Maduro, que establece el “estado de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”, fue rechazado por la Asamblea Nacional dentro de los ocho días transcurridos desde su publicación, decisión tomada dentro de los lapsos establecidos por la ley.
Por supuesto, nadie en su sano juicio puede negar la existencia de una dramática situación de emergencia económica y social. Ningún venezolano se escapa de la tragedia alimentaria, sanitaria y de seguridad que se vive en nuestro país. Pero al leer el decreto presidencial, no queda sino concluir, en medio de un profundo suspiro, “éstos no han entendido nada”, como me dijo un buhonero de 17 años en una acera en la zona de Los Ruices, aquí en Caracas.
Este muchacho vendía una cantidad de productos muy variados, desde bolígrafos y raquetas para espantar mosquitos, -“el zika las puso de moda otra vez”, me dice-, pasando por libritos contentivos de leyes, decretos, códigos civiles y penales, hasta dulces y chucherías extremadamente caras.
Luego de buscar sin suerte un artículo electrónico en un centro comercial de la zona, me topé con Antony el buhonero, quien me vendió una bolsita de maní. Le pregunté por no dejar si vendía el decreto de marras, y aunque no lo tenía, sabía muy bien a qué me estaba refiriendo. Me dijo que alguien lo llamó el “decreto de guerra económica”, pero él mismo se preguntó rápidamente “¿por qué no hay presos?” en esta confrontación bélica sin nombres propios.
Dos elementos llaman la atención. El primero: ya nadie cree en la susodicha guerra. El segundo elemento es esa sensación de incredulidad y cansancio que causa el discurso oficial, soez y especializado en culpar a los demás de los propios errores: “éstos no han entendido nada” fueron las palabras de Antony.
Una década menguada en lo económico
Detallemos la cronología de esta década menguada en lo económico: al principio tuvimos el populismo petrolero tradicional, 2005, 2006, 2007. Se establecen las llamadas misiones, cuya bondad esencial era el disfrute de un subsidio directo sin ningún plan de generación estructural de riqueza para la población, ni objetivos claros en materia de generación de empleos productivos. Paralelamente, la implementación de políticas en contra de la producción local de bienes y servicios (expropiaciones, nacionalizaciones) se hizo cotidiana. Es así como no se produce nada y a la vez se fomenta el consumo: un cóctel inflacionario tradicional.
El control cambiario, inexplicable en una época de bonanza petrolera y la inflación creciente por vía de la demanda, sobrevaluan el tipo de cambio oficial, fomentando aún más las importaciones fraudulentas. En este maremágnum de locura, comienzan a nacer las fortunas de aquellos que se dedican a importar todo eso que ya no producimos más.
Las cosas comienzan a explotar cuando baja el petróleo en 2008 y luego a partir de 2013: se estanca la economía y se genera más inflación, ahora atizada también por la oferta inorgánica de dinero. El desbarajuste deja en claro a los sobrevivientes del sector productivo que no hay manera de calcular de forma eficiente la estructura de costos, motivando la formación de precios altos ante la expectativa de tener que renovar inventarios a precios de dólar negro.
Como el mercado también es para los consumidores, cuando se controlan los precios de bienes y servicios (por regulaciones o por rebajas impulsivas como el caso de los electrodomésticos) la gente sale a hacer de las suyas, incrementado el inventario doméstico de bienes, actuando con la coherencia que establece la ley de oferta y demanda. La escasez está ahora a la orden del día. Bajaron los precios del petróleo y el país no ahorró para esta época de vacas escuálidas.
El Régimen insiste: reaparece el decreto de Emergencia Económica
El panorama descrito está íntimamente imbricado con el decreto de Maduro, que nuevamente se pone en el tapete. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó su vigencia el 11 de febrero. Entre otros argumentos, la Sala indica que “el control político de la Asamblea Nacional… no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico Constitucional” de la norma dictada por el ejecutivo. Algo así como que el decreto siempre será válido y el control de la Asamblea siempre será bufo.
Dicen también los magistrados que los diputados han debido actuar en las 48 horas siguientes, pero señalan más adelante que "El lapso máximo para su decisión es de ocho días, pero para pronunciarse con posterioridad a las 48 horas debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que solo puede tratar ese único punto” y acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad. “Tal interpretación es lógica y congruente, pues de lo contrario estaríamos en presencia de una antinomia”. Ahí está el detalle, diría Mario Moreno.
El diagnóstico del Ejecutivo preserva la semilla de la crisis
Dejemos de lado la antinomia. Analicemos el decreto en términos de política económica. El primer considerando dice que “sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, sus instituciones y provocar una ruptura del hilo constitucional, sobre la base de un malestar social inducido en el marco de la guerra económica”. Luego menciona que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios del petróleo, “lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano y la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de la Patria y en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
Este diagnóstico del problema no lo comparte ni Antony ni nadie que esté acostumbrado a levantarse temprano para trabajar. Impresiona mucho que la norma emitida por el Ejecutivo mantenga en su seno la semilla de la crisis que quiere enfrentar. Ya mencionamos cómo un sistema abocado a destruir las unidades productivas privadas, grandes o pequeñas, disuelve rápidamente la acumulación de riqueza y frena cualquier iniciativa tendiente a generar la necesaria producción nacional de bienes y servicios.
Sobre la guerra mundial contra los precios petroleros para quebrar a la República Bolivariana, sólo debe aclararse que las economías más débiles del mundo tienen un motivo para estar de fiesta y la inmensa mayoría de los países productores de petróleo tomaron previsiones frente a la baja en los precios, para evitar situaciones como las que vive Venezuela.
La emergencia, ¿remate final para una economía moribunda?
Sigamos. En el artículo 1° se establece el estado de Emergencia Económica, a fin de que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la cual atraviesa la economía venezolana, y “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios”, así como también contrarrestar las consecuencias de la “guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica”.
Veamos. La situación es, sin dudas, excepcional y extraordinaria, pero por lo grave, no por lo eventual. Además, la crisis será cada vez menos coyuntural. Recordemos que las penurias en materia de alimentos y medicinas se iniciaron hace al menos tres años, en 2013, cuando los precios promedio del barril petrolero venezolano oscilaban entre 90 y 100 dólares. Significa esto que la economía venezolana es cada vez menos sensible al gasto público, dada la existencia de una gestión económica centralizada que deja de lado cada vez más al sector productivo privado nacional. La crisis se hace estructural cuando la destrucción de las empresas y la corrupción se adueñan del sistema.
Sobre la inflación “inducida” y la especulación ya hablamos: consumo más desinversión es igual a inflación más especulación. No hizo falta la ayuda de ningún ente externo para alcanzar este milagro al revés. Por su parte, el valor “ficticio” de la divisa, señalado en el decreto, es aquel que está divorciado de la paridad de poder de compra de nuestra moneda, es decir, aquel valor oficial controlado por el gobierno, desfasado e inexistente para el común de los mortales. Asimismo, con respecto a la distribución de bienes y servicios debe recordarse que en nuestro país la movilización de productos está totalitariamente controlada por el gobierno nacional a través del SICA - Sistema Integral de Control Agroalimentario. No confundir con el ZIKA, aunque ambos pueden producir los mismos efectos negativos sobre la actividad motora.
En el artículo 2° se señala que el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes para “optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones”. La misma jerga sin contenido.
Lo importante aquí es lo que sigue, que equivale a convertirse en una Osterizer en medio de arenas movedizas:
Se habla de “dispensar” de los requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado. ¿Piensa alguien que la corrupción rampante de los últimos años estuvo sometida a algún mínimo control o requisito en materia de compras o contrataciones públicas?
Se plantea que el Ejecutivo Nacional “podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos”. Podrá requerir, dice. Estamos hablando sin dudas de expropiaciones, nacionalizaciones, confiscaciones u ocupación de activos. Lo mismo que nos ha traído hasta aquí.
Otras medidas potenciales buscan desmontar temporalmente ciertos controles:
Dispensar (otra vez) de los trámites y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías e implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales para hacer posible dicha agilización. Dispensar (de nuevo) de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional y la reactivación productiva. Se pregunta uno lo de siempre: ¿Quién dispensa? ¿Quiénes serán dispensados? ¿A cómo son estas indulgencias?
El decreto renace: hay ayudas que matan
La Asamblea Nacional lanzó responsablemente un salvavidas al país cuando rechazó el decreto de Emergencia Económica, a riesgo, según algunos, de que el gobierno alegara que se le estaba torpedeando su estrategia de salvación en materia económica. Ahora, la Sala Constitucional del TSJ le lanza un ancla de hierro macizo al Ejecutivo, que con este decreto profundizará sin dudas la tragedia y acelerará el desenlace inevitable que tenemos enfrente. Ese que todos estamos esperando.
Por supuesto, nadie en su sano juicio puede negar la existencia de una dramática situación de emergencia económica y social. Ningún venezolano se escapa de la tragedia alimentaria, sanitaria y de seguridad que se vive en nuestro país. Pero al leer el decreto presidencial, no queda sino concluir, en medio de un profundo suspiro, “éstos no han entendido nada”, como me dijo un buhonero de 17 años en una acera en la zona de Los Ruices, aquí en Caracas.
Este muchacho vendía una cantidad de productos muy variados, desde bolígrafos y raquetas para espantar mosquitos, -“el zika las puso de moda otra vez”, me dice-, pasando por libritos contentivos de leyes, decretos, códigos civiles y penales, hasta dulces y chucherías extremadamente caras.
Luego de buscar sin suerte un artículo electrónico en un centro comercial de la zona, me topé con Antony el buhonero, quien me vendió una bolsita de maní. Le pregunté por no dejar si vendía el decreto de marras, y aunque no lo tenía, sabía muy bien a qué me estaba refiriendo. Me dijo que alguien lo llamó el “decreto de guerra económica”, pero él mismo se preguntó rápidamente “¿por qué no hay presos?” en esta confrontación bélica sin nombres propios.
Dos elementos llaman la atención. El primero: ya nadie cree en la susodicha guerra. El segundo elemento es esa sensación de incredulidad y cansancio que causa el discurso oficial, soez y especializado en culpar a los demás de los propios errores: “éstos no han entendido nada” fueron las palabras de Antony.
Una década menguada en lo económico
Detallemos la cronología de esta década menguada en lo económico: al principio tuvimos el populismo petrolero tradicional, 2005, 2006, 2007. Se establecen las llamadas misiones, cuya bondad esencial era el disfrute de un subsidio directo sin ningún plan de generación estructural de riqueza para la población, ni objetivos claros en materia de generación de empleos productivos. Paralelamente, la implementación de políticas en contra de la producción local de bienes y servicios (expropiaciones, nacionalizaciones) se hizo cotidiana. Es así como no se produce nada y a la vez se fomenta el consumo: un cóctel inflacionario tradicional.
El control cambiario, inexplicable en una época de bonanza petrolera y la inflación creciente por vía de la demanda, sobrevaluan el tipo de cambio oficial, fomentando aún más las importaciones fraudulentas. En este maremágnum de locura, comienzan a nacer las fortunas de aquellos que se dedican a importar todo eso que ya no producimos más.
Las cosas comienzan a explotar cuando baja el petróleo en 2008 y luego a partir de 2013: se estanca la economía y se genera más inflación, ahora atizada también por la oferta inorgánica de dinero. El desbarajuste deja en claro a los sobrevivientes del sector productivo que no hay manera de calcular de forma eficiente la estructura de costos, motivando la formación de precios altos ante la expectativa de tener que renovar inventarios a precios de dólar negro.
Como el mercado también es para los consumidores, cuando se controlan los precios de bienes y servicios (por regulaciones o por rebajas impulsivas como el caso de los electrodomésticos) la gente sale a hacer de las suyas, incrementado el inventario doméstico de bienes, actuando con la coherencia que establece la ley de oferta y demanda. La escasez está ahora a la orden del día. Bajaron los precios del petróleo y el país no ahorró para esta época de vacas escuálidas.
El Régimen insiste: reaparece el decreto de Emergencia Económica
El panorama descrito está íntimamente imbricado con el decreto de Maduro, que nuevamente se pone en el tapete. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratificó su vigencia el 11 de febrero. Entre otros argumentos, la Sala indica que “el control político de la Asamblea Nacional… no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico Constitucional” de la norma dictada por el ejecutivo. Algo así como que el decreto siempre será válido y el control de la Asamblea siempre será bufo.
Dicen también los magistrados que los diputados han debido actuar en las 48 horas siguientes, pero señalan más adelante que "El lapso máximo para su decisión es de ocho días, pero para pronunciarse con posterioridad a las 48 horas debe cumplirse con la realización de la sesión especial, que solo puede tratar ese único punto” y acordar una prórroga debidamente justificada para considerar el decreto con posterioridad. “Tal interpretación es lógica y congruente, pues de lo contrario estaríamos en presencia de una antinomia”. Ahí está el detalle, diría Mario Moreno.
El diagnóstico del Ejecutivo preserva la semilla de la crisis
Dejemos de lado la antinomia. Analicemos el decreto en términos de política económica. El primer considerando dice que “sectores nacionales e internacionales iniciaron una serie de acciones tendientes a desestabilizar la economía del país, sus instituciones y provocar una ruptura del hilo constitucional, sobre la base de un malestar social inducido en el marco de la guerra económica”. Luego menciona que las estrategias de desestabilización económica han provocado una caída abrupta de los precios del petróleo, “lo cual atenta contra los derechos del pueblo venezolano y la ejecución de los objetivos trazados en el Plan de la Patria y en el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
Este diagnóstico del problema no lo comparte ni Antony ni nadie que esté acostumbrado a levantarse temprano para trabajar. Impresiona mucho que la norma emitida por el Ejecutivo mantenga en su seno la semilla de la crisis que quiere enfrentar. Ya mencionamos cómo un sistema abocado a destruir las unidades productivas privadas, grandes o pequeñas, disuelve rápidamente la acumulación de riqueza y frena cualquier iniciativa tendiente a generar la necesaria producción nacional de bienes y servicios.
Sobre la guerra mundial contra los precios petroleros para quebrar a la República Bolivariana, sólo debe aclararse que las economías más débiles del mundo tienen un motivo para estar de fiesta y la inmensa mayoría de los países productores de petróleo tomaron previsiones frente a la baja en los precios, para evitar situaciones como las que vive Venezuela.
La emergencia, ¿remate final para una economía moribunda?
Sigamos. En el artículo 1° se establece el estado de Emergencia Económica, a fin de que el Ejecutivo disponga de la atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación “excepcional, extraordinaria y coyuntural” por la cual atraviesa la economía venezolana, y “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios”, así como también contrarrestar las consecuencias de la “guerra de los precios petroleros, que ha logrado germinar al calor de la volátil situación geopolítica internacional actual, generando una grave crisis económica”.
Veamos. La situación es, sin dudas, excepcional y extraordinaria, pero por lo grave, no por lo eventual. Además, la crisis será cada vez menos coyuntural. Recordemos que las penurias en materia de alimentos y medicinas se iniciaron hace al menos tres años, en 2013, cuando los precios promedio del barril petrolero venezolano oscilaban entre 90 y 100 dólares. Significa esto que la economía venezolana es cada vez menos sensible al gasto público, dada la existencia de una gestión económica centralizada que deja de lado cada vez más al sector productivo privado nacional. La crisis se hace estructural cuando la destrucción de las empresas y la corrupción se adueñan del sistema.
Sobre la inflación “inducida” y la especulación ya hablamos: consumo más desinversión es igual a inflación más especulación. No hizo falta la ayuda de ningún ente externo para alcanzar este milagro al revés. Por su parte, el valor “ficticio” de la divisa, señalado en el decreto, es aquel que está divorciado de la paridad de poder de compra de nuestra moneda, es decir, aquel valor oficial controlado por el gobierno, desfasado e inexistente para el común de los mortales. Asimismo, con respecto a la distribución de bienes y servicios debe recordarse que en nuestro país la movilización de productos está totalitariamente controlada por el gobierno nacional a través del SICA - Sistema Integral de Control Agroalimentario. No confundir con el ZIKA, aunque ambos pueden producir los mismos efectos negativos sobre la actividad motora.
En el artículo 2° se señala que el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes para “optimizar la atención de los venezolanos y venezolanas en sectores como salud, educación, alimentos y vivienda, los cuales también podrán ser ejecutados a través de las Misiones y Grandes Misiones”. La misma jerga sin contenido.
Lo importante aquí es lo que sigue, que equivale a convertirse en una Osterizer en medio de arenas movedizas:
Se habla de “dispensar” de los requisitos propios del régimen de contrataciones públicas a los órganos y entes contratantes en determinados sectores, a fin de agilizar las compras del Estado. ¿Piensa alguien que la corrupción rampante de los últimos años estuvo sometida a algún mínimo control o requisito en materia de compras o contrataciones públicas?
Se plantea que el Ejecutivo Nacional “podrá requerir de las personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a las venezolanas y los venezolanos”. Podrá requerir, dice. Estamos hablando sin dudas de expropiaciones, nacionalizaciones, confiscaciones u ocupación de activos. Lo mismo que nos ha traído hasta aquí.
Otras medidas potenciales buscan desmontar temporalmente ciertos controles:
Dispensar (otra vez) de los trámites y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías e implementar medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos de todo el país, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales para hacer posible dicha agilización. Dispensar (de nuevo) de los trámites cambiarios establecidos por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado, a los fines de agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento nacional y la reactivación productiva. Se pregunta uno lo de siempre: ¿Quién dispensa? ¿Quiénes serán dispensados? ¿A cómo son estas indulgencias?
El decreto renace: hay ayudas que matan
La Asamblea Nacional lanzó responsablemente un salvavidas al país cuando rechazó el decreto de Emergencia Económica, a riesgo, según algunos, de que el gobierno alegara que se le estaba torpedeando su estrategia de salvación en materia económica. Ahora, la Sala Constitucional del TSJ le lanza un ancla de hierro macizo al Ejecutivo, que con este decreto profundizará sin dudas la tragedia y acelerará el desenlace inevitable que tenemos enfrente. Ese que todos estamos esperando.
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