La Propiedad Intelectual en Chile está siendo encaminada a través de diversos pasos que las autoridades han ido tomando. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, desde el punto de vista de control, regulaciones y, a la vez, desde la utilización de herramientas que ya tenemos a nuestra disposición y que no usamos. Si queremos estar a la vanguardia en la protección de marcas, patentes y los demás ámbitos que permiten fomentar la innovación y crecimiento en nuestro país, debiéramos comenzar a tomarlas en cuenta.
Desde hace años, en Chile funciona el sistema de arbitrajes para regular la concesión de dominios de internet que disputan dos o más partes. El procedimiento es simple, rápido y ha probado ser muy eficiente. NIC Chile, la entidad que administra este ámbito en nuestro país, ha demostrado su eficiencia y eficacia en el momento de utilizar esta mecánica en la solución de controversias.
¿Por qué entonces, en materias tales como marcas, patentes o diseños, no se aplica este mecanismo? La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha impulsado esta fórmula de solución de conflictos, apoyando a aquellos países que quieren fomentar los arbitrajes y mediaciones en sus territorios. Es el caso de Canadá, Francia, Portugal y Estados Unidos, entre otros, que ya los contemplan en sus legislaciones y, como resultado, los conflictos han disminuido considerablemente.
Las razones para fomentar el arbitraje son varias, pero entre las más relevantes estarían la posibilidad de una solución internacional, que entregue una sentencia que rija para todos los territorios donde exista el mismo conflicto; evitando así la necesidad de revisarlo país por país, con resultados que pueden ser disímiles.
En segundo lugar, está el tema de su mayor agilidad y rapidez de resolución. Los plazos para obtener una sentencia judicial en temas ligados a la propiedad industrial son normalmente extensos y más aún cuando se trata de materias de especial complejidad como procesos técnicos de patentes. Con un arbitraje, todo se aceleraría, con la consiguiente ventaja para todas las partes.
Por otro lado, la confidencialidad es un elemento prioritario. En los procesos arbitrales -tanto la tramitación como el resultado- pueden mantenerse en secreto, no así en un trámite judicial. De esta forma, se podría nombrar una multiplicidad de beneficios, como la neutralidad, ya que no hay un actor determinado que se pueda favorecer con la localía en un juicio. También es digno de destacarse el hecho de que normalmente los fallos arbitrales se resuelven en una sola instancia, a diferencia de los judiciales donde hay posibilidad de recursos.
Como decía anteriormente, nuestro país ya ha demostrado ser muy eficiente en la solución de casos de dominios de internet por la vía de los arbitrajes, con cientos de casos resueltos . Además, desde hace ya 25 años que existe en Chile el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago (Cam Santiago), que ya ha resuelto algunos casos de propiedad industrial. ¿Por qué no recurrimos entonces a esta fórmula con más frecuencia? Nada lo impide, pero para eso es necesaria la difusión y el apoyo de entidades como OMPI a fin de que las empresas y las autoridades conozcan, apoyen y difundan.
Es evidente que no puede ni debe reemplazarse la actividad judicial, puesto que hay casos en que la acción de la justicia será absolutamente necesaria, como cuando se busca sentar un precedente de carácter público que establezca jurisprudencia. Ésta solo se obtendrá por la vía de un fallo judicial, puesto que la sentencia arbitral solo tiene validez entre las partes y no puede seguir adelante si alguna de ellas deja de cooperar. No obstante las limitaciones para casos más complejos, las mediaciones y arbitrajes ya se han instalado en el concierto mundial de la propiedad industrial, sobre todo en países desarrollados. Sería lógico que no pase mucho tiempo para que se masifique en nuestras latitudes.
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