Fecha de publicación: 26/04/2016
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El pasado 15 de este mes, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) emitió una decisión en la que concede a Vestey Group Limited una compensación por USD 98 millones de dólares, más intereses, por la nacionalizacion que el gobierno de Hugo Chávez hizo sobre un grupo de haciendas pertenecientes a la empresa británica.
La disputa empezó en 2005, cuando el gobierno venezolano ordenó la expropiación inmediata de un grupo de hatos de Vestey ubicados en los llanos venezolanos. La familia dueña de la empresa tenía para el momento cerca de 100 años de operaciones en Venezuela, a donde llegó a principios del siglo XX.
En esta disputa, la nación suramericana fue representada por el Viceprocurador General de la República de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, y por Guglielmino y Asociados SA, de Argentina. Por su parte, Vestey fue representada por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en Reino Unido y Estados Unidos, y por Travieso Evans Arria Rengel & Paz, en Venezuela.
El tribunal donde se dirimió la controversia entre ambas partes fue presidido por Gabrielle Kaufmann-Kohler y arbitrado por Horacio Grigera Naón y Pierre-Marie Dupuy.
Luego de hacerse pública la decisión del tribunal del Banco Mundial, Diego Gosis aseguró que la República introducirá un recurso de anulación total o parcial, aunque destacó que no se han definido las acciones a tomar.
Venezuela acumula varias disputas ante el Ciadi, la mayoría por expropiaciones ejecutadas por el gobierno chavista. En gran parte de ellas ha sido condenada y ha recurrido al empleo de recursos legales para alargar el pago de las compensaciones establecidas en los arbitrajes.
Una de las últimas decisiones contra la nación ocurrió este mismo mes, cuando el Ciadi determinó que Venezuela debía compensar a Crystallex con USD 1.386 millones por la expropiación del yacimiento de oro Las Cristinas. En febrero, la nación tuvo un revés similar, al determinarse que debía pagar a Tidewater USD 27,4 millones de dólares, por la expropiación de varios de sus activos en el país.
En su momento, el argumento del gobierno venezolano para expropiar los hatos de Vestey fue que usaría estas tierras para cultivar y repoblar áreas agrícolas supuestamente abandonadas. La ganadera británica tenía en territorio venezolano 14 hatos, entre los que se cuentan Hato Matapalos y Hato Los Cocos, en Apure, y Hato El Charcote, en Cojedes.
De hecho, El Charcote fue invadido por campesinos afectos al gobierno de Chávez en octubre de 2000. Al principio fue un grupo de 50 personas, pero en abril de 2001 los ocupantes ya habían tomado cerca del 25% del hato y en 2002 ya habían ocupado más del 50%, y construido 140 viviendas y una escuela. Además, habían cultivado 3.400 hectáreas.
Asesores de República Bolivariana de Venezuela:
Viceprocurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza.
Guglielmino y Asociados SA: Socio Osvaldo C. Guglielmino. Of counsel Diego Brian Gosis.
Asesores de Vestey Group Limited:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socios Sylvia Noury (Londres) y Nigel Blackaby (Washington, D.C.); Consejero Jean Paul Dechamps (Londres).
Travieso Evans Arria Rengel & Paz: Socio Julio César Pinto.
La disputa empezó en 2005, cuando el gobierno venezolano ordenó la expropiación inmediata de un grupo de hatos de Vestey ubicados en los llanos venezolanos. La familia dueña de la empresa tenía para el momento cerca de 100 años de operaciones en Venezuela, a donde llegó a principios del siglo XX.
En esta disputa, la nación suramericana fue representada por el Viceprocurador General de la República de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, y por Guglielmino y Asociados SA, de Argentina. Por su parte, Vestey fue representada por Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en Reino Unido y Estados Unidos, y por Travieso Evans Arria Rengel & Paz, en Venezuela.
El tribunal donde se dirimió la controversia entre ambas partes fue presidido por Gabrielle Kaufmann-Kohler y arbitrado por Horacio Grigera Naón y Pierre-Marie Dupuy.
Luego de hacerse pública la decisión del tribunal del Banco Mundial, Diego Gosis aseguró que la República introducirá un recurso de anulación total o parcial, aunque destacó que no se han definido las acciones a tomar.
Venezuela acumula varias disputas ante el Ciadi, la mayoría por expropiaciones ejecutadas por el gobierno chavista. En gran parte de ellas ha sido condenada y ha recurrido al empleo de recursos legales para alargar el pago de las compensaciones establecidas en los arbitrajes.
Una de las últimas decisiones contra la nación ocurrió este mismo mes, cuando el Ciadi determinó que Venezuela debía compensar a Crystallex con USD 1.386 millones por la expropiación del yacimiento de oro Las Cristinas. En febrero, la nación tuvo un revés similar, al determinarse que debía pagar a Tidewater USD 27,4 millones de dólares, por la expropiación de varios de sus activos en el país.
En su momento, el argumento del gobierno venezolano para expropiar los hatos de Vestey fue que usaría estas tierras para cultivar y repoblar áreas agrícolas supuestamente abandonadas. La ganadera británica tenía en territorio venezolano 14 hatos, entre los que se cuentan Hato Matapalos y Hato Los Cocos, en Apure, y Hato El Charcote, en Cojedes.
De hecho, El Charcote fue invadido por campesinos afectos al gobierno de Chávez en octubre de 2000. Al principio fue un grupo de 50 personas, pero en abril de 2001 los ocupantes ya habían tomado cerca del 25% del hato y en 2002 ya habían ocupado más del 50%, y construido 140 viviendas y una escuela. Además, habían cultivado 3.400 hectáreas.
Asesores de República Bolivariana de Venezuela:
Viceprocurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza.
Guglielmino y Asociados SA: Socio Osvaldo C. Guglielmino. Of counsel Diego Brian Gosis.
Asesores de Vestey Group Limited:
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP: Socios Sylvia Noury (Londres) y Nigel Blackaby (Washington, D.C.); Consejero Jean Paul Dechamps (Londres).
Travieso Evans Arria Rengel & Paz: Socio Julio César Pinto.
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